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Las razones de Justicia Militar para proponer Comisión Internacional contra la impunidad en el país

La justicia penal militar y policial propuso al Ministerio de Justicia adecuar esa jurisdicción a los estándares internacionales con varias líneas de trabajo

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Foto: AFP

A través de una carta, José Reyes Rodríguez, director de la Unidad Administrativa EspecialDe la Justicia Penal Militar y Policial, le envió una serie de recomendaciones y propuestas al Gobierno nacional sobre lo que consideran es relevante incluir en la construcción de una reforma a la justicia.

Uno de los puntos principales plasmados en el documento dirigido al ministro Néstor Osuna es mejorar el acceso a la justicia a través un plan de fortalecimiento que impactaría las capacidades de los funcionarios y empleados judiciales, con un régimen de ascensos en escalera, más peritos e investigadores para la Policía judicial, cambiar roles de auxiliares, secretarios y asistentes y construir un expediente electrónico.

"La dificultad fundamental se aprecia palpable en el área misional: entran los problemas jurídicos al sistema y de ahí no salen resueltos sino en mínima proporción, las más de las veces por fuera de términos, e inclusive más allá del plazo razonable; la prescripción de la acción es una constante dramática. Se ha formado una gran tolva de asuntos por resolver con un muy estrecho canal de desfogue, caracterizando un estado de cosas inconstitucional por disfunción sistémica”, argumentó Reyes en su documento.

No obstante, uno de los puntos más relevantes de esta lista de propuestas es la de crear una comisión internacional contra la impunidad en Colombia principalmente para casos contra la minería ilegal y narcotráfico, reiterando que siempre serán un apoyo importante los instrumentos judiciales adicionales sin importar si son nacionales o extranjeros.

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“La fragilidad del sistema penal acusatorio en esa materia es evidente, porque no es verdad que esa clase de delincuencia dura se haya acabado o al menos disminuido, pero sí es cierto que su judicialización ha caído a su mínima expresión. Esa particular delincuencia se está saliendo con la suya haciéndose invisible, amparada por los escondrijos de las leyes y las flaquezas del sistema judicial”, señaló Reyes como una de las razones para pensar en dicha comisión.

En esa medida, de acuerdo con la propuesta, Colombia pediría apoyo a organismos multilaterales como la ONU o la OEA, para la creación y acompañamiento de dicha comisión que refuerce las capacidades del ejercicio de la acción penal, particularmente en lo concerniente con la investigación criminal.

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“Está demostrado a través de la práctica que el organismo de investigación y acusación no ha podido hacer frente a este grave problema, porque menos que disminuir está en pleno auge y expansión. El Estado colombiano, conforme con los estándares internacionales, debe adoptar medidas efectivas para luchar contra toda manifestación delictiva, particularmente contra el crimen organizado”, agregó Reyes.

Cabe recordar que el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró entre 2006 y 2017, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, creada con el fin de apoyar a las autoridades de ese país en diversas de delitos cometidos por agentes oficiales en alianza con grupos ilegales y que desencadenaron en capturas de empresarios y políticos, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y varios de sus funcionarios por corrupción.

Reyes, en Colombia, reforzó su planteamiento en que la comisión ayudaría a reforzar el sistema democrático, la independencia y autonomía del sistema judicial, respaldo internacional y legitimidad a las investigaciones de alto impacto y no impacta el presupuesto nacional porque es financiada por la comunidad internacional.

Finalmente, la Unidad Administrativa Especial De la Justicia Penal Militar y Policial propuso al Ministerio de Justicia adecuar esa jurisdicción a los estándares internacionales con varias líneas de trabajo, entre ellas aumentar la supervisión, fortalecer la independencia y autonomía respecto de las fuerzas armadas, implementar un modelo de justicia restaurativa, fijar reglas claras y objetivas de competencia, entre la ordinaria y la castrense, entre otras.

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Esta es la carta:

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