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El presidente Gustavo Petro firmó el decreto modificando las condiciones para entregar esquemas de seguridad en el país, especialmente de aquellos funcionarios públicos que ya no están en sus cargos.
Con este decreto se reversa una decisión del expresidente Iván Duque que fue muy polémica y en la cual se entregaba esquema de protección automático a todos aquellos funcionarios que hicieron parte del Consejo de Seguridad Nacional o que hayan avalado extradiciones.
Advierte el decreto que la Unidad Nacional de Protección manifestó desde el mes de febrero que “exservidores públicos que en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad y que hayan tenido bajo su responsabilidad la firma de la extradición, deben recibir la protección no por ostentar un cargo, sino por ser víctimas de situaciones que se deriven de la violencia política, ideológica o por el conflicto armado interno, siempre y cuando se encuentren en un riesgo extraordinario o extremo, determinado mediante el respectivo estudio de evaluación de riesgo”.
“Que, adicionalmente, señala la UNP, en torno a la población referente a quienes suscriben las extradiciones, que el hecho de que algunos servidores públicos asesoren al presidente de la República en temas de seguridad nacional o sobre la extradición de alguna persona, quien en realidad adopta las decisiones es el presidente de la República, de allí que quien funge como tal al dejar el cargo, cuenta con medidas de protección vitalicias”, señaló el decreto.
Por eso, la nueva norma elimina los numerales 11 y 13 que habían sido agregados por el gobierno del expresidente Duque para entregar esquema a miembros del consejo de seguridad Nacional donde, entre otros, están el ministro del Interior, el director del Departamento Administrativo de Presidencia, el jefe de gabinete, entre otros.
También se elimina el numeral 19 que habla de asignación de medidas de protección en razón del riesgo a “líderes religiosos, debidamente certificados por la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior.”
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Al respecto, señaló la UNP que los líderes religiosos: "Pueden enmarcarse según el rol que ejercen en pro de la comunidad, tales como líderes sociales, defensor de derechos humanos, líderes de víctimas, líder de comunidades étnicas, entre otros”.
Finalmente en el decreto firmado por Petro, se establece un régimen de transición, de tal forma que para aquellas personas que hayan recibido protección tras el decreto de Duque, dentro de los 10 días siguientes se deberá realizar una revaluación del nivel del riesgo para ajustar sus esquemas o “de considerarse que no existe ese riesgo, dar por terminadas las medidas de protección”.
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