La audiencia de seguimiento de las medidas de protección para los firmantes de paz que se llevó a cabo hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz este jueves 12 de noviembre estuvo marcada varios momentos de tensión entre miembros del gobierno nacional y la magistratura del tribunal.
Uno de ellos fue el intercambio de declaraciones que se presentó entre la consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, y el magistrado Gustavo Salazar, por las afirmaciones de la funcionaria sobre la implementación del Acuerdo de Paz y la asignación de recursos para cumplirlo.
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La discusión
Comenzó cuando el magistrado le pidió a Morales explicar a qué se refería al hablar de una supuesta “petrificación presupuestal”, teniendo en cuenta que los firmantes del acuerdo son considerados sujetos de especial protección y que existe un mandato constitucional sobre la asignación suficiente de recursos.
La funcionaria lo corrigió y aclaró que su referencia no era a una petrificación presupuestal, sino a la “petrificación en la implementación” del Acuerdo de Paz. Según explicó, aunque existe una obligación de implementar lo pactado en la Habana durante los tres gobiernos posteriores a su firma, cada administración tiene un margen para definir sus políticas y prioridades.
“No dije petrificación presupuestal, dije petrificación en la implementación”, respondió Morales.
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En medio de esa intervención, la consejera comisionada también argumentó que el país atraviesa una crisis fiscal que obliga a las entidades públicas a ajustar sus gastos. En ese sentido, confirmó que habrá recortes presupuestales en todos los programas del Gobierno.
“Habrá recortes presupuestales en todos los programas, los tenemos que asumir de esa manera, y evidentemente lo que tenemos que compaginarlo es con un combate a la corrupción, con mayor eficiencia en la gestión”, sostuvo.
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La funcionaria aseguró que, en los últimos diez años, se han destinado $170 billones a la implementación del Acuerdo de Paz y planteó la necesidad de revisar cómo se han ejecutado esos recursos.
“Creo que es importante que el país y nosotros conozcamos cómo se han gastado y qué tenemos que hacer de aquí para adelante, porque creo que no se podrá seguir en ese ritmo”, afirmó.
Morales también señaló que existen asuntos en los que, a su juicio, quedaron líneas poco claras sobre el manejo de los recursos.
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Al final de la discusión, el magistrado le preguntó si, pese a los ajustes presupuestales, se mantendrían las asignaciones necesarias para garantizar la protección de los comparecientes, de acuerdo con el mandato constitucional y las responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Morales respondió que debe haber recursos para ese propósito, aunque insistió en que el Gobierno aplicará medidas de austeridad y que todavía no está definido el monto de los recortes.
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“En todo va a haber recortes, y lo tenemos que suplir con eficiencia, con rigor en la gestión y con transparencia”, concluyó.