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Polémica por licencia social que comisión de fracking pidió para proyectos exploratorios

Algunos expertos señalaron que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado establecieron que los recursos naturales están en cabeza del Estado.

327623_BLU Radio // Fracking // Foto: AFP
BLU Radio // Fracking // Foto: AFP

Una de las conclusiones más importantes de la comisión de expertos sobre fracking fue que para los proyectos piloto de exploración se debe tener una licencia social y contar con el aval de las comunidades. Sin embargo, la sentencia SU-095 de 2018 de la Corte Constitucional sentó un precedente en el pleito de Mansoravar Energy con el municipio de Cumaral, Meta.

Según la corte, las comunidades no pueden impedir la explotación de recursos naturales vía consultas populares en la línea del argumento de que los recursos del subsuelo no pertenecen a las regiones en donde se encuentran, sino al Estado y a la totalidad de los ciudadanos.

El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, explicó el posible vacío. “Lo que hizo la comisión fue dar una luz verde a que se haga un proyecto piloto de exploración que estarían sometidos a una serie de condiciones incluyendo la de que la comunidad debe dar su licenciamiento a esos proyectos. Esa condición la encuentro interesante y justa pero muy compleja porque va a contrapelo de la reciente sentencia de la Corte que invalidó la consulta popular para el caso de la minería, el petróleo, etcétera por considerar que esa es una decisión del orden nacional”, señaló.

Vea también: Expertos plantean que debe haber aval de comunidades para hacer fracking

El fracking, al entenderse como una técnica de explotación de petróleo y gas concentrado en rocas a cientos de metros debajo de la tierra, también podría considerarse como una prioridad del orden nacional a pesar de la negativa de las comunidades, y hasta ahora los expertos de la comisión no entregaron detalles sobre cómo podría resolverse esa pugna.

Otra de las conclusiones de Rodríguez en la que coincidió la comisión es que la autoridad ambiental no está lista para hacerle vigilancia y seguimiento a este tipo de proyectos. “La mayoría de funcionarios de la ANLA están por prestación de servicios, eso es un desastre porque son personas que no tienen una trayectoria y una identidad con la entidad y eso no permite hacer un buen trabajo”, dijo.

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Todo el informe será entregado a los ministerios de Minas y Ambiente la próxima semana y solo hace falta la decisión del Consejo de Estado sobre el recurso de súplica del gobierno para que en Colombia se empiece a gestionar el primer piloto de fracturación hidráulica.

 

 

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