La denuncia, presentada por su presidente, Pablo Bustos Sánchez, pide investigar al exfuncionario por cuatro presuntos delitos: fraude al sufragante, constreñimiento al sufragante, fraude procesal en grado de tentativa y concierto para delinquir.
Según la denuncia, De Currea-Lugo habría buscado influir en las elecciones presidenciales mediante contactos con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, entre el 23 de mayo y el 13 de junio de 2026, antes de la segunda vuelta del 21 de junio. La veeduría sostiene que la intención habría sido afectar la imagen de Abelardo de la Espriella y favorecer al candidato Iván Cepeda.
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Como pruebas, el documento menciona audios divulgados por la revista Semana, en los que De Currea-Lugo insiste a Mancuso en conceder una entrevista. En una de las grabaciones, de un minuto y trece segundos, afirma que se necesita "un golpe de opinión muy grande" y advierte que, sin eso, "vamos a perder, hermano".
La denuncia también incluye capturas de conversaciones de WhatsApp con diez preguntas dirigidas a Mancuso relacionadas con De la Espriella, preguntando por presuntos vínculos del candidato con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y un eventual papel como intermediario entre sectores legales y esa organización.
Por su parte, Mancuso confirmó que recibió los mensajes, pero aseguró que no respondió las preguntas, no concedió la entrevista ni filtró los audios. Según explicó a Semana, no tenía información que aportar y no estaba dispuesto a participar en señalamientos que no estuvieran respaldados por pruebas, especialmente en medio de una campaña electoral.
Tras la divulgación del material, De Currea-Lugo reconoció que se comunicó con Mancuso en las fechas señaladas, pero aseguró que lo hizo por iniciativa personal para publicar contenido en su página web. Además, negó haber recibido instrucciones de terceros.
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El documento también menciona la trayectoria de De Currea-Lugo en el entorno gubernamental y su relación con la reunión realizada en Valledupar entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, con antiguos comandantes de las AUC, el escándalo del 'pacto de Valledupar'que recordemos que también es objeto de investigaciones.
Finalmente, la veeduría pidió a la Fiscalía establecer si los hechos constituyen los delitos que se encuentran estipulados en el Código Penal, además de evaluar un posible concierto para delinquir.