A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Farc-EP, la Contraloría General de la República en medio de su acto conmemorativo advirtió que su implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural que podría comprometer el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de transformación territorial, desarrollo rural y construcción de paz.
Durante la instalación del Congreso Internacional de Paz, el organismo de control presentó un balance financiero en el que concluyó que el costo real del acuerdo continúa subestimado, debido a que, desde su firma en 2016, el componente financiero no ha sido actualizado, pese a que las metas físicas sí han sufrido modificaciones.
Según el informe presentado por la Contraloría, entre 2017 y 2026 el Estado ha apropiado y ejecutado $138,11 billones, cifra que representa el 65 % de lo proyectado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, frente a las necesidades reales de la Reforma Rural Integral y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), esos recursos apenas cubren el 37 % de los cerca de $331 billones que serían necesarios para cumplir las metas previstas hacia 2031.
La entidad explicó que parte del problema se originó porque el Marco Fiscal de 2017 subestimó el alcance de los PDET, las necesidades de la ruralidad dispersa y contabilizó recursos que ya hacían parte de otras fuentes de financiación. Además, advirtió que, aunque la ley obliga a actualizar periódicamente el costo del acuerdo, el Gobierno solo ha ajustado las metas físicas y no el componente financiero, situación que deja en evidencia el riesgo de desfinanciación.
El organismo también alertó sobre la alta dependencia del Presupuesto General de la Nación, que aporta el 67 % de los recursos destinados a la implementación, así como la limitada participación de las entidades territoriales, la concentración de inversiones en algunos componentes del acuerdo y las dificultades para hacer seguimiento al destino de los recursos públicos.
Pese a la inversión realizada, la entidad señaló que los resultados siguen siendo insuficientes. Entre los indicadores más preocupantes se encuentra la pobreza extrema rural, que en la última década apenas se redujo 0,3 %. Según el informe, de mantenerse el ritmo actual, Colombia tardaría cerca de 29 años más, es decir hasta 2053, en erradicar este fenómeno en las zonas rurales.
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Asimismo, la Contraloría señaló que la persistencia de economías ilícitas, la débil presencia institucional en los territorios y la fragmentación de los grupos armados ilegales han limitado el impacto de la implementación del Acuerdo.
Advirtió, además, que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) podría enfrentar un vacío jurídico a partir de mayo de 2027 si no se adoptan medidas para garantizar su continuidad.
Es por esto por lo que desde el organismo hacen un llamado a fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, mejorar la calidad del gasto público y garantizar mayor transparencia y trazabilidad en la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.
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