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El genocidio contra el Partido Unión Patriótica (UP), que costó la vida a dos candidatos presidenciales, dejó 5.733 víctimas, de las cuales 4.616 fueron asesinadas y 1.117 desaparecidas, según reveló este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP, la primera instancia judicial que da cifras sobre la magnitud del genocidio contra este partido surgido en 1985 tras el intento de un acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC, aseguró que de las víctimas, 5.195 eran militantes de la UP.
Las otras 538 víctimas no eran miembros de la Unión Patriótica, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra ese partido político, según detalló la magistrada de la JEP Belkis Florentina Izquierdo.
La violencia contra miembros de este partido fue ejercida principalmente por "paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad", según consideró la JEP, quien estudia el genocidio contra la UP en el Caso 06.
En ese sentido, la JEP, surgida por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, identificó que agentes estatales que trabajaban en los órganos de inteligencia civil y militar conspiraron con grupos paramilitares y oficinas de sicarios para ejecutar los crímenes contra la UP.
Justo este viernes, la JEP está escuchando la versión del general retirado de la Policía Miguel Maza Márquez, que dirigió entre 1985 y 1991 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), que ahora está desmantelado, y que era responsable de la seguridad y escolta de los políticos y militantes asesinados.
Violencia letal
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La violencia contra la UP se cobró la vida de miles de militantes de base del partido, pero también de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990, así como de otros dirigentes nacionales y regionales, como José Antequera, Teófilo Forero, Diana Stella Cardona y Gabriel Jaime Santamaría.
"Con base en este análisis, la Sala estableció que la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas", subrayó la magistrada Izquierdo.
Pero no fueron solo asesinatos y desapariciones, también hubo 2.217 víctimas de desplazamiento forzado, 811 de amenazas, 379 de atentados, 90 de secuestros, 229 de torturas, 23 de violencia sexual y 36 personas tuvieron que exiliarse, como sucedió con la actual senadora Aída Avella.
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A diferencia de los otros macrocasos que estudia la JEP, en este la violencia está determinada "por el hecho de que la totalidad de sus víctimas compartían como característica central el pertenecer, militar o simpatizar" con un partido político.
Además de los 32 años de violencia contra miembros de la UP (entre 1984 y 2016), en 23 años (1984 a 2007) "hubo un patrón de violencia sostenida", según detalló la JEP.
El presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, destacó que "tras años de impunidad" en este caso, el tener un universo mínimo de cifras es un "avance notorio" y aseguró que este año estarán listos los primeros autos de acusación contra culpables de estos crímenes y pretende "en el curso de este año identificar máximos responsables".
La JEP abrió el "Caso 06" del genocidio contra la UP el 26 de febrero de 2019 y a la fecha han sido acreditadas en el proceso 212 víctimas individuales, además de la UP, el Partido Comunista Colombiano (PCC) y el sindicato Sintramienergética como sujetos colectivos.
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