El presidente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, por medio de su abogado Julián Quintana, presentó una denuncia contra Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), por los presuntos delitos de abuso de función pública, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, revelación de secreto y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.
La denuncia cuestiona el presunto uso de las facultades de la UIAF y sostiene que el director habría desbordado sus competencias al actuar, según la defensa, como investigador y fiscal, atribuir delitos, señalar responsables, involucrar a familiares y solicitar medidas y actuaciones a otras autoridades.
El cuestionamiento está relacionado con un informe de inteligencia financiera en el que, según la denuncia, se identificaron 168 actores y 17 IPS, además de información sobre una supuesta triangulación financiera y otros datos considerados sensibles.
La defensa sostiene que el contenido del informe fue divulgado públicamente durante un consejo de ministros, antes de que se presentara la denuncia ante la Fiscalía, y posteriormente la UIAF habría alegado que esa misma información tenía carácter reservado para impedir que los señalados conocieran el documento y pudieran controvertirlo.
Uno de los principales cuestionamientos de la denuncia está relacionado con la manera en que, según el documento, se hizo referencia a un núcleo familiar. La defensa señala que durante la sesión se manifestó que se trataba de “unas personas naturales con su esposa, sus hijos y otros amigos” que presuntamente habrían creado un conglomerado de empresas controladas para movilizar recursos.
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Para los denunciantes, el funcionario atribuyó once delitos, señaló responsables, involucró a familiares y pidió medidas y actuaciones a otras autoridades, sin tener esas competencias
La denuncia sostiene además que durante esa misma sesión el presidente de la República identificó por su nombre a Coosalud EPS como la entidad a la que hacía referencia el informe. Según la defensa, con esa intervención “toda reserva de identidad quedó suprimida en el acto”.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es el momento en que se produjo la divulgación. Según el documento, “la revelación fue anterior a la radicación”. La defensa cita al propio director de la UIAF, quien habría anunciado que al día siguiente, 17 de junio, acudiría a la Fiscalía para presentar la denuncia. Para los denunciantes, en el momento de la divulgación todavía no existía una noticia criminal, una actuación penal ni una calidad procesal que justificara, según su interpretación, la exposición pública de la información.
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“Al momento de divulgar no existía noticia criminal, ni actuación penal, ni calidad de parte, ni ‘estrategia legal’ que proteger: existía únicamente un producto de inteligencia amparado por reserva legal, difundido a la generalidad de los televidentes del país”, sostiene la denuncia.
La defensa afirma que, como consecuencia de esa intervención pública, entre el 16 y el 18 de junio de 2026 los principales medios de comunicación reprodujeron el contenido que había sido divulgado durante el consejo de ministros.
Según el documento, “el señalamiento dejó de estar contenido en un canal institucional reservado y pasó al debate público nacional”, mientras que Coosalud, a quien posteriormente se le habría opuesto la reserva, no habría tenido acceso al documento para conocerlo, controvertirlo o contrastarlo.
La denuncia también solicita establecer si el aparato de inteligencia financiera del Estado pudo haber sido utilizado como instrumento de persecución contra representantes de EPS enfrentadas con el Gobierno Petro.
En ese sentido, la defensa cuestiona que, pese a las facultades de acceso a información financiera que tiene la UIAF, el informe no habría identificado, según la denuncia, “una sola cuenta, fecha, monto u operación financiera concreta” que respaldara los señalamientos formulados.