Un informe de inteligencia militar permitió destapar a dos poderosos narcotraficantes que, desde las sombras, estarían detrás de la operación criminal de las estructuras ‘Carlos Patiño’ y ‘Martín Villa’, brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Se trata de alias ‘Cheli’ y alias ‘Toro’, de 35 y 40 años respectivamente, dos hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína.¿A dónde envían droga estos capos?El informe señala que estos dos capos envían mensualmente más de cinco toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al Cártel de Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Recientemente, también se detectaron despachos menores hacia la Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal.La riqueza de ‘Cheli’ y ‘Toro’, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias: proveen fusiles M16, Tavor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas.¿Qué negocio tienen con estructuras de 'Iván Mordisco?A cambio, la ‘Carlos Patiño’ en el Cauca y la ‘Martín Villa’ en el Meta deben garantizar la protección de cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias ‘Iván Mordisco’ en regiones estratégicas.Las investigaciones también revelaron que ‘Cheli’ y Toro mantenían negocios con alias ‘Kevin’, segundo cabecilla de la ‘Carlos Patiño’, quien se entregó a las autoridades en agosto pasado en zona rural de El Estrecho, Cauca. Sin embargo, los dos narcos lograron evadir operativos recientes gracias a una amplia red de informantes dentro de la población civil, que los alerta cada vez que la fuerza pública inicia movimientos en sus corredores de movilidad.Aunque las autoridades cuentan con fotografías y huellas dactilares de ambos, sus nombres aún no han podido ser confirmados. Aun así, quedaron rastros en trámites notariales realizados con identidades falsas, los cuales ya fueron detectados y están siendo rastreados por la Dijín y el Ejército.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente al Gobierno nacional del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y de las condiciones que permitieron el ataque de las disidencias de las Farc en Amalfi, Antioquia, que dejó varios uniformados muertos y heridos.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, el mandatario lamentó la lentitud en la reacción del Estado frente al hostigamiento. “A las 11:30 de la mañana ya teníamos un saldo lamentable de seis uniformados muertos y otro tanto heridos. Y no puede ser que 30 bandidos hayan puesto en jaque casi durante 24 horas a la institucionalidad en su conjunto”, afirmó.Rendón aclaró que su crítica no es contra la Policía ni contra los soldados, sino contra el Gobierno. “Es una falta de determinación del Gobierno nacional, de una conducción eficiente de las capacidades en su conjunto”, aseguró.¿Fracasó política de paz total?El gobernador señaló que la política de paz total ha fortalecido a las estructuras criminales en Antioquia. “Por cuenta de esa política equívoca de Petro, las disidencias Farc han crecido en Antioquia un 70 %, el Clan del Golfo un 60 %. Municipios que habían sido declarados libres de coca hoy son de nuevo enclaves cocaleros”, indicó.A esto se suma, según Rendón, la bonanza del oro ilegal. “Todo eso ha engrosado las rentas criminales, que los tienen estrenando uniformes riquísimos con tecnología como esta que pusieron infortunadamente ayer, al servicio del terror y con la que no cuenta la fuerza pública”, denunció.¿Qué pasa con los recursos para la fuerza pública?Uno de los señalamientos más fuertes del mandatario fue contra la reducción de inversión en seguridad. “¿Cómo se explica usted que una brigada como la Cuarta en Antioquia, que tiene bajo su jurisdicción más de 90 municipios, este año haya recibido apenas 32 millones de pesos para inversión? Con eso no tanquea ni los vehículos de un pelotón ni las motocicletas en un par de meses”, dijo.Rendón comparó esa cifra con el esfuerzo que hizo su administración para imponer la tasa de seguridad y recaudar un billón de pesos. “No lo hacíamos por capricho, sino porque entendíamos la precariedad dotacional, de infraestructura, de equipamiento en la que estaban soldados y policías. El Gobierno nacional desmanteló la capacidad de inversión que debía tener rutinariamente la fuerza pública”, aseguró.El gobernador agregó que “lo único que llega oportunamente a soldados y policías es su salario”, y denunció que buena parte de los helicópteros Black Hawk están en tierra por falta de mantenimiento.Rendón también criticó la liberación de jefes de las disidencias bajo la figura de “gestores de paz”. Recordó la captura de alias Calarcá y otros cabecillas en Barbosa, Antioquia, en 2023, quienes posteriormente fueron liberados. “Petro y su fiscal de bolsillo, la fiscal Camargo, los declararon gestores de paz y los liberaron. ¿Qué le puede quedar en el corazón a un soldado o un policía cuando recuerda eso?”, cuestionó.Para el mandatario, esas decisiones equivocadas hoy tienen consecuencias en departamentos como Valle y Antioquia. “Cuánto dolor nos hubiésemos evitado si ese criminal estuviera tras las rejas”, afirmó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió tras el atentado con carro bomba ocurrido en la ciudad que lo sucedido no puede verse como un hecho aislado, sino como una amenaza que puede expandirse a otras regiones de Colombia si no hay una respuesta rápida y contundente de las autoridades nacionales.En entrevista para Mañanas Blu, con Néstor Morales, Eder explicó que la situación en Cali es “estable”, con presencia permanente del ministro de Defensa y de la cúpula militar, quienes permanecen en la capital del Valle del Cauca para coordinar las acciones tras la emergencia.El mandatario confirmó que en las próximas horas se pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado permanente entre la Nación, la Alcaldía, la Gobernación y la fuerza pública con el objetivo de recuperar la zona de Jamundí.“Venimos advirtiendo desde hace 20 meses que Jamundí es la principal amenaza para Cali. Es inaceptable tener 2.000 hectáreas de coca a 15 kilómetros de la Universidad del Valle. Eso es como si en Bogotá estuvieran sembradas al lado de la Universidad de La Sabana”, señaló Eder.¿Cuál era el objetivo del atentado en Cali?El alcalde fue enfático en que el ataque con carro bomba buscaba causar una masacre. “Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera Octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora, si no es para matar. Querían asesinar, querían sembrar terror”, afirmó.Sobre el segundo vehículo cargado con explosivos que no estalló, explicó que se trató de una falla de los atacantes. “Gracias a Dios no explotó, pero no quiero decir que por chambones. Son grupos de traquetos que están aprendiendo, pero que tienen que ser atendidos ya porque su objetivo es asesinar colombianos y reclutar niños en barrios marginados”, agregó.Eder reconoció que la fuerza pública mantiene su profesionalismo, pero insistió en que enfrenta limitaciones de recursos. “La capacidad de inteligencia que teníamos hace algunos años, la que permitió operaciones como Jaque o la caída de Cano, hoy está desfinanciada. Se han recortado hasta en un 30 % los recursos para seguridad, afectando capacidades estratégicas como la aérea. Eso es lo que se debe recuperar”, indicó.El mandatario aseguró que desde la Alcaldía se han duplicado los recursos de seguridad, al igual que en otras ciudades del país, pero recalcó que los municipios no tienen cómo financiar inteligencia, helicópteros ni aumentar pie de fuerza. “Eso lo debe hacer el Gobierno nacional”, sostuvo.El alcalde comparó a los actuales disidentes con los exguerrilleros con los que alguna vez negoció en La Habana. Recordó la captura de alias 'Sebastián', uno de los responsables del ataque, a quien describió como un joven que tenía brackets. “En más de una década nunca vi un desmovilizado con frenos. Eso quiere decir que tienen tiempo y comodidad para entrar a la ciudad y hacerse ese tipo de procedimientos. Estos no son guerrilleros, son delincuentes traquetos”, señaló.¿Cómo frenar el terrorismo en Cali?Eder insistió en que no se debe hablar de paz con estos grupos. “Con esta gente no hay nada que hablar, son delincuentes. Se puede hablar de sometimiento a la justicia, pero lo más importante ahora es empoderar a la fuerza pública para que recobre el control territorial”, dijo.El mandatario reiteró que lo ocurrido en Cali no es solo un problema local. “Esto no es aceptable para los caleños y no puede ser aceptable para Colombia, porque ese deterioro se está viviendo en todo el país. Si no hay un actuar contundente y rápido, lo que estamos viviendo aquí próximamente se vivirá en otras ciudades e intermedias de Colombia”, advirtió.Finalmente, valoró que el presidente Gustavo Petro calificara a estos grupos como “organizaciones terroristas” y que diera instrucciones claras para recuperar el territorio. “Ese es un paso importante, pero ahora necesitamos que se materialicen los recursos y se ejecute lo acordado. Aquí está en juego la vida de los caleños y de todos los colombianos”, concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio completo:
Las comunidades rurales del sur de Bolívar emitieron una alerta a las autoridades denunciado constantes amenazas, desplazamientos y enfrentamientos armados como consecuencia de la presencia de criminales del ELN y el Clan del Golfo que se disputan el control del territorio, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico.En respuesta a este llamado ciudadano, el Ejército, a través de la Brigada 19 y la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, desplegó una ofensiva militar para contrarrestar la expansión y el accionar de estos grupos ilegales.Cabecillas ELNUno de los principales objetivos de esta operación son los cabecillas del frente de Guerra ‘Darío Ramírez Castro’ del ELN, quienes han impuesto el terror en la zona. Se trata de Jesús Navarro Robles, alias ‘Omar’ o ‘Casinga’, máximo jefe de esta estructura. Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas.Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la fuerza pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos.Otro de los hombres más buscados por las autoridades es alias ‘Harold’, responsable de operar la Compañía Tito Marín, y quien ha introducido el uso de drones con explosivos como forma de ataque a las tropas en terreno, generando preocupación por la capacidad tecnológica y el poder destructivo que ha adquirido la estructura criminal bajo su mando.Cabecillas Clan del GolfoPero la amenaza no termina ahí. En paralelo al accionar criminal del ELN, el Clan del Golfo también tiene fuerte presencia en esta región. Al mando de la estructura ‘Arístides Mesa Páez’, aparece Roineiro David Jiménez, conocido como alias ‘Jefferson’, un hombre que es considerado uno de los jefes más violentos de esa organización en el sur de Bolívar, con un largo prontuario por extorsión, tráfico de armas y coordinación de redes criminales en zona rural.A su lado delinque Luis Alberto Henao Cardozo, alias ‘Bejuco’, cabecilla de la subestructura ‘Euclides Arley Pérez Góez’, quien ha liderado enfrentamientos directos contra el ELN en la Serranía del Guamocho, buscando ampliar su dominio y controlar corredores estratégicos para el transporte de cocaína. Completa la cúpula alias ‘Piña’, jefe de la subestructura ‘Erlín Pino Duarte’, también implicado en homicidios selectivos y alianzas con redes ilegales para sostener el poder territorial de su grupo.La confrontación entre estos grupos armados deja a las comunidades rurales atrapadas en medio del fuego cruzado, por lo que el objetivo de la operación militar en curso es neutralizar las capacidades criminales de estas estructuras, impedir que continúen expandiéndose y garantizar la seguridad de miles de familias afectadas por años de abandono estatal y violencia sistemática.Las tropas del Ejército intensificaron patrullajes, aseguramiento de veredas, instalación de puntos de control y ofensivas en áreas montañosas de difícil acceso. Además, se reforzó la inteligencia en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades, buscando golpear las finanzas y las redes de apoyo de estos grupos, al tiempo que se brinda protección a líderes sociales y campesinos que han sido amenazados por denunciar.
Un importante cambio en la conectividad aérea entre Colombia y Argentina fue anunciado por Avianca y Aerolíneas Argentinas, que oficializaron un nuevo acuerdo de código compartido que simplificará la forma en que los pasajeros viajan entre ambos países.Con esta alianza, los usuarios podrán adquirir un solo tiquete para todo su recorrido y realizar un único check-in desde el inicio del viaje, algo que hasta ahora no era posible. Este cambio promete reducir tiempos, simplificar trámites y ofrecer conexiones mucho más ágiles en una región en donde los procesos resultaban largos y fragmentados.“Estamos muy felices de firmar este acuerdo con Aerolíneas Argentinas porque permitirá fortalecer la conectividad de nuestros clientes en Avianca en el Cono Sur, acercar a Argentina y a Colombia, a la vez que seguimos construyendo el proyecto de tener más y mejor competencia en la región para que así los clientes tengan cada vez más opciones”, mencionó Adrián Neuhauser, CEO de Abra.Antes de este acuerdo, quienes viajaban entre Colombia y Argentina debían comprar por separado un tiquete con Avianca y otro con Aerolíneas Argentinas. Además, estaban obligados a presentarse en los aeropuertos para hacer dos check-in independientes y, en muchos casos, recoger y volver a entregar el equipaje en las escalas. Esta nueva estrategia permitirá que todo el proceso se haga de manera integrada.La alianza también ampliará la oferta de destinos disponibles para los viajeros. Por un lado, para los usuarios colombianos que buscan llegar a destinos turísticos y comerciales sin necesidad de hacer trámites adicionales, Avianca podrá vender tiquetes a Argentina con conexión en Buenos Aires para ciudades como: Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán.Mientras que Aerolíneas Argentinas ofrecerá tiquetes con conexión en Bogotá para conectar con San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta. Con esto, turistas y viajeros argentinos tendrán acceso directo a algunos de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano.Además, el acuerdo permitirá que Avianca opere 12 destinos adicionales en Centro y Suramérica, ampliando su oferta internacional para los viajeros de la región. En este momento, ambas aerolíneas avanzan en los trámites y autorizaciones necesarias para poner en marcha completamente este nuevo esquema, que busca mejorar la conectividad y brindar una experiencia de viaje más simple y eficiente para los usuarios de los dos países.
La ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales ha entrado en vigor este miércoles en Australia, que se convierte en el primer país en materializar este tipo de controles para, según el Gobierno, proteger la salud mental de niños y adolescentes.Como estaba previsto, la legislación, aprobada tras meses de deliberaciones y consultas parciales con expertos y organizaciones, comienza a regir desde el comienzo del 10 de diciembre en Camberra (martes, 9 de diciembre, en América), en medio de debates en otros países sobre la pertinencia y viabilidad de este veto.La normativa exige a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord y la plataforma de 'streaming' Kick demostrar que han tomado "medidas razonables" para identificar y desactivar cuentas de usuarios por debajo de la edad permitida.La ley es pionera al trasladar por primera vez la responsabilidad directa a las plataformas digitales, que corren el riesgo de enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (más de 123.000 millones de pesos colombianos) si incumplen la normativa.El Ejecutivo australiano sostiene que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en los entornos digitales y que la exposición temprana a redes sociales puede agravar problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar.Entre los riesgos más citados figuran el ciberacoso, engaño pederasta ('grooming'), el acceso a contenidos violentos o misóginos y la manipulación algorítmica. Para las autoridades, la prohibición establece un marco claro en un ámbito considerado insuficientemente regulado.En el debate previo pesó también el testimonio de padres que perdieron a sus hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis de salud mental y que participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno.Por su parte, algunos colectivos alertan de que, para numerosos adolescentes, especialmente en comunidades indígenas, rurales, LGTBIQ+, en acogida o con discapacidad, las redes sociales son un espacio esencial para mantener vínculos afectivos, culturales o familiares.Meta, matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó el pasado 4 de diciembre a desactivar cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, adelantándose a la entrada en vigor de la ley. El proceso, que incluye el bloqueo del acceso y la notificación directa a los afectados, se completará este miércoles.
Una consulta médica que parecía rutinaria terminó en una de las tragedias más impactantes recientes en Brasil. Benício Xavier de Freitas, un niño de seis años, murió en un hospital de la ciudad de Manaos. El caso es investigado por las autoridades por presunta negligencia médica y posibles fallas en los protocolos asistenciales.El hecho ocurrió el pasado 22 de noviembre, cuando los padres del menor lo llevaron a urgencias por fiebre, tos seca e inflamación severa de la garganta. El niño ya había presentado un cuadro similar semanas atrás, el cual había sido tratado con adrenalina por inhalación, un procedimiento habitual en casos de laringitis infantil.Según el testimonio de la familia, durante la valoración inicial no se detectó gravedad. La madre ingresó sola al consultorio, donde la médica de turno indicó que sería administrada adrenalina, sin especificar que esta vez se aplicaría directamente por vía intravenosa. Posteriormente se conoció que la prescripción fue de adrenalina pura, sin diluir, en tres dosis que alcanzaron un total de nueve miligramos, una cantidad considerada riesgosa para un paciente pediátrico.La receta fue entregada al área de enfermería, donde la técnica encargada ejecutó la orden. Minutos después de recibir la inyección, Benício presentó un deterioro inmediato: palidez, dolor torácico y dificultad respiratoria. Su padre pidió ayuda desesperadamente, mientras el menor era trasladado de urgencia a la sala de emergencias.En mensajes posteriores enviados a otro médico, la profesional que emitió la prescripción reconoció que se había equivocado. Esta admisión también quedó consignada en un informe entregado al hospital. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el estado de salud del niño se agravó con rapidez. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, donde sufrió seis paros cardíacos. Finalmente, falleció.Las autoridades analizan no solo el error en la medicación, sino también presuntas fallas en la intubación y la falta de control farmacéutico en el proceso. Desde el Consejo Regional de Farmacia señalaron que la presencia de un profesional en esa área pudo haber evitado la sobredosis. La Policía considera que existió una cadena de errores que derivó en la muerte del menor y no descarta responsabilidades penales.
De acuerdo con la Contraloría, los hallazgos surgieron luego de una revisión detallada a 192 convenios interadministrativos suscritos entre Invías y Juntas de Acción Comunal (JAC) en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño, en el marco de una actuación de control fiscal posterior y selectivo adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura.La auditoría también evidenció un rezago crítico en la ejecución del programa, diseñado para intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales con una inversión proyectada de $8 billones durante el cuatrienio 2022–2026.Sin embargo, a cierre del 31 de diciembre de 2024, solo se habían ejecutado 117,2 kilómetros, lo que equivale al 0,36 % de la meta establecida. Además, de los $4 billones anunciados para las vigencias 2023 y 2024, únicamente se apropiaron $657.000 millones, es decir, el 16,4 % de lo programado.Sobre esta alerta, Luis Fernando Mejía, el contralor delegado para el sector de la infraestructura, se mostró preocupado por la baja ejecución, según relató a Blu Radio.“De esos, digamos que en principio eran 8 y que después se convirtieron en 4 billones, solamente a diciembre de 2024 se habían invertido 657 mil millones de pesos y se habían construido 117 kilómetros de esos 33.000 que se había dicho. Es decir, estas cifras claramente indican que el resultado no es bueno”, señaló.Este informe de la Contraloría también señala que, para la vigencia 2024, Invías suscribió 1.125 convenios solidarios, pero ninguno había sido terminado al cierre del año. Según el informe, 242 estaban en ejecución y 883 suspendidos, debido —de acuerdo con la entidad— a la falta de asignación del Plan Anual Mensualizado de Caja.Finalmente, el ente de control, tras una exhaustiva revisión, concluyó que hubo una deficiente supervisión por parte de Invías tanto en la ejecución de los convenios como en los contratos de interventoría, delegando sin el debido seguimiento la autorización del gasto en interventores y presidentes de las Juntas de Acción Comunal.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este lunes festivo, 8 de diciembre, en Bla Bla Blu:El cantante Gusi habló sobre 'Amor viejo', la canción que comparte con Peter Manjarrés. También contó cuáles son sus próximos proyectos y retos en la música.En la sección 'Historias que merecen ser contadas', Carlos Mario Duque, fundador del 'Proyecto Mayayo', detalló cómo se puede sobrevivir al Bronx.
Una operación militar puso fin a la carrera criminal de alias ‘Libardo’, uno de los hombres más buscados del país, cabecilla principal de la estructura ‘Ismael Ruiz’ y ficha clave del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.La operación se llevó a cabo en la vereda Las Delicias, zona rural del municipio de Páez, Cauca. En una casa camuflada en medio de las montañas, alias ‘Libardo’ se escondía junto a varios miembros de su estructura, entre ellos menores reclutados a la fuerza que estaban siendo adoctrinados. El lugar funcionaba como un centro de entrenamiento ideológico y militar.Su trayectoria delictiva es extensa. Según inteligencia militar, este peligroso criminal participó activamente en las filas de la extinta guerrilla de las Farc y luego en las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. En 2022 fue el responsable de la emboscada en San Luis, Neiva, que dejó siete policías muertos.Desde entonces, su nombre estuvo ligado a múltiples ataques contra tropas del Ejército, secuestros, asesinatos de excombatientes firmantes del acuerdo de paz, y actos de terrorismo con drones, como el ataque a la base militar de Casaverde en julio de 2024.Alias ‘Libardo’ era más que un cabecilla armado. De acuerdo con su perfil criminal, ejercía control territorial en varios municipios del Tolima y el Huila, extorsionaba al sector comercio, cafetero y transportador, y lideraba la instrumentalización de menores para nutrir sus filas armadas.Su caída representa, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las FFMM, un golpe estratégico que debilita la expansión criminal del bloque ‘Isaías Pardo’ y reduce la amenaza contra civiles, líderes sociales y la Fuerza Pública.Este hombre era requerido por la Fiscalía por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y sobre él pesaba una recompensa de más de 1.600 millones de pesos. En apenas tres años, pasó de guerrillero raso a ser el sucesor de alias ‘Cholinga’ y se convirtió en el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.La muerte de este criminal marca un antes y un después en la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Las FFMM sostienen que se han registrado más de 340 combates en lo corrido del año, con un incremento del 40 % en operaciones ofensivas. Ahora, el objetivo son alias ‘Marlon Vásquez’ y alias ‘Chapolo’, quienes heredaron estructuras debilitadas, sin el liderazgo violento de ‘Librado’.
Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar un millonario cargamento de café que había sido robado en el sur del país. El hecho se registró en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, donde tropas de la brigada 29, en coordinación con unidades de la división de Policía del Cauca, ubicaron una tractomula que transportaba más de 32 toneladas de café tipo exportación. Según estimaciones, el valor de la carga supera los 1.000 millones de pesos.El hallazgo se dio tras una maniobra de inteligencia que permitió interceptar el vehículo antes de que la mercancía fuera movilizada fuera del departamento. Durante el operativo fueron capturadas dos personas, señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo armado residual estructura Jaime Martínez, una organización criminal con injerencia en esa región y con antecedentes en el robo sistemático de mercancías de alto valor.Además de recuperar el café, los uniformados incautaron un equipo de comunicación y un inhibidor de señal, elementos que, según las autoridades, iban a ser utilizados por los delincuentes para evitar el rastreo satelital de la tractomula y así dificultar su ubicación tras el robo.Tanto los capturados como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para establecer la totalidad de la red criminal involucrada. Las autoridades destacan que este tipo de acciones afectan directamente las finanzas de los grupos ilegales que operan en el suroccidente colombiano.
El Frente de Guerra Occidental del ELN amenaza con la ejecución de un nuevo paro armado en todo el departamento del Chocó que se extenderá durante dos días, desde las 00:00 horas del viermes 25 de julio hasta la medianoche del sábado 26.La declaración, difundida por medios locales y redes sociales, advierte a la población sobre restricciones totales en la movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante el fin de semana.El grupo armado ilegal hace un llamado directo a la ciudadanía, incluyendo transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular durante el tiempo estipulado. “Nuestras unidades estarán presentes en los corredores de movilidad para dar cumplimiento a dicha orden”, se lee en el mensaje de amenaza.Este tipo de paros armados generan afectaciones directas a la población civil, no solo por el confinamiento forzado, sino por el impacto en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Comerciantes, viajeros y comunidades indígenas que dependen de la movilidad diaria para sus actividades se verán especialmente afectados.La Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en el territorio y el riesgo que representan para la vida e integridad de las comunidades. Se espera pronunciamiento oficial por parte del Gobierno y de las FFMM, que deberán coordinar una respuesta ante esta amenaza que, de concretarse, pondría en jaque la seguridad y el desarrollo de actividades básicas en gran parte del departamento.
El grupo de la Mesa Nacional Cacaotera se pronunció hoy en contra de los precios del cacao en el país y pidieron a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abrir la conversación para construir un acuerdo que permita estabilizar los precios del grano a los productores en ciertas regiones del país.La tonelada de cacao se paga a 8.300 dólares en el exterior, pero en Colombia se paga el kilo a $22.000 cuando, según los cacaoteros, deberían pagarlo a más de 30.000 pesos.Ederson Niño Navarro, presidente de la Mesa Nacional Cacaotera en Santander, aseguró que si antes del 30 de julio el Gobierno no da una respuesta, harán un paro en las principales vías del país, como la Panamericana y la troncal del Magdalena medio. “Lo que corresponde a la mesa nacional cacaotera, que agrupa a una gran parte de las familias cacaoteras del país, tendríamos que generar un paro nacional haciendo la legítima protesta para defender el sector productivo del país”, anunció Niño.A través de un comunicado, la Mesa Nacional Cacaotera de Colombia denunció que las políticas públicas en torno al cacao no se han abordado de manera correcta por este Gobierno, por lo que esperan una respuesta de la ministra Carvajalino, a más tardar en la tarde de este martes 22 de julio.“Denunciamos las prácticas desplegadas por las grandes industrias y exportadores que ejercen el monopolio sobre la producción, el comercio, la transformación y la exportación del cacao en sus diferentes formas, así como la falta de actuación por parte de los órganos rectores del gremio cacaotero”, se lee en el comunicado firmado por representantes de las mesas cacaoteras de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Arauca y la Asociación Campesina Agropecuaria y Piscícola de Santander.La propuesta de los cacaoteros al Gobierno es que se reúnan este 24 de julio para hablar de las necesidades del sector.Sin embargo, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) informó, a través de un comunicado, que ellos no están convocando a ningún tipo de manifestación, paro cacaotero, y que mantienen un diálogo abierto y constante con el Ministerio de Agricultura.
El director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, llegó al departamento de Arauca para asumir personalmente el seguimiento del caso del subintendente y patrullero secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tame.Los secuestrados son el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos al cuerpo élite de investigación de la Dijin, quienes fueron interceptados y privados de la libertad en medio de su labor cotidiana que es investigar ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en concordancia con el acuerdo de paz de la Habana en 2016.El general Triana se reunió con autoridades locales y la cúpula policial de la región para coordinar acciones de búsqueda y protección a sus vidas.“El ELN es absolutamente responsable por la integridad y la vida de nuestros policías”, afirmó el director, quien destacó que los uniformados cumplían funciones orientadas al esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco del acuerdo de paz firmado en La Habana.Triana anunció que el secuestro será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por representar una violación grave al Derecho Internacional Humanitario. Además, expresó su solidaridad institucional con las familias de los policías retenidos y exigió su liberación inmediata y sin condiciones.“No es solo un ataque a dos servidores públicos, es un ataque directo al trabajo de protección de líderes sociales en el país. Gracias a ellos se han logrado esclarecer 26 homicidios de líderes sociales en Arauca en los últimos tres años”, destacó el general.
El ELN confirmó en las últimas que tiene en su poder a los dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, secuestrados durante una operación de “control territorial” en el departamento de Arauca.Según la información del ELN, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025, cuando los dos policías se movilizaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, en ese momento fueron interceptados por hombres fuertemente armados.Los secuestrados fueron identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente con 17 años de servicio Y Yordin Fabián Pérez Mendoza, patrullero con más de 10 años en la institución.El ELN afirmó haberles incautado dos pistolas 9mm, un computador y documentos. En el comunicado, el ELN asegura que los agentes están “sanos y salvos” y responsabiliza al Estado de cualquier daño que sufran, especialmente en caso de intentos de rescate militar.
Fue en medio de patrullajes de control que un perro antiexplosivos de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército logró ubicar un artefacto explosivo improvisado junto a unas viviendas en una de las vías por donde se iba a realizar el desfile militar del 20 de julio.Este artefacto, dicen las autoridades, se encontraba dentro de bolsas de basura y había sido dejado en medio de las viviendas y cerca de un jardín infantil, zona de la inspección La Julia, del municipio de Uribe, Meta.Tras la verificación, un equipo de explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos, siguiendo todos los protocolos establecidos, procedió a despejar la zona con el apoyo de la Policía, y posteriormente realizó la destrucción de este artefacto de manera controlada.“Con esta acción, se neutralizaron las acciones del enemigo que buscaba atentar contra la vida e integridad de la población civil y las tropas desplegadas durante la conmemoración de los 215 años de Independencia”, destacó el Ejercito.La Fuerza de Tarea Omega rechazó este acto que pudo afectar muchas vidas y anunció el refuerzo de las operaciones ofensivas en la zona para combatir los grupos armados organizados, por lo que invitó a la población a denunciar todo acto sospechoso a través de la línea 107 antiterrorismo.
La Cuarta División del Ejército confirmó que tropas desplegadas en zona rural del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fueron blanco de un ataque con artefacto explosivo improvisado lanzado mediante un dron por las disidencias de las Farc, en hechos ocurridos el pasado 3 de julio de 2025.De acuerdo con el comunicado oficial, los responsables del ataque serían integrantes de la las disidencias de las Farc, quienes emplearon un dron para arrojar una granada de fabricación artesanal contra las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva.El artefacto detonó en el costado oriental externo del puesto de mando, donde se encontraba personal militar del dispositivo avanzado de combate. Sin embargo, gracias a las medidas de protección activadas por los soldados, no se presentaron afectaciones en el personal ni daños a la infraestructura militar.Tras la detonación, las tropas activaron el plan de reacción y contrataque, que incluyó el despliegue de medios aéreos no tripulados para asegurar el perímetro en un radio de 360 grados. Las unidades en la zona fueron alertadas y el dispositivo de seguridad permanece en máximo alistamiento para prevenir nuevos ataques.El Ejército Nacional calificó este hecho como una violación al derecho internacional humanitario y anunció que se adelantarán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Asimismo, la Cuarta División reiteró su compromiso con la seguridad del suroriente colombiano, la defensa de la población civil y el respeto por los derechos humanos, manteniendo su presencia activa y contundente en la región.
Este martes, se desató una ola violenta por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en diferentes zonas del Cauca y el Valle, incluida Cali. Los hechos dejan hasta el momento cinco personas heridas y cuatro más fueron asesinadas. Dese la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, rechazaron los ataques advirtiendo que la política de paz ha fallado."Estas acciones, ocurridas en el suroccidente del país, son consecuencia del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y del fortalecimiento de organizaciones criminales, cuyo accionar se ha visto facilitado por una política de paz fallida, la ausencia de una estrategia clara de seguridad y lucha contra el crimen, la reducción del presupuesto en defensa, y la expansión acelerada de economías ilegales en centros urbanos y zonas rurales"; señala en un comunicado Asocapitales.Por otro lado, hicieron un llamado para que se tomen medidas urgentes con el fin de garantizar la seguridad en Colombia."La ocupación permanente de los territorios controlados por economías criminales, el combate al tráfico de armas y explosivos, la finalización inmediata de cualquier zona afectada por ceses al fuego, la reconstrucción del pie de fuerza y de las capacidades operativas de la fuerza pública, así como el fortalecimiento de la acción judicial contra el crimen y las organizaciones terroristas, son medidas urgentes e inaplazables", dice el documento.
Una adición de 1.600 policías en el pie de fuerza para la época de precarnaval y los cuatro días oficiales del Carnaval de Barranquilla quedó definida en un Consejo de Seguridad encabezado por el alcalde la ciudad, Jaime Pumarejo. Estos uniformados, que llegarán de otras zonas del país y también de las distintas escuelas de Policía, se sumarán a los 4.900 con los que ya cuenta Barranquilla para un total de 6.500.Según el alcalde Pumarejo, el aumento del pie de fuerza es apenas una de las medidas ya que es necesario un manejo integral de la estrategia de seguridad.“Con un trabajo articulado vamos a brindarles a los barranquilleros y a los visitantes la seguridad necesaria para disfrutar de un carnaval alegre y en sana convivencia”, dijo el mandatario a la prensa.Lea también: Con el Ceremonial de la Muerte comienza el Carnaval del AtlánticoSe hará énfasis en la prevención de riñas y hurtos, al tiempo que se analizará con detalle cada uno de los permisos que se otorguen para eventos en los barrios, para lo cual ya hay 450 solicitudes. La intención es que no vuelvan a presentarse disturbios como los vividos frente al popular estadero La Troja al comenzar el año.En los próximos días también saldrá el decreto para modificar el Código de Policía con miras a los cuatro días de carnaval.
En diálogo con BLU Radio, los secretarios encargados de la seguridad en las principales ciudades del país hablaron sobre los protocolos con los que se están manejando las protestas de este 21 de enero.Mientras en Bogotá y Medellín el Esmad actúa en última instancia, en ciudades como Barranquilla se decidió que actuaran en cuanto se presentaran desórdenes.Según el secretario de Gobierno de la capital del Atlántico, Clemente Fajardo, el protocolo para las manifestaciones fue construido entre la ciudadanía y la administración municipal desde hace año y medio.“Hacia final del gobierno anterior, lo lanzamos y Jaime Pumarejo lo ratificó hace pocos días, lo construimos entre todos. Hay unas reglas de intervención para la fuerza pública, el acompañamiento y participación de organizadores de las marchas (…) La entrada del Esmad es en una situación extrema y le damos prioridad al diálogo así lo hemos hecho. El Esmad siempre está disponible no tan cerca para generar choque, pero disponible para actuar de manera rápida” manifestó.Mientras tanto, en Medellín, el secretario de Seguridad, José Acevedo, indicó que el Esmad actuará cuando ya se hayan agotado otras medidas en caso de desmanes. “Con el comité de la protesta nos reunimos ayer, ellos son los que deben actuar primero, en segunda instancia, el Ministerio Público, en tercero, la Policía de vigilancia y por última instancia el Esmad, pero si lo utilizamos tiene unos protocolos de actuación. En el caso de Medellín, como ya sabemos por dónde se va a movilizar las protestas, los policías los tenemos en una distancia prudencial, no generamos provocación”, aseguró.En Cali, el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, aseguró que los primeros en actuar son los policías en caso de que se requiera y en tercera y última instancia lo harán los agentes del Esmad.“Estamos en la idea de garantizar el derecho constitucional a la protesta, pero esto no significa vandalizar, se hicieron acuerdos. La Policía está tomando nota de lo que pasó en Icetex y en la tarde se determinará qué pasa con el Esmad”, dijo refiriéndose a alteraciones en la capital del Valle.Además, los estudiantes y representantes de centrales obreras dieron su opinión sobre las nuevas medidas que han tomado los mandatarios locales.“Representa un avance en cuanto al concepto que se tiene sobre la movilización social, con Enrique Peñalosa se veía la movilización como problema de orden público y con el nuevo protocolo se ve como un mecanismo para defender los derechos constitucionales”, dijo la líder estudiantil Gabriela Rojas, quien hace parte de la ACREES.Le puede interesar: Policía analiza petición de suspender uso de escopeta que causó muerte de Dilan Cruz Julio Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, reiteró que la propuesta para este 21 de enero es un cacerolazo en todas las ciudades.“Claudia López marca una diferencia en cuanto a administraciones anteriores en donde cada vez que había un brote de inconformidad lo primero que mandaban era el Esmad. Según los protocolos anunciados en rueda de prensa, el Esmad es un recurso de última instancia, consecuencialmente, a la doctora Claudia López le corresponde vigilar seguridad, pero se han respetado los protocolos”, aseguró.“Apoyamos las marchas estudiantiles porque hay un acumulado de situaciones, todos los que se sienten afectados por medidas del Gobierno se van a manifestar, es el momento que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad. Su negativa a una negociación de un pliego de peticiones es lo que nos ha conducido a lo que estamos viviendo en Colombia”, agregó Gómez.Escuche las entrevistas:
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros y Teresita Gaviria, cabeza de Madres de la Candelaria, cuyos nombres aparecen en el panfleto con el que las Águilas Negras, amenazaron de muerte a líderes políticos y sociales del país, pidieron más seguridad para seguir con su trabajo social.En el caso de Gerardo Vega, asegura que le ha pedido más protección a la UNP, pero hasta ahora no ha sido posible y que, por el contrario, fue retirado el esquema colectivo que tenía la Fundación en Medellín. Afirmó que conoció el panfleto que lo pone en la lista negra por habitantes de Urabá que le informaron de esa amenaza.“Que se mejoren las condiciones de seguridad, no hemos obtenido eso, donde vivimos en Medellín levantaron un esquema de seguridad colectivo que había de la fundación Forjando Futuros. En mi caso se conserva un esquema de seguridad, quitaron una persona, hemos solicitado en varias ocasiones que se refuerce el esquema de seguridad y, sin embargo, no hemos sido escuchados”, dijo Vega.Lea también: Forjando Futuros denuncia retiro de esquema de seguridad en UrabáPor su parte, Teresita Gaviria, de Madres de la Candelaria, dijo que es una intimidación para que quienes aparecen en el panfleto dejen de ayudar a las víctimas.
Habitantes de zona rural de Caucasia reportaron ante la Policía que en la madrugada hombres armados llegaron hasta la finca Las Golondrinas en la vereda Bella Palmira y allí habrían asesinado a dos personas, que trabajaban en el lugar.El comandante de Policía de Antioquia, Giovanny Buitrago, y el alcalde de Caucasia, Félix Olmedo, hicieron un sobrevuelo por la zona y verificaron los hechos.Según algunas versiones, las dos hombres, asesinados con arma blanca, habrían sido degollados. Una de las víctimas llevaba cerca de siete años trabajando en la finca.Lea también: Sentimos omisión del Estado en alertas por conflicto en el Bajo Cauca: líderes y ONGLa vereda Bella Palmira está ubicada a una hora del casco urbano de Caucasia.
Crítica la situación de orden público en el Bajo Cauca Antioqueño. Tras el asesinato de 5 personas en Tarazá ya son 27 muertos en 20 días del año en esa subregión, lo que obligó al Presidente Iván Duque a programar una visita este lunes a la zona, junto con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien aseguró que será una visita para tomar medidas por la situación de seguridad.Según los registros de la Fuerza Pública, la mayoría de los crímenes en el Bajo Cauca han ocurrido en zonas rurales, como la vereda El Guaimaro, zona rural de Tarazá donde fueron 5 las personas asesinadas lo que obligó a los 10 profesores de la zona a salir de los colegios y hoy allí hay 120 niños que no podrán retornar a clases. El presidente de ADIDA en Antioquia, Omar Arango, dijo que no hay condiciones de seguridad para trabajar en el bajo Cauca y por ello pidió protección para todos los maestros.Le puede interesar: Por temor a nuevas incursiones armadas, docentes se desplazan en Tarazá. Los 5 muertos en Tarazá fueron sepultados en una ceremonia colectiva e identificados como Carlos Andrés Chavarría Posada, Danil Alfonso Montalvo Tuberquia, Wilmer Alexander Sampedro Posada, Luis Alberto Villegas y Jorge Eliécer Rodríguez.En medio de esa despedida, Óscar Yesid Zapata, de la ONG Nodo Antioquia, denunció que todos estos hombres se dedicaban a labores agrícolas y que fueron víctimas de un conflicto ajeno a ellos.“Tres de ellos eran jóvenes del territorio y dos hacían parte del programa de sustitución de cultivos. Además, uno era socio de la junta de acción comunal. Hemos advertido a todas las autoridades a cerca del nivel de riesgo que presenta esta zona, pero sentimos que hay una omisión de parte del Estado y que lo que está pasando es responsabilidad completa del gobierno por dejar solas a esas comunidades para que otros grupos se sigan consolidando”, aseguró Zapata.Además del ataque en Tarazá, la Policía investiga el crimen de una niña de 16 años, la muerte violenta de dos personas en Nechí y el ataque a dos contratistas que reparaban una vía en Caucasia y se habrían negado a pagar una vacuna, temas todos a tratar por el Presidente durante su visita en la tarde de este lunes.
Fuentes militares y de Policía le confirmaron a BLU Radio que en el sector de El Guáimaro, población rural de Tarazá, en el Bajo Cauca, se registró una incursión armada que deja como saldo tres personas muertas.En ese caserío delinque el Clan del Golfo, pero sobre todo Los Caparros y esta nueva alteración de orden público se habría dado por un enfrentamiento entre esos grupos.Por ahora se desconocen las identidades de las víctimas y uno de los cuerpos fue trasladado a la zona urbana de Tarazá por parte de la población civil en un bus.Desde la Séptima División del Ejército informaron que a la zona enviaron sus comandos especiales.Lea también: Hallan dos cuerpos decapitados en zona rural de CaucasiaEste hecho se suma al hallazgo de dos cuerpos decapitados en zona rural de Caucasia, también en el Bajo Cauca.