Magistrado JEP por homicidios de exFarc: Gobierno ha sido citado para recordarle sus deberes

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP citó este lunes 26 de febrero, a varias instituciones del Estado a una audiencia en Pitalito, Huila, para que expliquen cuáles han sido las medidas que han tomado para proteger a los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc, quienes firmaron el acuerdo en el año 2016.Al iniciar la diligencia el magistrado Gustavo Salazar, presidente de la sección, hizo un llamado al Gobierno nacional recordando que la JEP no está siendo sometida a un examen, todo esto en medio de la polémica que se ha desatado por algunos pronunciamientos tanto de funcionarios del Gobierno como del antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc."No es la JEP la que está sometida a un examen, es el Gobierno nacional, tanto la administración anterior como la actual, el que ha debido ser citado de manera continua para recordarle el cumplimiento de sus deberes. Los firmantes de paz son ciudadanos en pleno derecho, sujetos de especial protección a quienes debemos preservar la vida e integridad, con especial ahínco a sabiendas, eso sí, del amplio catálogo de deberes y obligaciones que tiene con la sociedad consecuencia de sus actos pasados”, aseguró Salazar.Por otro lado, hizo un llamado al Gobierno nacional para que en el proceso de paz total no descuide la seguridad de quienes dejaron las armas en 2016. Es importante recordar que desde la firma del acuerdo de paz al menos 400 excombatientes han sido asesinados en diferentes zonas del país."¿El actual Gobierno está dispuesto a construir una hipotética paz total sobre los cuerpos de miles de líderes sociales y firmantes de paz que comprometidos trabajan de manera cierta por la paz y el desarrollo de sus comunidades? El carácter generalizado de estos crímenes y su permanencia en el tiempo, su difusión en el espacio, su intencionalidad y el carácter civil de la población los convierten en crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y no susceptibles de amnistías e indulto, el proceso de la paz total no puede convertirse en patente de corso”, señaló el magistrado Gustavo Salazar.