Contraloría advierte que programa ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’ presenta baja ejecución

De acuerdo con la Contraloría, los hallazgos surgieron luego de una revisión detallada a 192 convenios interadministrativos suscritos entre Invías y Juntas de Acción Comunal (JAC) en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño, en el marco de una actuación de control fiscal posterior y selectivo adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura.La auditoría también evidenció un rezago crítico en la ejecución del programa, diseñado para intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales con una inversión proyectada de $8 billones durante el cuatrienio 2022–2026.Sin embargo, a cierre del 31 de diciembre de 2024, solo se habían ejecutado 117,2 kilómetros, lo que equivale al 0,36 % de la meta establecida. Además, de los $4 billones anunciados para las vigencias 2023 y 2024, únicamente se apropiaron $657.000 millones, es decir, el 16,4 % de lo programado.Sobre esta alerta, Luis Fernando Mejía, el contralor delegado para el sector de la infraestructura, se mostró preocupado por la baja ejecución, según relató a Blu Radio.“De esos, digamos que en principio eran 8 y que después se convirtieron en 4 billones, solamente a diciembre de 2024 se habían invertido 657 mil millones de pesos y se habían construido 117 kilómetros de esos 33.000 que se había dicho. Es decir, estas cifras claramente indican que el resultado no es bueno”, señaló.Este informe de la Contraloría también señala que, para la vigencia 2024, Invías suscribió 1.125 convenios solidarios, pero ninguno había sido terminado al cierre del año. Según el informe, 242 estaban en ejecución y 883 suspendidos, debido —de acuerdo con la entidad— a la falta de asignación del Plan Anual Mensualizado de Caja.Finalmente, el ente de control, tras una exhaustiva revisión, concluyó que hubo una deficiente supervisión por parte de Invías tanto en la ejecución de los convenios como en los contratos de interventoría, delegando sin el debido seguimiento la autorización del gasto en interventores y presidentes de las Juntas de Acción Comunal.