La polémica reestructuración de la Fiscalía sigue dando de qué hablar. Con la resolución 2358 del 29 de junio de 2017 se suprimieron 4.706 cargos de nómina que no estaban previstos por falta de financiación en el presupuesto nacional.
Y en cargos provistos fueron suprimidos 254 ya que el resto de cargos fueron modificados para enviar más personal a 151 regiones.
En este grupo de renombrados fiscales, clasificaron dos funcionarios con un pasado judicial comprometedor.
Se trata de Tatiana Oliveros Gutiérrez, fiscal especializada adscrita a la Unidad de Justicia y Paz quién fue capturada en 2015 por vínculos con bandas criminales y en un supuesto plan para infiltrar la oficina del exfiscal general Eduardo Montealegre.
Oliveros fue condenada a 18 años de prisión por el Tribunal Superior de Neiva y ahora aparece nombrada en esa resolución en el cargo de fiscal delegada ante jueces del circuito.
Otro caso es el de Iván Darío González, asistente de la capturada fiscal Hilda Janeth Niño Farfán señalada de favorecer a paramilitares en el proceso de Justicia y Paz.
González se encuentra en prisión domiciliaria, por los delitos de cohecho propio, peculado por apropiación y por uso, Fraude procesal y Tráfico de influencias de servidor público.
Frente a este tema, fuentes de la Fiscalía aclararon que estas personas no asumirán tal cargo, figuran por la vacancia en ese cargo.
"El cargo está libre por el proceso judicial que está en curso, una vez este causada la condena contra los procesados se podrá disponer del mismo", dijeron las fuentes.
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