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El proceso judicial conocido como “Marionetas 2” salpica directamente al exsenador Ciro Ramírez, quien enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Según la Fiscalía General de la Nación, el excongresista habría actuado como intermediario entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y empresas contratistas para facilitar convenios a cambio de sobornos. En medio de estas acusaciones, aparece el nombre de Katherine Rivera, su exsecretaria, señalada de haber participado en la supuesta red de corrupción.
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La Fiscalía General de la Nación sostiene que Ciro Ramírez utilizó el convenio 670 de 2021 para favorecer su carrera política en el Quindío, y que Katherine Rivera habría gestionado reuniones y acuerdos irregulares para consolidar ese objetivo. Sin embargo, en las más recientes audiencias, la defensa ha expuesto serias inconsistencias en las pruebas y testimonios en su contra.
Uno de los aspectos más polémicos del caso es el testimonio de Pablo Herrera, exgerente de Proyecta Quindío y testigo clave en el proceso. En audiencias anteriores, Pablo Herrera aseguró que sostuvo encuentros con Ciro Ramírez para discutir el convenio 670 y la distribución de recursos. No obstante, el 31 de enero de 2025, bajo juramento, admitió que después del 12 de noviembre de 2021 no se reunió en persona con el exsenador y que sus conversaciones se dieron únicamente a través de WhatsApp, aplicación de la que borraba regularmente sus mensajes. Este testimonio contradice la versión inicial de la Fiscalía General de la Nación y pone en duda la existencia de pruebas documentales que acrediten estas reuniones.
Otro testigo clave, Alejandro Noreña, también ha presentado declaraciones contradictorias. En enero de 2024, afirmó que el aumento en los votos de Ciro Ramírez en el Eje Cafetero no tuvo relación con el convenio 670. Sin embargo, en febrero de 2025, cambió su versión y aseguró que sí existió una relación entre los recursos del convenio y la campaña electoral. Cuando fue confrontado por la defensa con sus propias palabras, Alejandro Noreña no pudo explicar la contradicción y alegó no recordar su testimonio anterior.
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En cuanto a la supuesta entrega de $200 millones a Ciro Ramírez, la Fiscalía General de la Nación ha argumentado que este dinero formaba parte de un esquema de sobornos. Sin embargo, en la audiencia del 31 de enero de 2025, Pablo Herrera declaró que el dinero no fue entregado al exsenador, sino que le fue ofrecido a él directamente. Este cambio en la versión del testigo pone en duda la acusación de enriquecimiento ilícito contra Ciro Ramírez y sugiere que las pruebas podrían no ser lo suficientemente sólidas para sostener una condena.
El caso de Katherine Rivera parece haberse debilitado con estas recientes revelaciones, ya que no hay pruebas concluyentes de que haya gestionado reuniones irregulares o intervenido directamente en la firma del convenio 670. No obstante, la Fiscalía General de la Nación mantiene su postura de que existió un plan orquestado para desviar recursos y favorecer políticamente a Ciro Ramírez.
Con estas nuevas contradicciones y vacíos probatorios expuestos en las audiencias, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir el futuro de Ciro Ramírez. En los próximos meses, se conocerá si las pruebas presentadas son suficientes para condenarlo o si, por el contrario, será absuelto de los cargos en su contra.
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