La designación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como encargado de la Superintendencia del Subsidio Familiar, sin dejar sus funciones en el Ministerio, generó el rechazo de la Federación del Sistema de Seguridad Social (FESSS), organización que reúne sindicatos de las Cajas de Compensación Familiar.
A través de un comunicado, la federación cuestionó el decreto 0649 del 26 de junio de 2026, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia, al considerar que la decisión desconoce el régimen de incompatibilidades y concentra en un mismo funcionario funciones de dirección, inspección, vigilancia y control que, por ley, deben permanecer separadas.
Según la organización, el Ministerio del Trabajo define políticas y realiza designaciones relacionadas con el sistema de subsidio familiar, mientras que la Superintendencia es la entidad encargada de vigilar, revisar y controlar el cumplimiento de esas decisiones. En ese sentido, advirtió que una misma persona no puede ejercer simultáneamente funciones sobre actos que posteriormente debe supervisar o autorizar.
La FESSS también argumentó que ambos cargos demandan dedicación de tiempo completo y responsabilidades de alto nivel, por lo que considera materialmente imposible ejercer de manera simultánea las funciones del Ministerio y de la Superintendencia sin afectar la gestión de ambas entidades.
En el comunicado, la federación recordó que el Consejo de Estado ha señalado que la figura del encargo no puede utilizarse para permitir la acumulación permanente de funciones correspondientes a dos empleos públicos diferentes.
Además, aseguró que existen investigaciones, procesos judiciales y denuncias relacionadas con actuaciones del Ministerio del Trabajo sobre la designación de representantes de los trabajadores en los consejos directivos de las Cajas de Compensación Familiar. Como soporte, anexó una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por una funcionaria de carrera de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la que se denuncian presuntas irregularidades en esos procesos y posibles conductas disciplinarias y penales de algunos funcionarios.
Frente a este panorama, la FESSS solicitó la derogatoria o modificación inmediata del Decreto 0649 de 2026, el nombramiento de un superintendente en propiedad o en encargo que ejerza el cargo con autonomía e independencia, y la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Departamento Administrativo de la Función Pública para verificar la legalidad del acto administrativo.
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Al debate también se sumó la exsenadora María Fernanda Cabal, quien, a través de su cuenta en la red social X, cuestionó la decisión del Gobierno al señalar que el ministro de Trabajo queda encargado de la Superintendencia del Subsidio Familiar sin separarse de su cargo, lo que, según afirmó, convierte al mismo funcionario en responsable de gestionar políticas desde el Ministerio y, al mismo tiempo, de ejercer vigilancia sobre ellas desde la Superintendencia.
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