Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
Venezuela atraviesa uno de sus momentos de mayor aislamiento internacional tras la suspensión de operaciones de prácticamente todas las aerolíneas que aún conectaban al país con el exterior. La decisión se enmarca en el incremento de la actividad militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, mientras nuevos reportes de prensa británica revelan detalles de una conversación directa entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el expresidente estadounidense Donald Trump.La revelación de The TelegraphDe acuerdo con el periódico británico The Telegraph Maduro sostuvo una conversación de aproximadamente 15 minutos con Trump en la que planteó dos solicitudes centrales para facilitar una eventual salida del poder:Conservar USD 200 millones, parte de su patrimonio personal que se encontraría congelado en cuentas estadounidenses.Obtener una amnistía general para al menos 100 altos funcionarios del gobierno venezolano.El diario señala que la exigencia de la amnistía —y no la cuestión del dinero— fue el punto que llevó al fracaso de la negociación. Según la publicación, el Gobierno estadounidense rechazó la propuesta porque, a su juicio, una amnistía permitiría que continuara operando el denominado Cartel de los Soles, una estructura criminal que Washington atribuye a altos mandos civiles y militares de Venezuela.El reportaje también asegura que Trump sugirió a Maduro trasladarse a países como China o Rusia, mientras el mandatario venezolano habría expresado su preferencia por establecerse en Cuba. Incluso se habría considerado Qatar como opción intermedia, sin que se alcanzara un acuerdo.Otros elementos mencionados por The Telegraph indican que Maduro exige amnistía para sus colaboradores por razones de seguridad interna: sin esas garantías, sostiene el diario, el mandatario teme represalias dentro de Venezuela. La publicación repite además una información previamente divulgada por The New York Times, según la cual Maduro solo confía en su escolta cubana y cambia de residencia diariamente por temor a un ataque.Nuevo ataque de EE. UU. en el Pacífico agrava la tensiónMientras se conocen estos detalles, el Comando Sur de Estados Unidos informó este jueves de un nuevo ataque en el Pacífico contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico, que dejó cuatro personas muertas. Con este operativo, ya son más de 20 embarcaciones destruidas desde agosto, cuando Washington desplegó en el Caribe una flotilla de buques y aviones de combate como parte de su estrategia antidrogas. El saldo total de estas acciones asciende a 87 fallecidos.Caracas sostiene que tales maniobras tienen como propósito real derrocar al presidente Maduro, una acusación reiterada en comunicados del gobierno venezolano.Aislamiento aéreo: aerolíneas suspenden operacionesEl aumento del despliegue militar llevó a la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) a emitir una alerta el 21 de noviembre en la que pidió a las aeronaves extremar precauciones debido al “empeoramiento de la situación de seguridad”.En respuesta, aerolíneas como Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines suspendieron temporalmente vuelos hacia y desde Venezuela. El gobierno venezolano posteriormente revocó sus concesiones, acusándolas de alinearse con “acciones de terrorismo de Estado”.Este jueves, Copa Airlines y Wingo —dos de las últimas compañías que mantenían operaciones regulares con Caracas— extendieron la suspensión de vuelos hasta el 12 de diciembre tras reportar “intermitencias” e “interferencias” en señales de navegación. La estatal colombiana Satena y Boliviana de Aviación también cancelaron sus rutas, citando riesgos operacionales.El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que el país “ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo” y rechazó cualquier señalamiento que sugiera pérdida de control.
Las autoridades civiles del oriente del país prendieron las alarmas ante un eventual incremento en el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia, como consecuencia de las recientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, confirmó que la Administración Municipal está convocando a una reunión extraordinaria con la Gobernación de Santander, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, con el fin de definir un plan regional de contingencia que permita atender un posible éxodo.Según Sarmiento, aunque no se ha registrado un aumento significativo de ciudadanos venezolanos ingresando a la ciudad, sí se están adelantando monitoreos permanentes en los principales puntos de acceso. Uno de ellos es el sector del Parque del Agua, por donde tradicionalmente se movilizan caminantes y familias migrantes que llegan desde la frontera.“Éxodo migratorio de población venezolana y de connacionales colombianos que, si se llega a desatar alguna confrontación u operación en Venezuela, puedan llegar a Colombia. De esta manera, la decisión que hemos adoptado con el señor gobernador es solicitar a nuestros homólogos de Norte de Santander y Cúcuta una cumbre del Gran Santander para tomar medidas anticipativas”, afirmó el mandatario local.La Administración Municipal señaló que el objetivo es alistar protocolos de atención humanitaria, transporte, albergue temporal y articulación con Migración Colombia, ante cualquier eventualidad que pueda generar un incremento en el tránsito de personas por esta zona del país.Aunque por ahora la situación es estable, las autoridades insistieron en que el monitoreo continuará de manera permanente. La cumbre regional se realizaría en los próximos días y buscará unificar criterios frente a la capacidad de respuesta del territorio, considerando que el Gran Santander ha sido históricamente la principal puerta de entrada de ciudadanos venezolanos hacia Colombia.
Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
Estados Unidos quiere reajustar su presencia global para centrarse más en América Latina y en la lucha contra la migración, según la nueva estrategia de la administración de Donald Trump publicada a primera hora del viernes.El documento, titulado "Estrategia Nacional de Seguridad", expone con firmeza el objetivo de de reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina, donde la administración Trump está atacando a presuntas narcolanchas, está inmersa en una confrontación con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro, y busca tomar el control de recursos clave como el Canal de Panamá.Concebido para desarrollar la visión "America First" (Estados Unidos Primero) de Trump, la nueva estrategia estadounidense marca una reorientación de su política de los últimos años que se centró en Asia, aunque sigue identificando a China como su principal competidor.El documento presenta a Trump como el modernizador de la Doctrina Monroe, proclamada hace dos siglos, en la que Estados Unidos declaró a América Latina fuera del alcance de potencias rivales, entonces europeas.Washington reajustará su "presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro Hemisferio, y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años", reza el texto.Washington quiere además, bajo la presidencia de Trump, poner fin a las migraciones masivas en el mundo y hacer del control de las fronteras "el elemento principal de la seguridad" estadounidense, de acuerdo al documento."La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional", señala la nueva estrategia."Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas", agrega.En el documento, Washington también critica duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de inmigración.El texto añade que Estados Unidos también impediría que otras potencias dominen, pero precisó: "Esto no significa desperdiciar sangre y recursos para limitar la influencia de todas las grandes y medianas potencias del mundo".
El reciente borrador de decreto del Gobierno Nacional sobre el ajuste al deslizamiento del salario mínimo encendió las alarmas en el sistema pensional privado. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, la implementación de esta medida implicaría que los trabajadores colombianos tendrían que laborar hasta diez años adicionales para lograr una pensión de un salario mínimo, debido al aumento en el costo de las rentas vitalicias y la disminución del respaldo financiero por parte del Estado.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Velasco explicó con detalle los impactos fiscales y previsionales del borrador y advirtió que, en caso de aplicarse, “habría menos pensionados y se pondría en riesgo el aseguramiento previsional, que cubre invalidez, incapacidad y sobrevivencia”.Un descalce creciente por el deslizamiento del salario mínimoEl eje de la controversia está en la diferencia entre el aumento anual concertado del salario mínimo y las variables técnicas que deberían fundamentarlo —inflación y productividad—. Velasco detalló que esta brecha genera un descalce que debe ser compensado por el Gobierno a las aseguradoras que pagan rentas vitalicias.“El aumento del salario mínimo tiene un componente discrecional y político que genera un descalce en las bolsas de las aseguradoras. Eso debe ser compensado”, explicó. Pero el borrador de decreto busca reducir ese monto de compensación, lo que para Asofondos “pone en riesgo las promesas de pago a los pensionados”.Para este año, la compensación que debe girar el Gobierno asciende a 2 billones de pesos, cifra que se vería reducida si el decreto entra en vigor.Afectación a millones de afiliadosVelasco advirtió que la medida afectaría no solo a las aseguradoras y fondos privados, sino a la estabilidad futura de 18 a 20 millones de afiliados al régimen de ahorro individual.“Estamos hablando de los colombianos que han confiado en los administradores de fondos de pensiones… El decreto haría más difícil pensionarse”, señaló.De acuerdo con sus cálculos, mientras hoy una persona necesita ahorrar alrededor de 350 millones de pesos para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, con la medida el monto ascendería a 450 millones. En sus palabras: “Una persona tendría que acumular 100 millones adicionales. Eso significa cotizar diez años más”.El impacto también se traduciría en una reducción del 20% de las mesadas para quienes aspiran a una pensión superior al salario mínimo.Riesgo para las pensiones por invalidez y sobrevivenciaUno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el seguro previsional, que cubre invalidez, incapacidad y muerte. Según Velasco, la prima necesaria para financiar este seguro se volvería impagable bajo el esquema propuesto:En tal escenario, el Gobierno tendría que asumir directamente estas coberturas, lo que implicaría un costo fiscal estimado de 2 billones de pesos anuales durante la próxima década.Además, Velasco recordó que en los últimos años se han pensionado alrededor de 141.000 colombianos bajo el sistema privado. Sin embargo, de haberse aplicado el decreto, “solo 6.000 habrían podido pensionarse”.Impacto indirecto en Colpensiones y en el pasivo pensionalAunque Colpensiones afirmó que el decreto no afecta directamente a los afiliados al régimen de prima media, Velasco aclaró que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación impactan el pasivo pensional del Estado: “Colpensiones tiene un pasivo cercano al 100% del PIB, que crece cada vez que el salario mínimo sube por encima de criterios técnicos”.Por ello, si bien los pensionados de Colpensiones no sufrirían directamente los ajustes del decreto, sí lo harían los contribuyentes a través de mayores cargas fiscales a futuro.Una advertencia técnica y un llamado al diálogoPara Asofondos, los efectos potenciales del decreto justifican la apertura de una mesa técnica con el Gobierno Nacional. “Queremos mostrar nuestros números y que entiendan que esto tiene efectos”, insistió Velasco al cierre de la entrevista.
En respuesta a la escalada de violencia y confrontaciones armadas en el sur del Bolívar, las Fuerzas Militares desplegarán más de 500 soldados, integrantes de diversas unidades especializadas, con el objetivo de restablecer el orden público en la región.El contingente incluye efectivos de las fuerzas especiales, el Gaula élite, la Fuerza Aérea, unidades de combate fluvial de la Armada y un batallón de acción integral. Este despliegue busca abordar la crítica situación que ha afectado la zona, donde se registran enfrentamientos armados.Desde principios de mes, la región ha sido testigo de una serie de enfrentamientos violentos entre la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo, el Eln y la estructura 37 de las disidencias de las Farc, que se disputan el negocio de la minería ilegal y que han llevado a confinamientos y desplazamientos de la población local.Las Fuerzas Militares han movilizado un contingente diverso y altamente capacitado para hacer frente a la complejidad de las operaciones en la región. Se espera que este despliegue contribuya a restablecer la paz, garantizar la seguridad de la población y poner fin a las confrontaciones que han afectado la estabilidad de la zona.
En la vereda Santa Marta, del municipio de La Plata, en el occidente del Huila, tropas del Ejército recuperaron a dos menores de edad, quienes habrían sido reclutados ilícitamente por integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos, que en el departamento se hace llamar estructura Ismael Ruiz.“Los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y al parecer vigilaban una camioneta Mazda CX 30, vehículos que habían sido reportados como hurtados con fines extorsivos y que además eran utilizados para transportar narcóticos hacia los departamentos del Cauca y Caquetá”, informó el brigadier general David Leonardo Gómez Pulido, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional.Asimismo, durante la operación fueron incautadas dos pistolas 9 milímetros, un revólver calibre 38 milímetros, 2 proveedores y 51 cartuchos, elementos que le habrían sido entregados a los menores, al parecer, con la misión de realizar acciones para generar terror entre la población civil.“Los menores habrían sido obligados a participar de las acciones intimidatorias para constreñir a la población civil, además de hacer parte de los sujetos que forzaban a los campesinos y demás pobladores para que participaran de reuniones ilícitas, así como de actividades con fines extorsivos(...) en una clara infracción al derecho internacional humanitario”, sentenció el brigadier general David Leonardo Gómez Pulido, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional.De acuerdo con la Novena Brigada, los jóvenes fueron puestos a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de sus derechos. Con esta operación, ya son 18 menores los que ha podido recuperar la institución que eran utilizados en actividades de narcotráfico, delincuencia común y actividades criminales por parte de las disidencias.
Después de haber sido secuestrados, más de 100 soldados en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, departamento del Cauca, por se negarse a salir de la zona, como es su deber constitucional de estar en cada rincón del territorio colombiano, fueron liberados este fin de semana.Tras este hecho, el Ejército habló sobre “una posible instrumentalización y amenazas a la población civil de El Plateado y las veredas cercanas del corregimiento por parte de la estructura Carlos Patiño".Para referirse a esta situación y a estas denuncias de instrumentalización, se conectó a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde de Argelia en Cauca, Jhonnatan Patiño, quien dijo que la misma comunidad no rechaza la presencia de la fuerza pública."El Plateado, como tal, había aceptado la presencia del Ejército, que ya llevaba ahí una semana aproximadamente, desde antes de elecciones, hasta el día en que ocurrieron los hechos, hechos que no fueron realizados por la gente de ahí, de El Plateado, sino que fue gente que las disidencias llevaron o hicieron llegar desde otras veredas, incluso de otro municipio que es el Tambo, que está más hacia el norte", inició explicando el alcalde.En ese sentido, el mandatario confirmó que la esa asonada para sacar a los militares fue orquestada por los mismos disidentes de las Farc. "Eso es conocido. Eso no es un secreto, incluso hay unos audios que son, pues públicos en donde dicen bueno, todos tienen que ir, el que no vaya, tendrá que irse de la zona y le van a quitar sus cosas, etc. Incluso, en El Plateado había gente que decía que les iban a quemar las casas en caso de que no salieran", puntualizó Patiño.Asimismo, se refirió a la historia del acuerdo que existía entre el Gobierno nacional y las disidencias para que el Ejército entrara a El Plateado y se retirara el martes de la semana pasada."Pues no, no sé si haya sido un acuerdo, pero sí hubo un comunicado del Estado Mayor Central en donde decía: 'Bueno, el Ejército vendrá, estará en las elecciones y tendrá que salir el treinta o el o el primero'. El Ejército, por su parte, pues por lo menos unos generales calificaron de que eso era un absurdo, porque el Ejército puede estar en todos lados donde del territorio", detalló.Sin embargo, el Ejército al final dijo que lo que el presidente había determinado era que el Ejército solamente saldría de El Plateado una vez la Policía ocupara el sitio que ellos estaban ocupando en ese momento. "La Policía estaba lista en Popayán para entrar, pero evidentemente en El Plateado, si no hay un ejército que que cubra la zona y que proteja también la estación, pues la estación queda absolutamente vulnerable al grupo armado. O sea, no, no sería viable colocarla ahí si no hay garantías de seguridad para los mismos funcionarios públicos, en este caso la Policía", dijo el alcalde.Vea la entrevista completa:
El presidente Gustavo Petro fijó su posición respecto a la decisión unilateral de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ de suspender su participación en la mesa de diálogo por un supuesto "incumplimiento" del Estado colombiano a los protocolos del cese al fuego.Este sábado, el EMC de las Farc - EP también comunicó que el cese al fuego bilateral se mantenía como se había pactado y establecieron como condición para continuar con el diálogo la creación de un documento donde el Gobierno se obliga a cumplir cada uno de los acuerdos, decretos, protocolos y compromisos adoptados en la mesa de diálogos.Por eso es que el presidente Petro les envió una dura advertencia indicando que eso no es posible.“El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil”, indicó el mandatario en su cuenta de X.Y aclaró que en el decreto presidencial de cese al fuego con las disidencias no incluye el abandono de las fuerzas del Estado de El Plateado y el cañón del Micay (como lo exige el EMC) sino lo contrario.“Al EMC en el decreto presidencial se le estableció priorizar el abandono de los centros poblados y las vías principales y secundarias y colaborar en la sustitución de la economía ilícita. Eso significaba abandonar el Plateado (Cauca) y su vía de conexión con Argelia y el cañón del Micay”, puntualizó Petro.Y también agrega que él ordenó desarrollar la “Operación Trueno” para recuperar las posiciones dominantes en el cañón de Micay y alrededor de El Plateado para presionar el cese al fuego y el inicio de la negociación con el EMC de las Farc.Atribuye la pérdida del control de esta zona a la corrupción de funcionarios públicos y militares pues, según él, “en el caso del cañón del Micay éste fue ‘cedido’ al Estado Mayor Central de esa manera”.“Mi gobierno inició un proceso de saneamiento de la fuerza pública, aún incompleto, y decidió recuperar militarmente el cañón del Micay. Personalmente di la orden de comenzar la "operación Trueno" para recuperar el cañón, articulado a una estrategia de sustitución de su economía ilícita de manera integral”, puntualizó el mandatario colombiano.
El presidente Gustavo Petro sentó su posición respecto a un comunicado de la mesa de diálogo con las disidencias de las Farc, en el que confirmaban que el grupo armado ilegal participaría en la apertura de la jornada electoral del próximo domingo.El primer mandatario, en su cuenta de X, manifestó que ni el comisionado de paz ni el Gobierno ha autorizado tal participación.“Ni el comisionado de Paz ni el Gobierno nacional han dado autorización alguna para que el EMC participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país”, escribió el presidente.Esta mañana, un comunicado conjunto, firmado por el delegado de las disidencias de las Farc, alias ‘Andrey’, y el jefe negociador del Gobierno en los diálogos, confirmaron que las disidencias estarían en el acto.El anuncio generó una andanada de reacciones, entre ellas, la más importante: un comunicado de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral, en el que desmintieron al Gobierno.“Con ocasión del comunicado de prensa 001 de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo, anuncian que no es cierto que la organización electoral los haya invitado a la instalación de las elecciones territoriales de este domingo, 29 de octubre”, manifestaron en la comunicación.Las reacciones de los partidos políticos y opositores del Gobierno se multiplicaron en redes sociales: piden que no e legitime un grupo armado ilegal. Incluso, hasta desde el mismo Gobierno, hay críticas.“Rechazo categóricamente la presencia del EMC en cualquier escenario relacionado con la próxima jornada electoral. Su participación es inaceptable en actos protocolarios y en puestos de votación en cualquier lugar del país”, escribió el ministro de Defensa, Iván Velásquez.Otras reacciones:
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el atentado terrorista que iba a a ser llevado a cabo en Miraflores, Guaviare, a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el jefe de la cartera, esto confirma que la voluntad de alias ‘Mordisco’ nunca ha sido la paz.“Gracias a la capacidad de anticipación de nuestra Fuerza Pública, neutralizamos un plan criminal del Frente 1 del Bloque Amazonas que buscaba aterrorizar a nuestra población que transita en el área de Miraflores, Guaviare”, indicó el ministro de Defensa sobre el frustrado atentado terrorista.Un lancha cargada con explosivos fue abandonada en inmediaciones del puerto de Miraflores y, según el ministro, fue por la intervención oportuna de técnicos antiexplosivos que se evitó una tragedia. En la lancha, destaca la autoridad, fueron encontrados los siguientes elementos:4 cilindros con 20 kg de explosivos cada uno.Potencial destructivo de 200 metros a la redonda“Nuestros equipos ejecutaron una detonación controlada en zona segura, protegiendo la vida de soldados y civiles. En este momento se desarrollan operaciones para capturara los terroristas. No vamos a permitir que el terrorismo regrese a nuestros territorios”, agregó el ministro.Sánchez agregó además que el Estado colombiano tiene un programa de atención humanitaria al desmovilizado. “Desmovilícense. No le sigan haciendo daño a nuestros campesinos y a Colombia”.