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Un fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, como responsable de la intervención y estabilización de la Vía al Llano.
Lo anterior respondiendo a las pretensiones del Gobierno nacional de que fuera la concesionaria Coviandes, ahora Coviandina, quien asumiera la responsabilidad por los deslizamientos ocurridos en 2018 y 2019 que mantuvieron cerrada la vía Bogotá-Villavicencio, así como la avería del túnel 13, el puente 1 y lo relacionado con el puente Chirajara y el kilómetro 58.
Esta situación alertó a la Veeduria ciudadana y gremial por la vía al Llano, desde donde piden que la región sea prioridad para el Gobierno nacional y se destinen los recursos necesarios. Según un último informe entregado por esta veeduria, hay al menos 16 puntos críticos que requieren intervención inmediata.
“El fallo establece que el riesgo geológico y sísmico siempre ha estado bajo la responsabilidad de la ANI y el INVIAS… El Gobierno Nacional tiene la obligación de recuperar la vía y lo que hemos visto es que luego de la avalancha en Naranjal y los sismos, aún no se implementan soluciones”, dijo Nestor Anyelo Martínez Aldana, vocero de la Veeduria.
El fallo obliga a la ANI, además, a pagar a la concesión más de 2.200 millones de pesos por gastos legales y de honorarios.
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