El alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, señaló que esta es una política con la cual el Gobierno se enfoca en cerca de 7 millones de personas que habitan los territorios más golpeados por la violencia y la ilegalidad en zonas rurales del país.
El plan de estabilización comprende una intervención en 11 mil veredas de los 170 municipios priorizados por ser los más golpeados por el conflicto armado de los últimos 50 años en el país.
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"Esos 170 municipios fueron seleccionados atendiendo los criterios más rigurosos como cuáles habían tenido la mayor severidad de la violencia, dónde se concentra la mayor pobreza, cuáles no tienen educación, cuáles están incomunicados y demás", explicó el alto consejero.
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Agregó que "lo que se está asumiendo es una planeación de 10 años con la posibilidad de que haya inclusive 5 años más de estabilización y estamos haciendo todo lo que se necesita para que jurídicamente esa sea la hoja de ruta única y que la tengamos que seguir", puntualizó.
Según la información priorizada, son 6.6 millones de personas que se verían beneficiadas con la política de estabilización de las cuales 2.5 millones de ellas son víctimas de la violencia.
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Los aspectos más importantes de esta política tienen que ver con reparación a víctimas, justicia transicional, la Farc como partido político, todo lo concerniente al tema tierras, reincorporación, lucha contra las drogas y sustitución integral de cultivos ilícitos.
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