Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
En medio de cuestionamientos y tensiones políticas, el Gobierno Nacional continúa avanzando en su política de Paz Total, con la apertura de un nuevo ciclo de diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), una de las disidencias del Estado Mayor Central. La mesa, instalada en Barbacoas, Nariño, busca definir acuerdos sobre metodología, zonas de ubicación y participación ciudadana, temas clave para consolidar avances en el proceso.El ciclo de negociación, que se desarrolla del 4 al 6 de diciembre, cuenta con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para los asuntos políticos y de paz, expresó que la expectativa es lograr avances significativos que refuercen la confianza y la legitimidad de la estrategia gubernamental.“Se ha avanzado, se ha madurado en la comprensión de este proceso y tenemos confianza en que se seguirá por esa línea”, afirmó monseñor Henao, quien destacó la importancia de este espacio para fortalecer las garantías electorales y promover la participación política en las regiones más afectadas por la violencia.El representante de la Iglesia subrayó que otro de los propósitos del encuentro es definir la arquitectura y los tiempos de un eventual acuerdo, que permita canalizar la participación de la sociedad civil y brindar seguridad jurídica a las comunidades.La negociación con la CNEB ocurre en un momento en que la política de Paz Total enfrenta fuertes críticas, tras los escándalos por posibles infiltraciones de grupos armados en organismos de inteligencia y por los señalamientos de reclutamiento de menores en zonas de influencia de las disidencias. Pese a ello, el Gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo como vía para reducir la violencia y avanzar hacia transformaciones sostenibles en los territorios.“Sabemos que hay contingencias, pero seguimos confiando en que estos diálogos avancen hacia acuerdos que traigan transformaciones reales. La presencia del Estado, la empresa privada y las organizaciones sociales será clave para garantizar esa transición hacia la convivencia y la reconciliación”, recalcó monseñor Henao.La Iglesia Católica considera que este ciclo de conversaciones representa una oportunidad de esperanza para las comunidades del occidente del país y un paso más en la consolidación de una paz territorial que responda a las expectativas de desarrollo, seguridad y legitimidad institucional.
En circunstancias que son materia de investigación se reportó la muerte de un joven de 21 años, identificado como Kevin Ferney Marulanda, al interior de del cantón militar de la Fuerza Aérea de Apiay, en Villavicencio.El joven llevaba apenas 5 meses prestando su servicio militar en esta unidad del departamento del Meta.En conversación con BLU Radio, los padres de Kevin pidieron una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía para establecer los motivos de la muerte de su hijo, pues no creen que se haya tratado de un caso de suicidio.“Nosotros queremos que esto quede claro sea lo que sea, pero que quede claro, que uno no quede con la incertidumbre, porque es que todas las personas que son cercanas a él, incluyéndonos nosotros, los familiares, incluyendo a nosotros los papás, se nos hace muy extraño que él haya tomado una medida tan drástica, tan determinante”, aseguró Ferney Marulanda, padre del joven.Le puede interesar: Hallan sin vida a soldado desaparecido tras combates con Clan del Golfo en Dabeiba, AntioquiaOficialmente, la Fuerza Aérea emitió un comunicado de prensa con poca información sobre el caso, el cual fue publicado en su cuenta de X.“En hechos que son materia de investigación, el Soldado Marulanda Gallo Kevin Ferney, integrante del segundo contingente del 2025 y quien prestaba el servicio militar en el Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicado en Apiay, Meta, fue hallado sin vida en su puesto de guardia. Tan pronto se conoció el hecho, se realizaron los actos urgentes por parte de las autoridades competentes”, dice el comunicado.Por ahora, la familia está a la espera de una investigación formal sobre lo ocurrido, mientras despiden al joven de 21 años que dejó un vacío en sus corazones.
El presidente Gustavo Petro lanzó este jueves una fuerte respuesta a la advertencia emitida desde el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que cuestionó la efectividad de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Desde la Escuela Militar José María Córdova, el mandatario defendió la labor de las instituciones colombianas y reivindicó la autonomía nacional frente a presiones internacionales.“La soberanía se defiende con la vida… y a Colombia no se le amenaza… Porque cuánta sangre de ustedes o de la Policía Nacional y de los colombianos del común, y de los que no son del común, porque cuántos líderes de este país no han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan a decir hoy que es que no estamos luchando contra el narcotráfico y que aquí hay un cartel de los soles”, dijo el presidente.Petro insistió en que las redes del narcotráfico han intentado históricamente corromper instituciones y comunidades, pero subrayó que la resistencia del país frente a ese fenómeno no puede ser desconocida. “Todos sabemos que el narcotráfico puede comprar el corazón codicioso y por eso vuelvo a repetirlo: la codicia es enemiga antagónica de la vida”.El pronunciamiento del presidente se produce en medio de tensiones diplomáticas que han resurgido con la administración estadounidense, la cual ha endurecido su discurso frente a los gobiernos latinoamericanos y ha advertido sobre posibles repercusiones si Colombia no “mejora” sus indicadores en la lucha antidrogas.
Tras aceptar responsabilidad por escrito, 40 antiguos miembros de seis batallones adscritos a la IV Brigada del Ejército y dos terceros civiles fueron llamados por la Jurisdicción Especial para la Paz a reconocer de manera pública la verdad y responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas que posteriormente fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate, lo que ocurrirá en una audiencia que se lleva a cabo desde este jueves y hasta el próximo sábado en Granada, Antioquia.Frente a más de 400 víctimas interesadas en participar y que fueron convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, los imputados deberán relatar de viva voz el rol que desempeñaron dentro del plan criminal, reconocer los daños ocasionados y responder las demandas de reconocimiento de las víctimas y sus familias, según informó esta jurisdicción.Entre los años 2002 y 2007, en distintas subregiones del departamento, Oriente, Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente, se registraron al menos 589 asesinatos, de los cuales 228 personas también fueron desaparecidas forzadamente y 41 torturadas, en hechos atribuidos a seis batallones adscritos a la Cuarta Brigada.Por estos hechos, la sala imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 50 comparecientes, desde generales hasta soldados, considerados como máximos responsables y de los cuales 42 reconocieron por escrito su responsabilidad ante la JEP, aceptando su participación en los crímenes y comprometiéndose a contribuir con el reconocimiento pleno de lo ocurrido, el esclarecimiento de la verdad, la realización de acciones para restituir los derechos de las víctimas y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas."Es muy importante que en esta audiencia harán un reconocimiento público de cara al país, de cara a las víctimas, donde las víctimas serán también protagonistas. Escucharemos a las madres, hermanas, compañeras, plantear qué fue lo que ocurrió, cómo lo vivieron ellas, cuáles fueron los daños que sufrieron en sus vidas", explicó la magistrada Catalina Díaz.El general (r) Mario Montoya Uribe, el mayor general (r) Édgar Emilio Ávila Doria, el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero y los tenientes coroneles Jairo Bocanegra De La Torre y Juan Pablo Forero Tascón no reconocieron responsabilidad, pese a la evidencia testimonial y documental valorada por la Sala de Reconocimiento de la JEP. Todos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y podrían enfrentar un juicio adversarial si son acusados formalmente.La JEP determinó que fue justamente en el Oriente antioqueño donde se instauró la política de facto del “conteo de cuerpos”, bajo la comandancia en la IV Brigada del general (r) Mario Montoya Uribe entre 2002 y 2003, conforme a la cual las muertes en combate se convirtieron en el principal indicador de éxito militar.La segunda parte de la audiencia se desarrollará en Medellín los días 15, 16 y 17 de diciembre, y en ella se abordarán los hechos atribuidos a los demás batallones, ocurridos principalmente en Medellín, el Valle de Aburrá, el Norte y el Occidente de Antioquia, entre 2004 y 2007.
Cartagena está a pocos días de decirle adiós a una de las postales más recurrentes en el Centro Histórico: los paseos en coches impulsados por caballos.El alcalde Dumek Turbay anunció que ya están listos y ensamblados en la ciudad, 24 de los 62 coches eléctricos, que reemplazarán definitivamente los coches de tracción animal.Estos nuevos coches, que mantienen el color y prototipo de los tradicionales al estilo colonial, son impulsados por un banco de baterías, cuentan con asientos traseros hasta para 6 personas, sistemas de registro y monitoreo, y hasta una radio con una pantalla de 9 pulgadas.“Esto que por años reclamó la ciudad y el país hoy es una realidad. Ha sido un proceso complejo, pero hemos podido construirlo junto a Corpoturismo y a todos los involucrados. Este proyecto no solo garantiza bienestar animal, sino que nos permite despedir el 2025 sin un solo caballo más usado como tracción en Cartagena. Estamos entregando un sistema moderno, seguro y amigable con el medio ambiente”, señaló el alcalde.La presidenta de la Corporación de Turismo, Liliana Rodríguez, explicó a su vez que los coches eléctricos cumplen con toda la normatividad del Ministerio de Transporte.“Tienen sistema de geolocalización, funcionamiento con energía eléctrica y todos los elementos necesarios para prestar un servicio confiable. Queremos que los cartageneros y visitantes tengan la tranquilidad de que solo rodarán coches seguros y autorizados”, describió.Entretanto, en medio de la polémica por la circulación en la ciudad de tres coches turísticos de un privado, el alcalde Turbay emitió un decreto que señala que sólo podrán operar en Cartagena las carrozas eléctricas formalmente adoptadas, registradas y autorizadas por el Distrito.“Esto, para evitar que terceros privados compren, fabriquen y pongan a circular carruajes eléctricos ilegales: uno de los acuerdos con los actuales cocheros en la concertación para que la transición hacia la movilidad eléctrica se diera sin contratiempos”, indicó la Alcaldía.El decreto 2258 del 1 de diciembre de 2025 fija en 62 el número máximo de carrozas eléctricas autorizadas para prestar servicio turístico en Cartagena, que es la cifra equivalente a los coches tradicionales actualmente registrados por el Distrito.El documento también establece que el total de vehículos permitidos en el Centro Histórico no podrá superar ese mismo límite, de acuerdo a un estudio técnico sobre la capacidad de carga de este sector.
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado terrorista que iba a a ser llevado a cabo en Miraflores, Guaviare, a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el jefe de la cartera, esto confirma que la voluntad de alias ‘Mordisco’ nunca ha sido la paz.“Gracias a la capacidad de anticipación de nuestra Fuerza Pública, neutralizamos un plan criminal del Frente 1 del Bloque Amazonas que buscaba aterrorizar a nuestra población que transita en el área de Miraflores, Guaviare”, indicó el ministro de Defensa sobre el frustrado atentado terrorista.Un lancha cargada con explosivos fue abandonada en inmediaciones del puerto de Miraflores y, según el ministro, fue por la intervención oportuna de técnicos antiexplosivos que se evitó una tragedia. En la lancha, destaca la autoridad, fueron encontrados los siguientes elementos:4 cilindros con 20 kg de explosivos cada uno.Potencial destructivo de 200 metros a la redonda“Nuestros equipos ejecutaron una detonación controlada en zona segura, protegiendo la vida de soldados y civiles. En este momento se desarrollan operaciones para capturara los terroristas. No vamos a permitir que el terrorismo regrese a nuestros territorios”, agregó el ministro.Sánchez agregó además que el Estado colombiano tiene un programa de atención humanitaria al desmovilizado. “Desmovilícense. No le sigan haciendo daño a nuestros campesinos y a Colombia”.
El Ejército Nacional confirmó que un suboficial y tres soldados resultaron heridos en un ataque con drones cargados con explosivos en la vereda Capiscaracho en Balboa, Cauca. El atentado a las tropas es atribuido a la disidencia Carlos Patiño que delinque en esa zona.Hasta esta madrugada se extendieron los fuertes combates entre la fuerza pública y miembros de la estructura Carlos Patiño de la vereda Capiscaracho en zona rural del municipio de Balboa, en el sur del Cauca.Allí las tropas del Ejército fueron atacadas con ráfagas de fusil y drones cargados con explosivos, ocasionando temor en la comunidad que tuvo que resguardarse en sus viviendas."En la noche de hoy, 23 de mayo de 2025, en el marco de operaciones militares orientadas a ese desarticular las redes del narcotráfico, tropas de la brigada contra el narcotráfico N.3 fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones por el grupo armado organizado residual, (GAO-r) Carlos Patiño", dice el comunicado.Este hecho dejó como resultado un suboficial y tres soldados heridos, quienes de inmediato fueron atendidos por los enfermeros militares, pero llevados hasta el casco urbano al hospital local para recibir atención especializada."La oportuna reacción de las tropas permitió asegurar el sector con el fin de salvaguardar la integridad del personal desplegado en la zona y de la población civil, víctima de accionar de esta estructura residual", puntualiza el comunicado.A esta hora, las tropas del Ejército con la Fuerza Aérea refuerzan el despliegue en la zona para evitar nuevos ataques de los grupos armados que delinquen en esa zona del departamento del Cauca.
A través de un video difundido este miércoles 22 de mayo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entregó nuevas pruebas de vida de los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yilmer Andrés Coral Gómez, quienes fueron secuestrados hace más de seis semanas en Cúcuta, Norte de Santander.Las imágenes fueron publicadas por el frente Camilo Torres Restrepo de esa guerrilla, que también emitió un comunicado culpando al Gobierno nacional, según su versión, por no haber garantizado las condiciones necesarias para que se produjera la liberación de los militares.Los soldados, adscritos al Comando de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, fueron retenidos el pasado 9 de abril en el barrio Colinas del Tunal, al norte de la ciudad fronteriza. Según informó el Ejército, los uniformados realizaban tareas de vigilancia en la zona luego de recibir denuncias por presuntos casos de extorsión. En medio de estas labores se presentó una asonada y un grupo de hombres armados los interceptó, obligándolos a subir a motocicletas en las que desaparecieron con rumbo desconocido.Desde entonces, las operaciones de búsqueda se han concentrado en los alrededores del lugar del secuestro, así como en sectores cercanos a la frontera con Venezuela. “Una vez se sabe de los hechos, en coordinación con la Policía Nacional, se adelantan las labores de búsqueda que permitan el pronto regreso a la libertad sanos y salvos de nuestros soldados profesionales”, señaló el Ejército en un comunicado divulgado semanas atrás.El Comando de la Trigésima Brigada ha manifestado su rechazo al secuestro, calificándolo como una acción que vulnera los derechos humanos y contraviene lo establecido por el derecho internacional humanitario. También ha hecho un llamado para que se produzca la liberación inmediata de Sáenz y Coral Gómez.
En lo corrido de 2025, las autoridades en Colombia han logrado hacer extinción de dominio de un total de 447.078 millones de pesos en bienes de la mafia. “Colombia no será refugio de mafias ni fortín de economías ilegales”, indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Los Grupos Delincuenciales Organizados o también llamadas bandas criminales son las que han recibido el mayor impacto con la extinción de dominio de bienes, que estaban a su servicio para cometer delitos por parte de las autoridades con 319 de sus bienes por un total de 319.796 millones de pesos.Las bandas de crimen transnacional también han tenido un fuerte golpe en sus finanzas criminales con un total de 506 de ellos afectados que juntos suman un total de 92.483 millones de pesos. A estos le siguen los Grupos Armados Organizados, como el ELN o las disidencias de las Farc, entre otros, a los cuales las autoridades les han hecho extinción de dominio a 65 bienes avaluados en 802 millones de pesos.En lo que respecta a los Grupos Delictivos Organizados han tenido afectación en sus bienes por extinción de dominio por 802 millones de pesos y 9 bienes puestos a disposición de la autoridad competente.Estos son los bienes incautados a la mafia en lo corrido de 2025De acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre los bienes a los cuales se les ha hecho extinción de dominio en lo corrido del año se encuentran fincas, lotes, casas y hasta parqueaderos, por lo que reveló el listado de las afectaciones a los criminales:Fincas: 20Lotes: 77Casas: 82Semovientes: 443Embarcaciones, vehículos y motos: 152Establecimientos y sociedades: 59Títulos valores: 8Locales: 4Bodegas: 7Cuarto útil: 1Dinero: 2Parqueaderos: 14Apartamentos: 29Garajes: 1
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, alertó a través del representante en Colombia del alto comisionado para la los derechos humanos, Scott Campbell, sobre el uso que bandas criminales estarían dando a redes sociales como Tik Tok y Facebook para reclutar menores de edad para el conflicto en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.El representante agregó que quedó profundamente preocupado por la situación de riesgo de las comunidades, no solo por los testimonios que pudieron conocer, sino también por la verificación de casos de vulneraciones a los derechos humanos, realizada por los representantes de esta oficina en la región.Según los datos de la ONU, en lo que va corrido del 2025, en el Catatumbo se ha documentado el asesinado de cuatro defensoras de derechos humanos; cinco masacres, con 18 víctimas, cuatro de las cuales se han dado en Tibú, además del reclutamiento, uso y utilización de 36 niños, niñas y adolescentes, en el 23% de los casos son menores migrantes.“El reclutamiento forzado de menores de 18 años es un crimen perpetrado por parte de los grupos armados no estatales. Nosotros condenamos este crimen y urgimos a que estos grupos se abstengan de reclutar niños y niñas y a que liberen de inmediato a aquellos que tengan en su poder. Las plataformas de redes sociales facilitan el reclutamiento en Colombia.” destacó Campbell.Llamó también al Estado colombiano a que cumpla su obligación de proteger a los menores de edad y a que tome las medidas para prevenir el reclutamiento.La ONU tiene en sus registros 126 homicidios selectivos en medio de la escalada violenta que empezó el 16 de enero, además de 66.080 personas desplazadas forzosamente, de las cuales cerca de 900 permanecen en refugios, mientras otras siguen desplazadas y ubicadas en redes de apoyo o con sus propios medios, otros por su parte, retornaron sin condiciones de seguridad; 11.490 siguen confinadas.En su visita, el representante del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, también sostuvo encuentros con líderes de la comunidad indígena Barí, quiénes señalaron que los grupos armados han instalado minas antipersonas en los caminos que llevan a sus resguardos, imposibilitando su movilidad y afectado además sus procesos ancestrales.Durante esta escalada violenta hay reportes de al menos 56 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, de los cuales el 64% corresponde a sobrevivientes migrantes.
En entrevista sobre el estado actual de la seguridad en Colombia, la ex viceministra de Defensa, Daniela Gómez, en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, analizó los desafíos y las dinámicas que afectan el control territorial y la percepción de seguridad en el país.Gómez destacó que, a pesar de las disminuciones en algunos datos estadísticos, la percepción de inseguridad sigue en aumento entre la población."A pesar de que los homicidios han mostrado una tendencia a la baja en algunas regiones, los ciudadanos no se sienten más seguros", enfatizó Gómez, señalando que la violencia se ha trasladado en gran medida a entornos urbanos y que el desafío principal recae sobre la Policía Nacional.La ex viceministra también hizo referencia al plan pistola del Clan del Golfo y otros grupos criminales, argumentando que tales acciones son estrategias para generar terror y afectar la imagen del Gobierno. El análisis de las cifras revela que el 75-80% de los homicidios en Colombia se concentran en áreas urbanas y que el crimen organizado es el principal responsable de esta violencia.Al referirse a las cifras de homicidios reportadas recientemente, Gómez destacó que el aumento no necesariamente indica una escalada en el crimen, sino más bien una respuesta a las acciones ofensivas del Gobierno."En un contexto de guerra, se espera que aumenten los homicidios. La escalada del conflicto a menudo resulta en más víctimas, y es importante distinguir entre quienes son los responsables de esta violencia", agregó.Aun así, reconoció que el actual Gobierno enfrenta grandes retos en el control de los territorios y que las políticas de paz implementadas pueden haber tenido efectos divergentes en la consolidación del orden público. La ex viceministra enfatizó la complejidad del tema, explicitando que la violencia no es nueva en Colombia, pero ha evolucionado en sus formas y actores."La violencia organizada es una constante en nuestra historia; lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de un proceso de paz que ha reorganizado ciertas dinámicas en el campo criminal", concluyó.Escuche la entrevista completa acá: