La JEP citó a varias entidades del Estado a una audiencia para evaluar cuáles son las medidas que se han tomado para proteger a los excombatientes de la extinta guerrilla de lasFarc, pues algunos de ellos han manifestado temor por amenazas que han recibido y por la situación de orden público en los territorios.
“Cuando los riesgos de seguridad amenazan la vida y la integridad de las personas y de los colectivos en proceso de reincorporación, como ocurre en esta situación y específicamente para la región sur, conformada por los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima, la Jurisdicción debe velar por la garantía de los derechos de los sujetos, en este caso, de una población que goza de la presunción de riesgo extraordinario, y en situación de riesgo inminente, por lo que sus demandas de protección deben ser atendidas de forma prioritaria y prevalente”, explica laJEP.
Es importante recordar que, según la misión de verificación de laONU, desde la firma del acuerdo de paz, en el año 2016, más de 400 excombatientes han sido asesinados.
“Por esta razón, se hace imperativo poner en marcha el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (en adelante, Pesp) como una estrategia interinstitucional que involucre a las autoridades tanto a nivel nacional como regional. El objetivo es garantizar una protección integral a aquellas personas que han renunciado a las armas y están inmersas en su proceso de reincorporación, participando activamente en las distintas instancias del sistema integral para la paz”, señala la JEP
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Es por esto que han citado a una audiencia presencial el próximo lunes 26 de febrero a algunas entidades del Estado, la diligencia se realizará en Pitalito, Huila.
La JEP cita al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, a fiscal general y otras entidades el próximo 26 de febrero a audiencia en Pitalito, Huila, para abordar el tema de la seguridad de los excombatientes de las Farc. #EnDesarrollo pic.twitter.com/5DwGAAmc8a
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 13, 2024
“Los representantes de las entidades estatales deben ser de alto nivel y tener capacidad plena para la toma de decisiones en representación de sus entidades, así como aportar los actos administrativos que den cuenta de ello, situación que será verificada por la Secretaría Judicial de la SAR. Adicionalmente, dichos funcionarios deberán permanecer durante la realización de toda la audiencia, so pena de iniciar medidas correctivas en el caso que no justifique su inasistencia o en caso de que deleguen su asistencia y no ejerzan el control del seguimiento de sus delegatarios”, advierte la JEP.
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A la diligencia fueron citados el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño y el fiscal general, también los gobernadores de: Caquetá, Putumayo, Huila y la gobernadora del Tolima. Los alcaldes de Florencia, La Montañita y San Vicente del Caguán (Caquetá); Puerto Asís y Mocoa (Putumayo); Neiva y Pitalito (Huila) y la alcaldesa de Ibagué y los alcaldes de Planadas e Icononzo, así como el director de la Unidad Nacional de Protección y el subdirector de la Subdirección Especializada de la UNP.
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