Lanchas que iba a comprar Panamá eran para controlar flujo migratorio en frontera

Posteriormente se conoció que las lanchas de la Marina colombiana, cuya compra fue suspendida por Panamá, iban a ser utilizadas para controlar el flujo migratorio en la frontera además del paso del narcotráfico y contrabando.Se trata de una medida de presión para que Colombia adopte "de una vez" un fallo de la OMC en contra de un arancel a los textiles y calzados panameños.

La compra de las embarcaciones, valoradas aproximadamente en 30 millones de dólares, "fue suspendida hasta que podamos resolver la disputa comercial", afirmó el ministro panameño de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, durante una rueda de prensa en la que hizo balance de su gestión en 2016.

La transacción, que se acordó durante un encuentro entre los presidentes de ambos países el pasado octubre en una base aeronaval panameña, fue muy criticada por la opinión pública y el empresariado, que le pide al Gobierno mano dura con Colombia.

La decisión de suspender la compra, solicitada por los empresarios panameños, se anunció diez días antes de que expire, el próximo 22 de enero, el plazo que un árbitro le dio a Colombia para cumplir con el fallo del organismo internacional.

La suspensión de la compra es un nuevo capítulo en el largo conflicto arancelario que mantienen ambos países desde 2012.

Ese año Colombia, con la excusa de evitar el contrabando y el lavado de dinero, empezó a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la Zona Libre de Colón (ZLC), la zona franca más grande del continente ubicada en el Caribe panameño.

Panamá acudió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para denunciar que la decisión del país vecino violaba los compromisos adquiridos por ambos países en el Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y en junio de 2016 la OMC falló a su favor.

Colombia, en vez de acatar la sentencia, prorrogó en agosto el arancel y Panamá respondió incrementando la tasa de importación de varios productos procedentes de suelo colombiano, como flores, carbón y cemento, y aprobando una ley de retorsión que establece medidas migratorias y comerciales, que no ha llegado a aplicar.

Ambos países también negocian un tratado para evitar la doble tributación que incluye una cláusula de intercambio de información fiscal a requerimiento.

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