Los vacíos legales en la financiación de campañas electorales: experto explica cuáles son
Para el experto la solución no radica solo en establecer límites, sino en crear un sistema de seguimiento y auditoría.
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La financiación de las campañas políticas en Colombia enfrenta un desafío monumental, marcado por la ausencia de un marco legal sólido y una infraestructura de control efectiva. Alfonso Portela, exregistrador y experto electoral, ha alzado la voz de alarma sobre la "feria de gastos" incontrolables, especialmente en el contexto de los grupos significativos de ciudadanos (GSC), cuya recolección de firmas carece de topes y un seguimiento riguroso.
Esta situación, según Portela, representa un "bache" en la legislación que permite la entrada de "todo suerte de dineros incontrolables" en los procesos electorales, comprometiendo la transparencia y la equidad.
La principal preocupación del experto radica en la desregulación que rodean las entidades que recolectan firmas para respaldar candidaturas. Portela es contundente al afirmar: "los grupos significativos de ciudadanos en materia de recolección de firmas no tienen topes y solo una resolución del Consejo Nacional Electoral que no está debidamente establecida en la ley trata para que los grupos significativos reporten las cuentas", dijo.
La entrevista también abordó la problemática de los topes de gastos, que, incluso cuando existen para otras modalidades de campaña, son sistemáticamente violados, como lo demuestran ejemplos recientes en elecciones presidenciales.
Para Portela, la solución no radica solo en establecer límites, sino en crear un sistema de seguimiento y auditoría.
"Nosotros hemos sugerido como analistas y consultores en materia político y electoral, el consejo tiene en este momento las herramientas para que presupuestalmente pueda montar una infraestructura que le haga seguimiento a las campañas, porque con ese tema de cuentas claras estamos como cuando la Dian, cuando uno declaraba renta, declaraba lo que se le venía a la cabeza y no había manera de auditar".
La propuesta es clara: la autoridad electoral debe implementar una infraestructura que permita una supervisión constante y proactiva de las finanzas de campaña, un "acompañamiento permanente" para "poner en cintura todos estos gastos desbordados".
Escuche aquí la entrevista: