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El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, desestimó versiones que ponen en tela de juicio el actuar del Ejército Nacional en lo que serían actividades de contrainteligencia rotuladas como “Bastón”. Señaló que se trata de operaciones bajo todas las normas legales y que se desarrollan, incluso, desde cuando Juan Manuel Santos era presidente.
“‘Bastón’ es un compendio de misiones de trabajo sobre personal militar que inició en 2017 y continúa cumpliendo todos los preceptos establecidos en la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia. Labores adelantadas por personal altamente calificado y previamente seleccionado”, señaló.
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Explicó que el producto de las misiones sirve como criterio orientador para que se tomen decisiones. Por eso, tres misiones de trabajo se han puesto en conocimiento de las autoridades judiciales y organismos de control, dejando como resultado la judicialización de trece personas, además del desarrolló de dos misiones de trabajo y cuatro han sido cerradas.
“El comando del Ejército ha tomado 38 decisiones administrativas y las continuará tomando conforme a actividades de contrainteligencia y se reitera que las actividades de contrainteligencia que desarrolle el Ejército Nacional están ceñidas al marco legal, garantizando los derechos al buen nombre, la integridad, el debido proceso y la reserva legal”, añadió.
Asimismo, precisó que no solamente existen misiones de trabajo de ‘Bastón’, sino que son actividades permanentes para prevenir, detectar y neutralizar eventuales amenazas que sean causadas por integrantes de la institución o personas externas.
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De igual forma, señaló que, en el marco de la política de cero tolerancia a la corrupción, 141 integrantes del Ejército han sido puestos ante las autoridades y 201 decisiones administrativas se han tomado desde el inicio del gobierno de Iván Duque.
Por su parte, Luís Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, señaló que las actividades se hacen bajo el marco de la ley de inteligencia y contrainteligencia, pues las operaciones buscan proteger a las fuerzas de amenazas, ceñidas de protocolos y procedimientos que determine la ley.
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