En el cementerio San Martín de Aguachica, Cesar, se realizaron exhumaciones en los últimos meses teniendo en cuenta que allí podría haber, al menos, 400 cuerpos de presuntas víctimas de desaparición forzada. Estos cuerpos debían ser trasladados al cementerio central y para eso se le ordenó a la Alcaldía de Aguachica la elaboración del cronograma de labores del traslado, los cuales debían indicar la fecha en la que se realizarían las labores y señalar quiénes iban a constituir el equipo humano idóneo para desarrollar dicha actividad.
En un principio y debido a los continuos incumplimientos para garantizar el traslado, la sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ordenó el arresto por cinco días al alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva; sin embargo, también se realizó una audiencia en la que participó Manosalva y allí se volvió a indagar sobre las acciones que ha tomado su administración para garantizar la protección de los cuerpos.
Después de la intervención de las víctimas, otras entidades y de la alcaldía, los magistrados de la sección consideraron que los argumentos no habían sido suficientes para los reiterativos incumplimientos y de esta manera se ordenó, durante la misma diligencia, el arresto del alcalde.
"Mayor le pediría que conduzca al señor alcalde y nos informe dentro de los tres días siguientes cómo se ejecutó la orden, en qué estación de policía va a ser arrestado, dónde va a cumplir con la sanción y las condiciones de detención que sean obviamente acordes a la dignidad del ser humano, puede retirarlo", le dijo el magistrado Raúl Eduardo Sánchez al mayor Hernán Pérez durante la diligencia.
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