Este viernes, 25 de febrero, fue presentado el informe "aporte a la verdad: contexto de la fuerza pública para la memoria histórica". El evento se realizó en el Museo Militar de las fuerzas militares y contó con la presencia del presidente Iván Duque, quien elevó una solicitud a la JEP, asegurando que, aunque es respetuoso de las instituciones, se debe abrir un macro caso que investigue las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por la extinta guerrilla de las Farc contra la fuerza pública. En este caso, además de los soldados y policías se podrían acreditar a los familiares de los miembros de la fuerza pública que han sido víctimas.
Desde la Corporación Mil Victimas celebraron la decisión y pidieron que, "los distintos mecanismos que componen el Sistema Integral de Paz, a reconocer esta población como objeto de mayores afectaciones, en el marco del conflicto, tales como torturas, agresiones físicas, castigos inhumanos, agresiones sexuales y presión psicológica, como consecuencia de su labor de servicio a la Nación".
Según el informe al menos 403.352 personas de la fuerza pública fueron identificadas como víctimas, resaltando que hay 352.976 personas militares víctimas de desplazamiento forzado, 6.774 de minas antipersona y 2.298 de secuestro.
El capitán Juan Carlos Giraldo es víctima de mina antipersona y manifestó que de esta manera "podemos conocer la verdad de ese hecho que nos causó tanto dolor y causó cicatrices en nuestros cuerpos, y obligamos a los victimarios a que digan la verdad porque lo más importante en este proceso es la verdad de los hechos víctimizantes".
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