La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la fuerza pública: 16 del Ejército y dos de la Policía, por violencias basadas en género contra la población civil durante el conflicto armado. La Sala de Reconocimiento de Verdad los llamó a reconocer responsabilidad por hechos cometidos directamente por agentes estatales y en alianza con grupos paramilitares en distintas regiones del país.
En la investigación, la Jurisdicción identificó 565 casos ocurridos entre 1978 y 2016, que dejaron 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. De ese total, 738 víctimas han sido acreditadas en el Subcaso 2 del Caso 11.
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La decisión establece dos patrones de macrocriminalidad. El primero corresponde a ataques contra la población civil bajo justificaciones contrainsurgentes, en los que integrantes de la fuerza pública actuaron directamente o en alianza con grupos paramilitares. En estos hechos, las violencias sexuales basadas en género fueron utilizadas como mecanismos de humillación, castigo, terror y expulsión de las comunidades.
El segundo patrón comprende las violencias basadas en género utilizadas como formas de apropiación sexual, reproductiva y doméstica, así como de castigo o disciplinamiento. Según la JEP, estas agresiones fueron facilitadas por la presencia y el control territorial de integrantes de la fuerza pública.
El brigadier general llamado por omisión
Entre los comparecientes está el brigadier general en retiro Alberto Bayardo Bravo Silva, quien comandó la Quinta Brigada del Ejército entre diciembre de 1998 y septiembre de 1999. La JEP lo llamó a reconocer responsabilidad por omisión en relación con la incursión paramilitar a Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander, ocurrida en 1999.
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Cabe destacar que este oficial ya había sido mencionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual de 1999. En ese documento, la Comisión señaló que el entonces presidente de la República lo retiró del servicio activo el primero de septiembre de ese año, por su presunta vinculación con omisiones oficiales que habrían contribuido a la consumación de las masacres de La Gabarra.
Ahora, la JEP vuelve sobre esa incursión y documenta que, entre mayo y diciembre de 1999, solamente en Tibú, al menos 208 personas fueron asesinadas, 158 desaparecidas forzadamente y 48 víctimas de tortura. Además, más de 50 personas sufrieron violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, y más de 2.000 habitantes fueron expulsados del municipio y desplazados como consecuencia de la incursión.
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Por estos hechos, además de Bravo Silva, fueron llamados a reconocer responsabilidad el coronel retirado Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, los mayores retirados Mauricio Llorente Chávez, Jorge Andrés Escobar Pineda, Luis Fernando Campuzano Vásquez y Daladier Rivera Jácome, y el soldado retirado José Misael Valero Santana.
La investigación también abordó hechos como la masacre de La Cabuya, en Tame, Arauca, en 1998; la incursión de Los Masetos en la provincia de Lengupá, Boyacá, entre 1991 y 1992; los ataques en Chiscas, Boyacá, en 2003; y las violencias sexuales y los asesinatos de niñas y niños en Tame, en 2010.
En este último caso, la Sala llamó a reconocer responsabilidad por omisión al coronel retirado Francisco Sanmiguel Guzmán y al mayor retirado James Alberto Granada Carmona, por no cumplir sus deberes de prevención, control y disciplina frente a las actuaciones de un oficial que posteriormente fue condenado por la justicia ordinaria por la violencia sexual y el asesinato de dos niños y una niña.
#AEstaHora 🔴 | La JEP llama a 16 antiguos integrantes del Ejército y dos de la Policía a reconocer responsabilidad por violencias basadas en género contra civiles, cometidas directamente por la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 17, 2026
Sigue aquí la transmisión…
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También se documentaron hechos de servidumbre y esclavitud en Puerto Gaitán, Meta, entre 2002 y 2004. Según la JEP, integrantes de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada retuvieron al menos a 22 niñas, adolescentes y mujeres adultas, a quienes sometieron a trabajos forzados, rapado del cabello, tratos crueles y, en algunos casos, violencia sexual. Por estos hechos fue llamado por omisión el capitán retirado de la Policía Reinaldo Rincón Rojas.
La Sala también encontró violencias sexuales contra hombres. Acreditó individualmente a 55 víctimas y a un colectivo integrado por 115 hombres. En la región Caribe, particularmente en el Atlántico, estas agresiones habrían sido utilizadas como castigo por incumplir pagos exigidos, mientras que en la ribera del río Magdalena fueron empleadas para obligar al desplazamiento de familias y controlar el territorio.
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La JEP identificó como factores que facilitaron estas violencias la ausencia o insuficiencia de políticas y mecanismos institucionales para prevenirlas y atenderlas, así como la reproducción de un modelo de masculinidad guerrera que favoreció prácticas de dominación y discriminación por género.
Ahora los 18 comparecientes tienen 15 días hábiles para manifestar si reconocen total o parcialmente los crímenes imputados o si no aceptan responsabilidad. Con base en sus respuestas, la Sala evaluará si el proceso continúa por la ruta dialógica o si remite el caso a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.