Con el decreto 0150 el Gobierno nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por un periodo de 30 días. En los próximos días serán publicados otros decretos con medidas específicas para el recaudo.
Según el Gobierno, un fenómeno atípico asociado a un frente frío provocó lluvias intensas que superaron los promedios históricos entre 130 % y 180 %.
Los datos más recientes indican que 252,233 personas y 69,235 familias resultaron damnificadas, con un saldo de 10 fallecidos.
La infraestructura también se vio afectada, con 11,955 viviendas averiadas y 4,158 destruidas, así como daños en 111 vías, 58 puentes, 91 colegios y 23 centros de salud.
Asegura el gobierno que la crisis hídrica y energética fue crítica, especialmente en los embalses de Urrá I y Playas, que superaron su volumen máximo técnico (103 %), obligando a suspender la generación de energía y activar operaciones de emergencia.
Además, más de 87,000 hectáreas agrícolas se inundaron, afectando la producción cárnica, láctea y de cultivos básicos de pequeños productores.
El Gobierno considera que la situación es “grave, inminente e imprevisible”, con un incremento del 1,150 % en los reportes de emergencia respecto al promedio de los últimos cuatro años.
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La emergencia tiene riesgo sistémico energético, debido a la insolvencia de empresas del Caribe, que acumulan más de $2,5 billones de deuda, y amenaza la continuidad del suministro eléctrico a nivel nacional.
La inseguridad alimentaria afecta a más familias de las que puede atender el programa Hambre Cero, mientras que el estancamiento de aguas y los daños en hospitales rurales elevan el riesgo de enfermedades como dengue, malaria e infecciones respiratorias.
Los mecanismos ordinarios son insuficientes. El presupuesto de 2026 redujo fondos de emergencia en 10 billones de pesos, y los procedimientos administrativos no permiten respuesta inmediata. Por ello, se requiere facultades excepcionales para realizar transferencias monetarias, aliviar deudas de campesinos a través de FINAGRO y modificar regímenes tributarios.
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Entre las medidas extraordinarias, se destacan: transferencias monetarias a hogares damnificados mediante Renta Ciudadana, ampliación de Hambre Cero, condonación de intereses a pequeños productores, recuperación de tierras y manejo hidráulico en zonas rurales inundadas, y protección de la producción de carne y leche.
El decreto también destaca la situación crítica de la Central Hidroeléctrica Urrá, que alcanzó un volumen del 103 % de su capacidad máxima, lo que obligó a suspender temporalmente la generación y realizar descargas controladas para proteger la infraestructura y la población.
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