No para la controversia entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons después de que el ministro Álvaro Leyva, decidiera declarar desierta la licitación para adjudicar el servicio de elaboración y distribución de los pasaportes en el país.
El 24 de octubre, se conoció un documento en el que Thomas Greg & Sons radicó ante la Procuraduríauna solicitud de conciliación extrajudicial con la Cancillería, como paso previo a lo que podría ser una posible demanda que terminaría en un multimillonario costo para la nación.
Thomas Greg expresó siete pretensiones, entre las cuales, las primeras son que se revoquen las resoluciones en las que se declara desierto el proceso para que le entreguen el contrato que tenía un valor cercano a los 600.000 millones de pesos.
Si lo anterior no ocurre, la firma solicita que se condene al Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores a pagar una suma de 107.507 millones de pesos que corresponde a la suma de las ganancias que habrían obtenido de la ejecución del contrato, pero además advierte que pediría otros $10.000 millones por el daño reputacional a la empresa.
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Posteriormente, la Procuraduría General dio fijo para este jueves 30 de noviembre la fecha de conciliación extrajudicial entre las partes, la cual terminó antes del mediodía por un aplazamiento que abre la ventana a una conciliación.
La audiencia entre la Cancillería y la UT Pasaportes 2023 (conformada por Thomas Greg) por el tema de a licitación para pasaportes se suspendió porque, según fuentes del proceso consultadas por Blu Radio, hay apertura del Gobierno de buscar una conciliación por lo que la misma se retomará el 15 diciembre para evaluar la propuesta de la Unión Temporal.
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Según informó la Procuraduría, entidad ante la que se presentó la solicitud de conciliación, Thomas Greg propuso como fórmula conciliatoria, retirar como pretensión la suma de 10.000 millones de indemnización por consecuencia de los perjuicios y el daño reputacional, siempre y cuando que la Cancillería y su fondo rotatorio acceden a revocar el acto administrativo que declaró desierta la licitación de pasaportes y permiten la ejecución del contrato por la Unión temporal como único oferente con puntaje favorable.
En dicha fórmula, además, la multinacional propuso otras variables que, cuantificadas sumarían 3.710 millones de pesos a favor de la Cancillería, distribuidos de la siguiente manera: un grupo de bienes de activos que a la fecha se encuentran en comodato y que tendrían que ser retornados por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Unión Temporal, consecuencia de la ejecución y cumplimiento de obligaciones del contrato al declararlo desierto, por una suma de $12.388.404.
La segunda variable pretende otorgar un mes de servicio de formalización sin costo alguno; es decir si se autoriza la ejecución del contrato se entregaría un mes del servicio. De acuerdo con Thomas Greg, el promedio de formalizaciones que se hacen por mes es de 45 mil, y cada una está tasada en 7.973 pesos, lo que sumaría $358.785.000 pesos.
Dentro de la propuesta también se incluye habilitar de manera permanente la planta de contingencia ubicada en Miami, ofrecimiento que se da por la alta demanda de pasaportes que existe en Estados Unidos. Permitir la operación de dicha planta tiene un costo de 3.000 millones de pesos. Por último, para que la Cancillería pueda tener una mayor disposición de documentos de identificación de los ciudadanos colombianos en el exterior, ofrecen 5.000 libretas adicionales a las pactadas en el contrato, por $339.175.000.
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