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El Instituto Nacional de Vías (Invías) recibió este lunes, 4 de octubre, las ofertas económicas de los consorcios interesados en la ejecución del contrato para la operación, administración y recaudo de 35 peajes y 13 estaciones de pesaje a cargo de la entidad.
En total, son 10 las empresas las interesadas, que se agruparon en tres consorcios para poder participar: Unión Temporal Vipsa 2021, conformada por Regency Services de Colombia, Quipux, Thomas Instruments y Servicio de Ingeniería, Tránsito y Tecnología; la empresa G4S Secure Solutions Colombia; y la Unión Temporal Peajes Nacionales, integrada por Kapsch Trafficcom Transporttion Colombia, Autopistas del Sol, Internacional de Electrónicos, 1 Solution y KMA Construcciones.
Este contrato, por casi un billón de pesos y que únicamente se ejecutará durante 10 años o hasta que el contratista alcance el valor ofertado que es de 5 billones de pesos, será adjudicado el próximo 21 de octubre.
Sin embargo, este proceso licitatorio se ha visto rodeado de polémica por unas presuntas irregularidades que Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, expuso en primicia el pasado 11 de agosto.
Dichas irregularidades, por ejemplo, indicaban que los requisitos de este contrato estaban encaminados hacia Thomas Instrumets, empresa miembro del grupo Thomas Greg y Sons.
Sumado a lo anterior, están las observaciones de la Procuraduría que aún no han sido resueltas en su totalidad por el Invías, y así lo dejó en evidencia una carta del Ministerio Público.
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Según la Procuraduría, las observaciones formuladas a este proceso de licitación, que fueron más de 1.000, “no se respondieron con la suficiente justificación ni se aclararon la totalidad de las inquietudes planteadas”.
Parte de los cuestionamientos formulados a Juan Esteban Gil Chavarría y Guillermo Toro Acuña, directores general y técnico del Invías, respectivamente, se centran, entre otros aspectos, en conocer los criterios de adecuación y proporcionalidad de los requisitos exigidos en el proceso de selección, con el análisis de la oferta y los riesgos del futuro contrato.
Asimismo, cuestiona por qué se analizó solo la información financiera de las empresas de 2020 y no de los tres años fiscales anteriores como lo indica la ley.
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En ese sentido, la Procuraduría también requiere de respuestas claras sobre las posibles incoherencias que se presentan en el documento “Estudios Previos y Análisis del Sector”, en el sentido que mientras en una página se dispone la construcción de infraestructura, “en la otra se establece para la operación, administración y recaudo no se requiere inversión del privado en construcción de infraestructura”.
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