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El Gobierno nacional presentó este sábado su nueva política nacional de drogas, que busca perseguir a grandes narcotraficantes y apoyar a campesinos, y con la que proyecta reducir la producción de cocaína en un 40 % hasta 900 toneladas al año, asegura en una entrevista con EFE el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Actualmente Colombia es el país con más hectáreas cultivadas de coca -230.000 hectáreas según cálculos del Gobierno- y el que más cocaína produce -1.700 toneladas el año pasado-.
Pero la ambición de este plan es que al acabar el Gobierno de Gustavo Petro, "los cálculos que hacemos es que podemos disminuir la producción de cocaína en un 40 %, es decir, a 900 toneladas al año y el número de hectáreas cultivadas disminuiría también en un 40 %, es decir, de 230.000, más o menos, a 150.000 hectáreas cultivadas", apunta el ministro.
El Ejecutivo es "optimista" de que se puede conseguir con un plan que también busca "acompañar en el tránsito a economías lícitas a 50.000 familias", de las 115.000 que viven de cultivar coca.
Pero lo es, dice Osuna, porque la política ha sido "construida con enorme legitimidad popular entre los afectados, con los cocaleros, con los consumidores...", por lo que la voluntad de erradicación y sustitución de cultivos está de su parte.
EJES DE LA NUEVA POLÍTICA
"Es una política que está diseñada para una duración de 10 años, del 2023 al 2033, que tiene como ejes diferentes a lo que tradicionalmente se ha hecho que va a concentrar el esfuerzo penal del Estado en la persecución de las mafias de narcotraficantes, del lavado de activos, la persecución de la cocaína y del dinero de la cocaína", resume el ministro.
Antes -describe- se perseguía "de un modo casi que igual a una estructura criminal muy potente y a una pequeño narcotraficante o un cultivador" y al final la diferencia de penas entre alguien detenido por llevar 20 kilos de hoja de coca y otro con 20 kilos de cocaína "no es mucha".
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Por lo que la idea es atacar a las "estructuras criminales" y a la vez ofrecerles penas reducidas: "si aceptan entregar información, reparar a las víctimas, devolver sus bienes, el Estado les ofrece una rebaja de penas y que puedan conservar alguna parte de sus dinero", añade Osuna, aunque la ley que pueda permitir eso aún no está aprobada.
Y de la otra mano, la apuesta es "dejar de perseguir penalmente a los campesinos cultivadores de hoja de coca, que en su gran mayoría son pobres".
"A ellos lo que les vamos a ofrecer es un abanico de posibilidades para el tránsito de economías ilegales a economías legales", alega el ministro.
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Esto, explica Osuna, va desde apoyar negocios y otros cultivos a ofrecer terrenos de la reforma agraria comprados por el Estado, a pago por servicios ambientales para que "una vez arranquen la mata de coca, se dediquen a ser guardabosques" o al uso de hoja de coca para fines no narcóticos como fumigantes, comida, textiles, etc.
El último vértice de la política es el que aborda problemas de drogodependencia, aunque "Colombia no tiene un problema de consumo excesivamente grave", confiesa Osuna.
Para las personas con un consumo problemático se plantea un enfoque preventivo y de salud pública "incluso con el suministro controlado de estupefacientes", lo que ya se realiza en otros países y que Colombia ahora quiere abordar desde la salud pública.
DEJAR EL PROHIBICIONISMO
A esta nueva política de drogas se le ha criticado su falta de osadía a despenalizar algunas sustancias como la marihuana o incluso la cocaína.
La ley que regulaba el cannabis de uso recreativo se cayó por unos pocos votos en el Congreso en la pasada legislatura y ahora el Gobierno la quiere reimpulsar, pero no hay iniciativas para otras drogas.
El ministro se escuda en que la legislación internacional aún no avanza hacia la regulación y el Código Penal colombiano no permite obrar en ese sentido.
"El mundo seguramente transitará hacia una regulación diferente al prohibicionismo; no sé cuándo, ojalá lo alcancemos a ver", reflexiona Osuna, que asegura que "Colombia está apostándole a liderar ese cambio del prohibicionismo a una regulación sensata y responsable, regulación que necesariamente es internacional".
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Pero "mientras esa regulación (internacional) no cambie, pues Colombia cumple sus compromisos internacionales dentro de los cuales está penalizar el narcotráfico y seguirá estando penalizado (el consumo de drogas)", insiste.
Sin embargo, después de algunos rodeos, promete: "vamos hacia la (despenalización) del cannabis y podríamos pensar en algunas otras (sustancias)".
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