La Red de Veedurías de Colombia radicó una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá en contra de la jueza segunda penal del Circuito, Nidia Angélica Carrero. La medida busca que se investigue la presunta intervención de la funcionaria dentro del proceso de corrupción conocido como "Marionetas 2", en el cual se encuentran salpicados diversos políticos y exservidores públicos, entre ellos el exsenador Ciro Ramírez.El desarrollo de la controversia gira en torno a las gestiones que habría realizado el despacho judicial para contar con la presencia de la fiscal Ángela Córdoba Carrera en las audiencias preparatorias del caso, programadas para los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2026.En la solicitud enviada a la Fiscalía General de la Nación, la jueza pidió la asistencia de Córdoba argumentando su amplio conocimiento previo de las investigaciones y del material probatorio."Solicitar que, en el ámbito de sus respectivas competencias y con carácter urgente, se adelanten las gestiones administrativas necesarias para garantizar la continuidad de la representación del ente acusador durante las sesiones de audiencia preparatoria (...) Para tal efecto, se solicita disponer lo pertinente para autorizar la participación de la doctora Ángela Córdoba Carrera, Fiscal 01 Delegada ante Jueces del Circuito Especializados de la Unidad de Fiscalías Especializadas de Bogotá, en las referidas diligencias", se lee en el documento.El elemento que genera cuestionamientos dentro del trámite procesal es que la fiscal Córdoba ya no estaba a cargo del caso. Tras la realización de un concurso de méritos, la funcionaria había sido reasignada a otra dependencia de la entidad, por lo que el expediente ya se encontraba en manos de un nuevo fiscal asignado. Sin embargo, el juzgado solicitó su comparecencia en lugar de requerir de manera general la presencia de un delegado del ente acusador.Frente a estos hechos, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, radicó el recurso señalando posibles violaciones a los principios de imparcialidad, independencia judicial y separación de funciones.La veeduría señala que la actuación del juzgado podría constituir una injerencia indebida en las competencias internas de la Fiscalía, alterando el equilibrio procesal entre la acusación y la defensa.En el mismo documento, la organización ciudadana solicitó a la autoridad disciplinaria estudiar la viabilidad de imponer una suspensión provisional del cargo a la jueza Carrero y con el fin de evitar interferencias en el desarrollo de la investigación disciplinaria.Adicionalmente, el escrito presentado por la veeduría incluye cuestionamientos frente a actuaciones procesales previas que, según el denunciante, habrían afectado garantías fundamentales relacionadas con la libertad de prensa y de información.Ahora, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá deberá determinar si existen méritos probatorios suficientes para avanzar en el proceso e inferir si la funcionaria incurrió en alguna falta sustancial durante sus actuaciones.
Una nueva pelea entre el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, e integrantes del Centro Democrático, se vivió en la tarde de este miércoles, 15 de abril, en la plenaria del Senado de la República.El motivo fue la presencia nuevamente en el recinto del senador Ciro Ramírez. Cepeda, por segunda vez en la semana, reclamó la presencia del congresista, a pesar de haber sido condenado en primera instancia a 23 años de prisión, por su participación en el entramado de corrupción conocido como Marionetas II.“El señor Ramírez está condenado. El señor Ramírez está en un proceso de apelación, pero viene al Congreso nuevamente y dice esta mañana a través de medios de comunicación que viene a defender las instituciones. Hágame el favor. Usted es una afrenta, señor Ramírez, a este país. Usted es una vergüenza para este país, usted es una vergüenza para este congreso. Usted es un criminal convicto y debe abandonar este recinto”, aseguro Cepeda.Ramírez le contestó con el mismo calificativo y, bastante molesto, le recordó al aspirante presidencial varios hechos polémicos que lo señalan.“Criminal es el que va y recoge a Jesús Santrich en la cárcel, a un criminal y asesino, y lo recogió feliz con la carita sonriendo. Criminal es el que habla aquí en la plenaria del Congreso y recibe llamadas de Iván Márquez, ese que asesinó a Miguel Uribe. Criminal es el que no se refiere a lo que pasó en la cárcel de Itagüí porque tiene relación con la paz, y la paz es la excusa de todo”, le increpó.Cabe recordar que la condena contra el senador Ramírez se encuentra en primera instancia, la cual ya fue apelada, y hasta tanto esta no quede en firme y ejecutoriada, el congresista mantendrá su fuero y su escaño en el legislativo.
En un fallo de 438 páginas, el alto tribunal condenó al senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, dentro del proceso penal que se le seguía por su presunta participación en una red para direccionar contratos públicos a cambio de beneficios políticos y económicos. Según el fallo, el congresista fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con la suscripción y ejecución de un convenio interadministrativo entre el Departamento de Prosperidad Social y la Empresa para el Desarrollo Territorial, Proyecta."Lo anterior, en razón a que se demostró que el acusado lideró una organización criminal de la que hicieron parte funcionarios públicos, particulares y contratistas, a través de la cual se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 —así como de otros contratos derivados del mismo— con el interés de beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política", señala el extenso fallo de la Corte Suprema de Justicia.De acuerdo con la sentencia, se probó que el senador Ciro Alejandro Ramírez habría participado en la estructuración de un acuerdo criminal que tenía como finalidad manipular procesos contractuales para favorecer a determinados contratistas, a cambio de apoyo político y beneficios económicos.Las duras sanciones a Ciro Alejandro Ramírez por el escándalo de las 'Marioneta 2.0'Además de la pena de prisión de 23 años, la Sala de Primera Instancia también impuso la sanción de inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo, además de una millonaria suma que, para la época, asciende a más de 22 mil millones de pesos."Negar al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria, conforme con las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo", señaló el alto tribunal.
La mesa directiva del Senado de la República levantó la suspensión que había aplicado al senador Ciro Ramírez y dio vía libre para el reintegro a sus labores, esto luego de que se revocara la medida de aseguramiento en su contra y recuperara su libertad en medio del proceso conocido como “Marionetas 2.0”.La decisión la dio a conocer el Senado a través de la resolución 385 del 9 de mayo de 2025 en la que argumentó que, al no estar privado de su libertad, desaparecen los fundamentos que llevaron a esa suspensión ordenada en febrero de 2024.El pasado jueves, la Corte Suprema de Justicia había hecho la notificación oficial al Congreso mientras que Ciro Ramírez, con su defensa, envió una carta al actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, solicitando retomar sus labores en el legislativo.“Ciro Ramírez no está condenado, la Corte Suprema levantó la medida de aseguramiento que lo había apartado del cargo. En términos jurídicos, esto significa que desaparece el obstáculo legal para ejercer funciones. Se trata de una garantía constitucional: no es una defensa de personas, sino de principios. Cualquier ciudadano, incluido un congresista, puede ejercer su cargo si no está legalmente inhabilitado”, dijo José Luis Moreno, abogado de Ramírez.El congresista por el Centro Democrático estuvo en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 14 de diciembre de 2023 tras su vinculación una presunta red de corrupción en la que se habrían manipulado contratos del Departamento de Prosperidad Social en Tolima, Quindío y Valle del Cauca durante el gobierno de Iván Duque.
En las últimas horas, se conoció que la defensa de Ciro Alejandro Ramírez, investigado por el escándalo de corrupción conocido como “Marionetas 2.0”, en una comunicación dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, Ramírez pidió su reintegro al Senado tras quedar en libertad provisional por orden de la Corte Suprema de Justicia.En este caso, el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, ya notificó a la Secretaria del Senado la decisión proferida hace unos días por el alto tribunal sobre la libertad de Ramírez.Este es un paso clave para las pretensiones del excongresista, pues el Senado ya tiene las razones expuestas por la Corte para revocar la medida de aseguramiento que pesaba en su contra.“De manera atenta y de conformidad a lo dispuesto en el auto del 2 de mayo de 2025, proferido por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso adelantado contra Ciro Alejandro Ramírez Cortés”, señala el auto.El entonces congresista del Centro Democrático fue suspendido de su cargo mediante la Resolución 240 de la Mesa Directiva del Senado, emitida el 19 de febrero de 2024.Esta suspensión fue consecuencia directa de la medida de aseguramiento impuesta por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el 14 de diciembre de 2023, en el marco de una investigación penal que aún continúa en curso por la presunta participación de Ramírez en el escándalo de corrupción de las 'Marionetas 2.0'.El abogado José Luis Moreno, aseguró que no habría impedimento alguno para que Ciro Ramírez vuelva a sus funciones en el Congreso.“Ciro Ramírez no está condenado, la Corte Suprema levantó la medida de aseguramiento que lo había apartado del cargo. En términos jurídicos, esto significa que desaparece el obstáculo legal para ejercer funciones. Se trata de una garantía constitucional: no es una defensa de personas, sino de principios. Cualquier ciudadano, incluido un congresista, puede ejercer su cargo si no está legalmente inhabilitado”.
Ciro Ramírez solicitó formalmente al presidente del Senado, Efraín Cepeda, su reintegro al Senado de la República, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara la medida de aseguramiento en su contra. Además, el abogado de Ramírez, solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia comunicar la decisión tomada a través de la cual “revocó la medida de aseguramiento” de su defendido para efectuar los tramites correspondientes por parte del Congreso, esto respecto al reintegro del senador al legislativo.“Por medio de la presente respetuosamente quiero solicitarle mi reintegro al cargo de Senador de la República y su respectiva posesión por cuanto fui elegido por el período constitucional”, destaca.El congresista del Centro Democrático fue suspendido de su cargo mediante la Resolución 240 de la Mesa Directiva del Senado, emitida el 19 de febrero de 2024. Esta suspensión fue consecuencia directa de la medida de aseguramiento impuesta por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el 14 de diciembre de 2023, en el marco de una investigación penal que aún continúa en curso por la presunta participación de Ramírez en el escándalo de corrupción de las 'Marionetas 2.0'.En una carta enviada a la Comisión de Ética del Senado, Ciro Ramírez señala que, tras la decisión judicial del pasado 2 de mayo de 2025, finalmente la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema le concedió la libertad. De esta manera, el proceso entra ahora en etapa de juicio, pero sin una medida restrictiva de la libertad vigente, por lo que solicitó su reintegro al Senado.El senador argumenta en su misiva, además, que fue elegido legítimamente para el período 2022-2026 por el partido Centro Democrático, por lo que solicita su reintegro al cargo y la respectiva posesión como senador activo de la República.El excongresista, quien fue acusado de delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, recuperó su libertad luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, concluyera que ya no existe riesgo de obstrucción a la justicia, que fue el argumento que inicialmente justificó su detención.La carta, con fecha del pasado 5 de mayo y firmada por Ciro Ramírez, dice lo siguiente:Señor PresidenteEFRAIN CEPEDA SANABRIAPresidenteSenado de la RepublicaCiudadReferencia: Solicitud de posesión y reintegro al cargo de Senador de la RepúblicaA través de la Resolución de la Mesa Directiva 240 del 19 de febrero de 2024 fui suspendido por la medida de aseguramiento que se profirió en mi contra por parte de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia el día 14 de diciembre de 2023.Por medio de la presente respetuosamente quiero solicitarle mi reintegro al cargo de Senador de la República y su respectiva posesión por cuanto fui elegido por el período constitucional 2022 - 2026 por el partido Centro Democrático.Por medio de la providencia AEP-057 - 2025 del 2 de mayo de 2025 emitido por la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, que anexo a esta solicitud, me fue otorgada la libertad dentro del proceso penal que se lleva en mi contra y actualmente se encuentra en la etapa de juicio.
La Sala de Primera Instancia de este alto tribunal, revocó la medida de aseguramiento que tenía privado de la libertad al exsenador Ciro Ramírez Cortés, investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de las “Marionetas 2.0”.El excongresista, quien fue acusado de delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, recuperará su libertad luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, concluyera que ya no existe riesgo de obstrucción a la justicia, que fue el argumento que inicialmente justificó su detención.De acuerdo con la decisión judicial, las pruebas ya fueron recaudadas en su totalidad y no hay elementos nuevos que justifiquen su permanencia en prisión. La Corte también descartó otorgarle libertad por vencimiento de términos, como había solicitado su defensa.Según el expediente, Ramírez habría influido para direccionar contratos por más de 48.000 millones de pesos entre el DPS y la entidad Proyecta, con el objetivo de favorecer sus intereses políticos y económicos. Parte de estos contratos habrían sido entregados de forma irregular a través de invitaciones privadas, y se habla incluso del pago de dádivas por mil millones de pesos.El caso ahora sigue su curso en etapa de juicio, pero Ramírez podrá afrontarlo en libertad, bajo el compromiso de comparecer ante las autoridades cuando sea requerido lo que significa que el excongresista sigue vinculado al proceso.
El proceso judicial conocido como “Marionetas 2” salpica directamente al exsenador Ciro Ramírez, quien enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía General de la Nación, el excongresista habría actuado como intermediario entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y empresas contratistas para facilitar convenios a cambio de sobornos. En medio de estas acusaciones, aparece el nombre de Katherine Rivera, su exsecretaria, señalada de haber participado en la supuesta red de corrupción.La Fiscalía General de la Nación sostiene que Ciro Ramírez utilizó el convenio 670 de 2021 para favorecer su carrera política en el Quindío, y que Katherine Rivera habría gestionado reuniones y acuerdos irregulares para consolidar ese objetivo. Sin embargo, en las más recientes audiencias, la defensa ha expuesto serias inconsistencias en las pruebas y testimonios en su contra.Uno de los aspectos más polémicos del caso es el testimonio de Pablo Herrera, exgerente de Proyecta Quindío y testigo clave en el proceso. En audiencias anteriores, Pablo Herrera aseguró que sostuvo encuentros con Ciro Ramírez para discutir el convenio 670 y la distribución de recursos. No obstante, el 31 de enero de 2025, bajo juramento, admitió que después del 12 de noviembre de 2021 no se reunió en persona con el exsenador y que sus conversaciones se dieron únicamente a través de WhatsApp, aplicación de la que borraba regularmente sus mensajes. Este testimonio contradice la versión inicial de la Fiscalía General de la Nación y pone en duda la existencia de pruebas documentales que acrediten estas reuniones.Otro testigo clave, Alejandro Noreña, también ha presentado declaraciones contradictorias. En enero de 2024, afirmó que el aumento en los votos de Ciro Ramírez en el Eje Cafetero no tuvo relación con el convenio 670. Sin embargo, en febrero de 2025, cambió su versión y aseguró que sí existió una relación entre los recursos del convenio y la campaña electoral. Cuando fue confrontado por la defensa con sus propias palabras, Alejandro Noreña no pudo explicar la contradicción y alegó no recordar su testimonio anterior.En cuanto a la supuesta entrega de $200 millones a Ciro Ramírez, la Fiscalía General de la Nación ha argumentado que este dinero formaba parte de un esquema de sobornos. Sin embargo, en la audiencia del 31 de enero de 2025, Pablo Herrera declaró que el dinero no fue entregado al exsenador, sino que le fue ofrecido a él directamente. Este cambio en la versión del testigo pone en duda la acusación de enriquecimiento ilícito contra Ciro Ramírez y sugiere que las pruebas podrían no ser lo suficientemente sólidas para sostener una condena.El caso de Katherine Rivera parece haberse debilitado con estas recientes revelaciones, ya que no hay pruebas concluyentes de que haya gestionado reuniones irregulares o intervenido directamente en la firma del convenio 670. No obstante, la Fiscalía General de la Nación mantiene su postura de que existió un plan orquestado para desviar recursos y favorecer políticamente a Ciro Ramírez.Con estas nuevas contradicciones y vacíos probatorios expuestos en las audiencias, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir el futuro de Ciro Ramírez. En los próximos meses, se conocerá si las pruebas presentadas son suficientes para condenarlo o si, por el contrario, será absuelto de los cargos en su contra.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia condenar al exsenador Ciro Ramírez. De acuerdo con los alegatos finales presentados ante la Corte Suprema de Justicia, Cortes habría influido en la celebración del contrato No. 670 de 2021 entre el Departamento para la Prosperidad Social y la empresa estatal Proyecta, por un valor de $48.660 millones de pesos. Le puede interesar: Según la investigación, este acuerdo tenía como objetivo favorecer a aliados políticos y empresarios cercanos al excongresista en varias regiones del país.En el documento de 33 páginas, el Ministerio Público señaló que “la finalidad del entonces senador en la gestión del contrato en cuestión no estaba dirigida al servicio de los intereses de la población beneficiaria con las obras, por el contrario, quedó en evidencia un interés notoriamente indebido que se cristalizó desde la etapa inicial (reuniones con el entonces director del -DPS-, gerente y asesor de -Proyecta-, y, contratistas) y hasta el momento en que pretendía un finpolítico-electoral y económico con la contratación”.El exsenador enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La Procuraduría sostiene que Ramírez Cortés manipuló la asignación de contratos derivados del acuerdo con el DPS para beneficiar a empresarios específicos en Tolima y Quindío, a cambio de apoyo electoral en los comicios de 2022.Entre las pruebas presentadas, se incluyen mensajes de texto, registros de reuniones, interceptaciones telefónicas y testimonios de exfuncionarios que aseguran haber participado en reuniones donde se acordó el direccionamiento de contratos a empresas específicas.Uno de los testigos clave, Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta, afirmó que los contratos de obra fueron direccionados a grupos empresariales cercanos a Ramírez Cortés, con el propósito de asegurar su apoyo electoral.
La Corte Suprema de Justicia negó la libertad por vencimiento de términos al exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien está siendo juzgado y permanece en la cárcel La Picota, por el escándalo de corrupción Marionetas 2.0.“Denegar la solicitud de libertad por vencimiento de términos invocada por la defensa de Ciro Ramirez”, dice el fallo.La segunda decisión que tomó el alto tribunal fue expresar a la defensa del exparlamentario que frente al fallo, podían apelar: “contra este proveído proceden los recursos de reposición y apelación, en los términos de los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000”.Esta decisión fue tomada bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, que argumentó que no se cumplían los términos necesarios para conceder la libertad por vencimiento de términos, según lo estipulado en la legislación vigente.El fallo judicial, que se basa en los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000, permite a la defensa de Ramírez Cortés interponer recursos de reposición y apelación. Estos recursos son mecanismos legales que podrían ser utilizados para intentar revertir la decisión del tribunal, aunque no garantizan un cambio en el resultado.Visitas, contratos y testimonios llevaron al senador Ciro Ramírez a la cárcel por presuntamente haber conformado una red de corrupción que tenía el objetivo de embolsillarse dineros públicos, a través de contratos amañados e, incluso, de aumentar su capital electoral en diferentes regiones del país.El congresista del Centro Democrático se encuentra investigado por el contrato 670 de 2021, que firmó el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) con la empresa Proyecta Quindío. Ese convenio se firmó entre el 8 y el 12 de noviembre por un valor de 48.660 millones de pesos.Ese contrato habría sido inspirado en otro, según la Corte, bajo el número 501, con el que se había hecho un direccionamiento de otros contratos. La idea, al parecer, era replicar esa artimaña para constituir una gerencia que beneficiara a Ramírez en las regiones donde tenía capital electoral.
Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 88 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.
El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.
