En 1984 el juez Tulio Manuel Castro era el encargado de investigar el homicidio del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y después de llamar a juicio al narcotraficante Pablo Escobar por su responsabilidad en esos hechos, fue asesinado en Bogotá.
Cinco años más tarde, 12 funcionarios judiciales que investigaban la violencia en el Magdalena Medio, fueron asesinados por paramilitares en alianza con el narcotráfico y el Ejército haciéndose pasar como las Farc para perpetrar la masacre de la Rochela.
Estos casos hacen parte de los 1.262 servidores y servidoras judiciales que terminaron siendo víctimas de la violencia por el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla, para tiempo después ser olvidadas por el Estado.
Por esa razón, el Ministerio de Justicia escuchó por primera vez a las víctimas judiciales del conflicto armado para reconocer su condición tras sufrir homicidios, atentados, amenazas, desapariciones, exilio, entre otras violaciones a los derechos humanos.
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Uno de los casos recientes es el del juez Antonio José Escobar que en a finales de 2019 recibió amenazas por parte de ‘Los Caparros’, mientras ejercía sus funciones en el municipio de Vegachí, Antioquia.
Durante el encuentro del Gobierno con las víctimas se identificó la ausencia de garantías judiciales, la falta de respuesta institucional y de protección para los sobrevivientes de la violencia y las familias de las víctimas.
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