La ONU pidió respeto por la autonomía de la JEP

Dentro de las recomendaciones la alta comisionada de la ONU a través de su representante en Colombia, Julieth de Rivero, se pidió con urgencia al Estado “preservar la autonomía e independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, como una contribución esencial a una paz sostenible y duradera. Urge al Estado garantizar la protección efectiva de quienes integran el sistema y de las víctimas y testigos que participan en él”.En el informe anual, la organización internacional pidió a los grupos armados ilegales que cumplan sus obligaciones de respetar el derecho internacional humanitario. “Reitera el llamado del secretario general a los actores del conflicto y aquellos que generan violencia para que cesen las hostilidades y valora positivamente cualquier negociación de acuerdos humanitarios orientados a la protección de la población civil y la consolidación de la paz”.La oficina recibió información sobre 42 casos de privaciones arbitrarias de la vida, en las que habrían estado vinculados miembros de la fuerza pública y autoridades penitenciarias, que resultaron en la muerte de 73 personas, incluyendo 2 mujeres, 7 niños, 3 indígenas, 5 afrodescendientes y 2 personas LGBTI. En 38 de los 42 casos, las muertes ocurrieron en contextos de operaciones militares y policiales, mientras que 4 ocurrieron cuando las víctimas estaban bajo la custodia del Estado.13 de los 42 incidentes ocurrieron en el contexto de protestas, incluyendo hechos de uso excesivo de la fuerza en Bogotá el 8 y 9 de septiembre. En todos los casos, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones.La alta comisionada llama a las instituciones del Estado a “responder a las manifestaciones pacíficas conforme a las normas y estándares internacionales y ofrece su asistencia técnica en esta materia; urge a la policía a integrar las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza en sus protocolos y procedimientos, en línea con la decisión de la Corte Suprema del 22 de septiembre de 2020 y a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en casos de abuso”, sentenció de Rivera.