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Con un categórico “no está en la agenda”, el presidente Gustavo Petro cerró la posibilidad para que se discuta en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas las denuncias de violación a los derechos humanos en Nicaragua.
A su vez, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, no se comprometió a condenar o rechazar la situación en Nicaragua y las políticas del gobierno de Daniel Ortega.
El pasado 14 de septiembre el Gobierno colombiano había manifestado su inquietud por la situación de los derechos humanos en Nicaragua en una declaración que hizo junto a otros 45 países en Ginebra durante la presentación de un informe de la Alta Comisaria de DD.HH. de la ONU sobre la crisis del país centroamericano.
La declaración del Gobierno colombiano la reveló en primicia Blu Radio, un mes después de que el país, alegando razones estratégicas y humanitarias, pero no ideológicas, se ausentara de una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el pasado 12 de agosto, donde se condenó al gobierno de Nicaragua.
"Tal como lo había anunciado el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, en días pasados, Colombia suscribió en Ginebra una declaración conjunta respaldada por 46 países en la cual se expresa el rechazo y preocupación por la situación de Derechos Humanos que se presenta en Nicaragua", detalló la Cancillería en un comunicado.
La delegación de Ecuador, a nombre de un grupo de 46 países, manifestó inquietud por la situación en Nicaragua, en particular por el impacto que tiene en el derecho a la educación el cierre de universidades y la norma que somete los programas académicos a la aprobación de un órgano central.
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En esa línea, la Cancillería colombiana detalló que el documento dice que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tiene una actitud que "constituye una falta de responsabilidad y rendición de cuentas de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", lo que "resulta en el continuo y progresivo deterioro de los derechos humanos en el país".
Por ello, los 46 países instaron al país centroamericano a "restablecer sin demora alguna el diálogo nacional" y manifestaron su preocupación porque no se han seguido las recomendaciones que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo para reformar el organismo electoral del país.
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