La Red de Veedurías de Colombia radicó una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá en contra de la jueza segunda penal del Circuito, Nidia Angélica Carrero. La medida busca que se investigue la presunta intervención de la funcionaria dentro del proceso de corrupción conocido como "Marionetas 2", en el cual se encuentran salpicados diversos políticos y exservidores públicos, entre ellos el exsenador Ciro Ramírez.
El desarrollo de la controversia gira en torno a las gestiones que habría realizado el despacho judicial para contar con la presencia de la fiscal Ángela Córdoba Carrera en las audiencias preparatorias del caso, programadas para los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2026.
En la solicitud enviada a la Fiscalía General de la Nación, la jueza pidió la asistencia de Córdoba argumentando su amplio conocimiento previo de las investigaciones y del material probatorio.
"Solicitar que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con carácter urgente, se adelanten las gestiones administrativas necesarias para garantizar la continuidad de la representación del ente acusador durante las sesiones de audiencia preparatoria (...) Para tal efecto, se solicita disponer lo pertinente para autorizar la participación de la doctora Ángela Córdoba Carrera, Fiscal 01 Delegada ante Jueces del Circuito Especializados de la Unidad de Fiscalías Especializadas de Bogotá, en las referidas diligencias", se lee en el documento.
El elemento que genera cuestionamientos dentro del trámite procesal es que la fiscal Córdoba ya no estaba a cargo del caso. Tras la realización de un concurso de méritos, la funcionaria había sido reasignada a otra dependencia de la entidad, por lo que el expediente ya se encontraba en manos de un nuevo fiscal asignado. Sin embargo, el juzgado solicitó su comparecencia en lugar de requerir de manera general la presencia de un delegado del ente acusador.
Frente a estos hechos, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, radicó el recurso señalando posibles violaciones a los principios de imparcialidad, independencia judicial y separación de funciones.
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La veeduría señala que la actuación del juzgado podría constituir una injerencia indebida en las competencias internas de la Fiscalía, alterando el equilibrio procesal entre la acusación y la defensa.
En el mismo documento, la organización ciudadana solicitó a la autoridad disciplinaria estudiar la viabilidad de imponer una suspensión provisional del cargo a la jueza Carrero y con el fin de evitar interferencias en el desarrollo de la investigación disciplinaria.
Adicionalmente, el escrito presentado por la veeduría incluye cuestionamientos frente a actuaciones procesales previas que, según el denunciante, habrían afectado garantías fundamentales relacionadas con la libertad de prensa y de información.
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Ahora, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá deberá determinar si existen méritos probatorios suficientes para avanzar en el proceso e inferir si la funcionaria incurrió en alguna falta sustancial durante sus actuaciones.