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Colombia destina este año 60 billones de pesos al sector defensa, la cifra más alta en la historia reciente y equivalente al 4,1 % del Producto Interno Bruto. Sin embargo, detrás de este presupuesto se esconde una realidad menos visible: casi el 80 % de esos recursos se destinan al pago de personal, dejando en evidencia un desbalance preocupante.
De cada 100 pesos invertidos en defensa, 79 van a nóminas, pensiones, alimentación y beneficios para soldados y policías. Eso significa que apenas una quinta parte del dinero disponible queda libre para cubrir operaciones esenciales como el mantenimiento de equipos, la compra de repuestos, el entrenamiento avanzado, la modernización tecnológica o la movilidad de tropas en el territorio.
Este fenómeno no es nuevo, pero se ha acentuado en los últimos años por una serie de decisiones que, aunque socialmente justificadas, han elevado el peso del componente humano en la estructura del gasto, lo que deja de lado las operaciones indispensables para la recuperación del territorio que, mientras esto ocurre, siguen ganando los criminales.
Aunque el presupuesto es billonario sobre el papel, la realidad en el terreno es mucho más cruda: las tropas están operando prácticamente desamparadas. En muchas regiones, no hay gasolina para moverse, no hay repuestos para reparar un vehículo averiado ni recursos suficientes para sostener una operación prolongada.
Soldados y policías, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, denuncian falta de apoyo logístico y operativo. Mientras en los escritorios se distribuyen cifras récord, en el campo el uniforme pesa más cuando no hay cómo responder, cómo moverse o cómo mantenerse en combate.
Uno de los factores clave ocurrió en 2021, cuando comenzó a reflejarse un incremento sostenido en las asignaciones de retiro. Más de dos décadas antes, a comienzos de los años 2000, el país enfrentó una de las épocas más críticas en materia de orden público, marcada por la expansión de grupos armados ilegales y la necesidad de aumentar rápidamente el número de soldados profesionales.
Esos hombres, que fueron reclutados para contener la ola de violencia, comenzaron a cumplir su tiempo de servicio y a pasar a retiro; generaron una nueva carga presupuestal permanente: las pensiones y beneficios asociados a su jubilación. Solo este rubro ha absorbido buena parte del aumento del presupuesto entre 2014 y 2025, que creció en un 18 % en precios constantes.
A partir de 2023, el Gobierno también impulsó una mejora en las condiciones de los jóvenes que prestan servicio militar obligatorio. Hasta hace poco, estos recibían apenas el 30 % de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLV). Hoy, esa cifra subió al 70 %, y se espera que en 2026 llegue al 100 %. Además, se mejoró la alimentación y el suministro logístico en los batallones, lo que ha elevado el gasto recurrente en personal activo.
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En paralelo, desde 2024 se inició un ambicioso plan de expansión del pie de fuerza, que contempla la incorporación de 16.000 nuevos militares y 20.000 policías. Este aumento de personal no solo requiere una inversión inicial en formación y dotación, sino que suma a largo plazo una carga financiera que el sistema deberá sostener durante años.
Con este panorama, las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas enfrentan un límite práctico. La adquisición de tecnología de punta, los programas de ciberseguridad, la renovación de flotas de transporte o los sistemas de comunicación estratégica compiten por una fracción muy reducida del presupuesto disponible.
Si bien es crucial garantizar condiciones dignas para quienes integran las Fuerzas Militares y de Policía, también lo es modernizar la capacidad de respuesta, especialmente en un contexto donde las amenazas evolucionan rápidamente: minería ilegal, crimen transnacional, narcotráfico tecnológico, guerra híbrida y conflictos en zonas rurales que requieren movilidad, precisión y tecnología, no solo presencia física.
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