La Red de Veedurías de Colombia radicó una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá en contra de la jueza segunda penal del Circuito, Nidia Angélica Carrero. La medida busca que se investigue la presunta intervención de la funcionaria dentro del proceso de corrupción conocido como "Marionetas 2", en el cual se encuentran salpicados diversos políticos y exservidores públicos, entre ellos el exsenador Ciro Ramírez.El desarrollo de la controversia gira en torno a las gestiones que habría realizado el despacho judicial para contar con la presencia de la fiscal Ángela Córdoba Carrera en las audiencias preparatorias del caso, programadas para los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2026.En la solicitud enviada a la Fiscalía General de la Nación, la jueza pidió la asistencia de Córdoba argumentando su amplio conocimiento previo de las investigaciones y del material probatorio."Solicitar que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con carácter urgente, se adelanten las gestiones administrativas necesarias para garantizar la continuidad de la representación del ente acusador durante las sesiones de audiencia preparatoria (...) Para tal efecto, se solicita disponer lo pertinente para autorizar la participación de la doctora Ángela Córdoba Carrera, Fiscal 01 Delegada ante Jueces del Circuito Especializados de la Unidad de Fiscalías Especializadas de Bogotá, en las referidas diligencias", se lee en el documento.El elemento que genera cuestionamientos dentro del trámite procesal es que la fiscal Córdoba ya no estaba a cargo del caso. Tras la realización de un concurso de méritos, la funcionaria había sido reasignada a otra dependencia de la entidad, por lo que el expediente ya se encontraba en manos de un nuevo fiscal asignado. Sin embargo, el juzgado solicitó su comparecencia en lugar de requerir de manera general la presencia de un delegado del ente acusador.Frente a estos hechos, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, radicó el recurso señalando posibles violaciones a los principios de imparcialidad, independencia judicial y separación de funciones.La veeduría señala que la actuación del juzgado podría constituir una injerencia indebida en las competencias internas de la Fiscalía, alterando el equilibrio procesal entre la acusación y la defensa.En el mismo documento, la organización ciudadana solicitó a la autoridad disciplinaria estudiar la viabilidad de imponer una suspensión provisional del cargo a la jueza Carrero y con el fin de evitar interferencias en el desarrollo de la investigación disciplinaria.Adicionalmente, el escrito presentado por la veeduría incluye cuestionamientos frente a actuaciones procesales previas que, según el denunciante, habrían afectado garantías fundamentales relacionadas con la libertad de prensa y de información.Ahora, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá deberá determinar si existen méritos probatorios suficientes para avanzar en el proceso e inferir si la funcionaria incurrió en alguna falta sustancial durante sus actuaciones.
Una nueva pelea entre el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, e integrantes del Centro Democrático, se vivió en la tarde de este miércoles, 15 de abril, en la plenaria del Senado de la República.El motivo fue la presencia nuevamente en el recinto del senador Ciro Ramírez. Cepeda, por segunda vez en la semana, reclamó la presencia del congresista, a pesar de haber sido condenado en primera instancia a 23 años de prisión, por su participación en el entramado de corrupción conocido como Marionetas II.“El señor Ramírez está condenado. El señor Ramírez está en un proceso de apelación, pero viene al Congreso nuevamente y dice esta mañana a través de medios de comunicación que viene a defender las instituciones. Hágame el favor. Usted es una afrenta, señor Ramírez, a este país. Usted es una vergüenza para este país, usted es una vergüenza para este congreso. Usted es un criminal convicto y debe abandonar este recinto”, aseguro Cepeda.Ramírez le contestó con el mismo calificativo y, bastante molesto, le recordó al aspirante presidencial varios hechos polémicos que lo señalan.“Criminal es el que va y recoge a Jesús Santrich en la cárcel, a un criminal y asesino, y lo recogió feliz con la carita sonriendo. Criminal es el que habla aquí en la plenaria del Congreso y recibe llamadas de Iván Márquez, ese que asesinó a Miguel Uribe. Criminal es el que no se refiere a lo que pasó en la cárcel de Itagüí porque tiene relación con la paz, y la paz es la excusa de todo”, le increpó.Cabe recordar que la condena contra el senador Ramírez se encuentra en primera instancia, la cual ya fue apelada, y hasta tanto esta no quede en firme y ejecutoriada, el congresista mantendrá su fuero y su escaño en el legislativo.
En un fallo de 438 páginas, el alto tribunal condenó al senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, dentro del proceso penal que se le seguía por su presunta participación en una red para direccionar contratos públicos a cambio de beneficios políticos y económicos. Según el fallo, el congresista fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con la suscripción y ejecución de un convenio interadministrativo entre el Departamento de Prosperidad Social y la Empresa para el Desarrollo Territorial, Proyecta."Lo anterior, en razón a que se demostró que el acusado lideró una organización criminal de la que hicieron parte funcionarios públicos, particulares y contratistas, a través de la cual se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 —así como de otros contratos derivados del mismo— con el interés de beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política", señala el extenso fallo de la Corte Suprema de Justicia.De acuerdo con la sentencia, se probó que el senador Ciro Alejandro Ramírez habría participado en la estructuración de un acuerdo criminal que tenía como finalidad manipular procesos contractuales para favorecer a determinados contratistas, a cambio de apoyo político y beneficios económicos.Las duras sanciones a Ciro Alejandro Ramírez por el escándalo de las 'Marioneta 2.0'Además de la pena de prisión de 23 años, la Sala de Primera Instancia también impuso la sanción de inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo, además de una millonaria suma que, para la época, asciende a más de 22 mil millones de pesos."Negar al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria, conforme con las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo", señaló el alto tribunal.
La mesa directiva del Senado de la República levantó la suspensión que había aplicado al senador Ciro Ramírez y dio vía libre para el reintegro a sus labores, esto luego de que se revocara la medida de aseguramiento en su contra y recuperara su libertad en medio del proceso conocido como “Marionetas 2.0”.La decisión la dio a conocer el Senado a través de la resolución 385 del 9 de mayo de 2025 en la que argumentó que, al no estar privado de su libertad, desaparecen los fundamentos que llevaron a esa suspensión ordenada en febrero de 2024.El pasado jueves, la Corte Suprema de Justicia había hecho la notificación oficial al Congreso mientras que Ciro Ramírez, con su defensa, envió una carta al actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, solicitando retomar sus labores en el legislativo.“Ciro Ramírez no está condenado, la Corte Suprema levantó la medida de aseguramiento que lo había apartado del cargo. En términos jurídicos, esto significa que desaparece el obstáculo legal para ejercer funciones. Se trata de una garantía constitucional: no es una defensa de personas, sino de principios. Cualquier ciudadano, incluido un congresista, puede ejercer su cargo si no está legalmente inhabilitado”, dijo José Luis Moreno, abogado de Ramírez.El congresista por el Centro Democrático estuvo en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 14 de diciembre de 2023 tras su vinculación una presunta red de corrupción en la que se habrían manipulado contratos del Departamento de Prosperidad Social en Tolima, Quindío y Valle del Cauca durante el gobierno de Iván Duque.
En las últimas horas, se conoció que la defensa de Ciro Alejandro Ramírez, investigado por el escándalo de corrupción conocido como “Marionetas 2.0”, en una comunicación dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, Ramírez pidió su reintegro al Senado tras quedar en libertad provisional por orden de la Corte Suprema de Justicia.En este caso, el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, ya notificó a la Secretaria del Senado la decisión proferida hace unos días por el alto tribunal sobre la libertad de Ramírez.Este es un paso clave para las pretensiones del excongresista, pues el Senado ya tiene las razones expuestas por la Corte para revocar la medida de aseguramiento que pesaba en su contra.“De manera atenta y de conformidad a lo dispuesto en el auto del 2 de mayo de 2025, proferido por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso adelantado contra Ciro Alejandro Ramírez Cortés”, señala el auto.El entonces congresista del Centro Democrático fue suspendido de su cargo mediante la Resolución 240 de la Mesa Directiva del Senado, emitida el 19 de febrero de 2024.Esta suspensión fue consecuencia directa de la medida de aseguramiento impuesta por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el 14 de diciembre de 2023, en el marco de una investigación penal que aún continúa en curso por la presunta participación de Ramírez en el escándalo de corrupción de las 'Marionetas 2.0'.El abogado José Luis Moreno, aseguró que no habría impedimento alguno para que Ciro Ramírez vuelva a sus funciones en el Congreso.“Ciro Ramírez no está condenado, la Corte Suprema levantó la medida de aseguramiento que lo había apartado del cargo. En términos jurídicos, esto significa que desaparece el obstáculo legal para ejercer funciones. Se trata de una garantía constitucional: no es una defensa de personas, sino de principios. Cualquier ciudadano, incluido un congresista, puede ejercer su cargo si no está legalmente inhabilitado”.
Ciro Ramírez solicitó formalmente al presidente del Senado, Efraín Cepeda, su reintegro al Senado de la República, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara la medida de aseguramiento en su contra. Además, el abogado de Ramírez, solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia comunicar la decisión tomada a través de la cual “revocó la medida de aseguramiento” de su defendido para efectuar los tramites correspondientes por parte del Congreso, esto respecto al reintegro del senador al legislativo.“Por medio de la presente respetuosamente quiero solicitarle mi reintegro al cargo de Senador de la República y su respectiva posesión por cuanto fui elegido por el período constitucional”, destaca.El congresista del Centro Democrático fue suspendido de su cargo mediante la Resolución 240 de la Mesa Directiva del Senado, emitida el 19 de febrero de 2024. Esta suspensión fue consecuencia directa de la medida de aseguramiento impuesta por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el 14 de diciembre de 2023, en el marco de una investigación penal que aún continúa en curso por la presunta participación de Ramírez en el escándalo de corrupción de las 'Marionetas 2.0'.En una carta enviada a la Comisión de Ética del Senado, Ciro Ramírez señala que, tras la decisión judicial del pasado 2 de mayo de 2025, finalmente la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema le concedió la libertad. De esta manera, el proceso entra ahora en etapa de juicio, pero sin una medida restrictiva de la libertad vigente, por lo que solicitó su reintegro al Senado.El senador argumenta en su misiva, además, que fue elegido legítimamente para el período 2022-2026 por el partido Centro Democrático, por lo que solicita su reintegro al cargo y la respectiva posesión como senador activo de la República.El excongresista, quien fue acusado de delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, recuperó su libertad luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, concluyera que ya no existe riesgo de obstrucción a la justicia, que fue el argumento que inicialmente justificó su detención.La carta, con fecha del pasado 5 de mayo y firmada por Ciro Ramírez, dice lo siguiente:Señor PresidenteEFRAIN CEPEDA SANABRIAPresidenteSenado de la RepublicaCiudadReferencia: Solicitud de posesión y reintegro al cargo de Senador de la RepúblicaA través de la Resolución de la Mesa Directiva 240 del 19 de febrero de 2024 fui suspendido por la medida de aseguramiento que se profirió en mi contra por parte de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia el día 14 de diciembre de 2023.Por medio de la presente respetuosamente quiero solicitarle mi reintegro al cargo de Senador de la República y su respectiva posesión por cuanto fui elegido por el período constitucional 2022 - 2026 por el partido Centro Democrático.Por medio de la providencia AEP-057 - 2025 del 2 de mayo de 2025 emitido por la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, que anexo a esta solicitud, me fue otorgada la libertad dentro del proceso penal que se lleva en mi contra y actualmente se encuentra en la etapa de juicio.
La Sala de Primera Instancia de este alto tribunal, revocó la medida de aseguramiento que tenía privado de la libertad al exsenador Ciro Ramírez Cortés, investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de las “Marionetas 2.0”.El excongresista, quien fue acusado de delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, recuperará su libertad luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, concluyera que ya no existe riesgo de obstrucción a la justicia, que fue el argumento que inicialmente justificó su detención.De acuerdo con la decisión judicial, las pruebas ya fueron recaudadas en su totalidad y no hay elementos nuevos que justifiquen su permanencia en prisión. La Corte también descartó otorgarle libertad por vencimiento de términos, como había solicitado su defensa.Según el expediente, Ramírez habría influido para direccionar contratos por más de 48.000 millones de pesos entre el DPS y la entidad Proyecta, con el objetivo de favorecer sus intereses políticos y económicos. Parte de estos contratos habrían sido entregados de forma irregular a través de invitaciones privadas, y se habla incluso del pago de dádivas por mil millones de pesos.El caso ahora sigue su curso en etapa de juicio, pero Ramírez podrá afrontarlo en libertad, bajo el compromiso de comparecer ante las autoridades cuando sea requerido lo que significa que el excongresista sigue vinculado al proceso.
El proceso judicial conocido como “Marionetas 2” salpica directamente al exsenador Ciro Ramírez, quien enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía General de la Nación, el excongresista habría actuado como intermediario entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y empresas contratistas para facilitar convenios a cambio de sobornos. En medio de estas acusaciones, aparece el nombre de Katherine Rivera, su exsecretaria, señalada de haber participado en la supuesta red de corrupción.La Fiscalía General de la Nación sostiene que Ciro Ramírez utilizó el convenio 670 de 2021 para favorecer su carrera política en el Quindío, y que Katherine Rivera habría gestionado reuniones y acuerdos irregulares para consolidar ese objetivo. Sin embargo, en las más recientes audiencias, la defensa ha expuesto serias inconsistencias en las pruebas y testimonios en su contra.Uno de los aspectos más polémicos del caso es el testimonio de Pablo Herrera, exgerente de Proyecta Quindío y testigo clave en el proceso. En audiencias anteriores, Pablo Herrera aseguró que sostuvo encuentros con Ciro Ramírez para discutir el convenio 670 y la distribución de recursos. No obstante, el 31 de enero de 2025, bajo juramento, admitió que después del 12 de noviembre de 2021 no se reunió en persona con el exsenador y que sus conversaciones se dieron únicamente a través de WhatsApp, aplicación de la que borraba regularmente sus mensajes. Este testimonio contradice la versión inicial de la Fiscalía General de la Nación y pone en duda la existencia de pruebas documentales que acrediten estas reuniones.Otro testigo clave, Alejandro Noreña, también ha presentado declaraciones contradictorias. En enero de 2024, afirmó que el aumento en los votos de Ciro Ramírez en el Eje Cafetero no tuvo relación con el convenio 670. Sin embargo, en febrero de 2025, cambió su versión y aseguró que sí existió una relación entre los recursos del convenio y la campaña electoral. Cuando fue confrontado por la defensa con sus propias palabras, Alejandro Noreña no pudo explicar la contradicción y alegó no recordar su testimonio anterior.En cuanto a la supuesta entrega de $200 millones a Ciro Ramírez, la Fiscalía General de la Nación ha argumentado que este dinero formaba parte de un esquema de sobornos. Sin embargo, en la audiencia del 31 de enero de 2025, Pablo Herrera declaró que el dinero no fue entregado al exsenador, sino que le fue ofrecido a él directamente. Este cambio en la versión del testigo pone en duda la acusación de enriquecimiento ilícito contra Ciro Ramírez y sugiere que las pruebas podrían no ser lo suficientemente sólidas para sostener una condena.El caso de Katherine Rivera parece haberse debilitado con estas recientes revelaciones, ya que no hay pruebas concluyentes de que haya gestionado reuniones irregulares o intervenido directamente en la firma del convenio 670. No obstante, la Fiscalía General de la Nación mantiene su postura de que existió un plan orquestado para desviar recursos y favorecer políticamente a Ciro Ramírez.Con estas nuevas contradicciones y vacíos probatorios expuestos en las audiencias, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir el futuro de Ciro Ramírez. En los próximos meses, se conocerá si las pruebas presentadas son suficientes para condenarlo o si, por el contrario, será absuelto de los cargos en su contra.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia condenar al exsenador Ciro Ramírez. De acuerdo con los alegatos finales presentados ante la Corte Suprema de Justicia, Cortes habría influido en la celebración del contrato No. 670 de 2021 entre el Departamento para la Prosperidad Social y la empresa estatal Proyecta, por un valor de $48.660 millones de pesos. Le puede interesar: Según la investigación, este acuerdo tenía como objetivo favorecer a aliados políticos y empresarios cercanos al excongresista en varias regiones del país.En el documento de 33 páginas, el Ministerio Público señaló que “la finalidad del entonces senador en la gestión del contrato en cuestión no estaba dirigida al servicio de los intereses de la población beneficiaria con las obras, por el contrario, quedó en evidencia un interés notoriamente indebido que se cristalizó desde la etapa inicial (reuniones con el entonces director del -DPS-, gerente y asesor de -Proyecta-, y, contratistas) y hasta el momento en que pretendía un finpolítico-electoral y económico con la contratación”.El exsenador enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La Procuraduría sostiene que Ramírez Cortés manipuló la asignación de contratos derivados del acuerdo con el DPS para beneficiar a empresarios específicos en Tolima y Quindío, a cambio de apoyo electoral en los comicios de 2022.Entre las pruebas presentadas, se incluyen mensajes de texto, registros de reuniones, interceptaciones telefónicas y testimonios de exfuncionarios que aseguran haber participado en reuniones donde se acordó el direccionamiento de contratos a empresas específicas.Uno de los testigos clave, Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta, afirmó que los contratos de obra fueron direccionados a grupos empresariales cercanos a Ramírez Cortés, con el propósito de asegurar su apoyo electoral.
La Corte Suprema de Justicia negó la libertad por vencimiento de términos al exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien está siendo juzgado y permanece en la cárcel La Picota, por el escándalo de corrupción Marionetas 2.0.“Denegar la solicitud de libertad por vencimiento de términos invocada por la defensa de Ciro Ramirez”, dice el fallo.La segunda decisión que tomó el alto tribunal fue expresar a la defensa del exparlamentario que frente al fallo, podían apelar: “contra este proveído proceden los recursos de reposición y apelación, en los términos de los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000”.Esta decisión fue tomada bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, que argumentó que no se cumplían los términos necesarios para conceder la libertad por vencimiento de términos, según lo estipulado en la legislación vigente.El fallo judicial, que se basa en los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000, permite a la defensa de Ramírez Cortés interponer recursos de reposición y apelación. Estos recursos son mecanismos legales que podrían ser utilizados para intentar revertir la decisión del tribunal, aunque no garantizan un cambio en el resultado.Visitas, contratos y testimonios llevaron al senador Ciro Ramírez a la cárcel por presuntamente haber conformado una red de corrupción que tenía el objetivo de embolsillarse dineros públicos, a través de contratos amañados e, incluso, de aumentar su capital electoral en diferentes regiones del país.El congresista del Centro Democrático se encuentra investigado por el contrato 670 de 2021, que firmó el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) con la empresa Proyecta Quindío. Ese convenio se firmó entre el 8 y el 12 de noviembre por un valor de 48.660 millones de pesos.Ese contrato habría sido inspirado en otro, según la Corte, bajo el número 501, con el que se había hecho un direccionamiento de otros contratos. La idea, al parecer, era replicar esa artimaña para constituir una gerencia que beneficiara a Ramírez en las regiones donde tenía capital electoral.
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
