Una nueva controversia relacionada con presuntas interceptaciones ilegales vuelve a generar ruido en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego que el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, denunciara que sus comunicaciones están siendo intervenidas desde una unidad militar.Mejía aseguró que recibió información sobre un supuesto seguimiento ilegal en su contra desde el Batallón de Inteligencia Militar Estratégica del Ejército.“Señor ministro Pedro Sánchez, me informan que desde un BAIME del Ejército me interceptan ilegalmente. Me dieron la ubicación del BAIME y el nombre del oficial. Me pregunto: ¿Qué los tendrá asustados?”, escribió el funcionario.Hasta el momento, el ministro Sánchez no se ha pronunciado sobre las acusaciones.La denuncia trae de nuevo al escenario las llamadas “chuzadas”, en el entorno del alto gobierno, un fantasma que ha estado siempre rondando por múltiples escándalos entre los mismos funcionarios muy cercanos a la Casa de Nariño.Esta semana, Mejía también estuvo envuelto en una polémica. El senador electo e integrante de la reserva militar, Germán Rodríguez, lanzó duras críticas contra el director de la UIAF. “Es indignante y constituye una traición sin precedentes que una insignia de la Escuela Militar de Cadetes haya terminado en manos de Wilmar Mejía, quien fuera director de inteligencia del DNI y cuyo nombre aparece vinculado a estructuras criminales”, escribió Rodríguez.El congresista agregó que “la daga y la espada son símbolos de orgullo y sacrificio que se ganan con sudor; no pueden ser moneda de cambio para bandidos que traicionan la confianza de la nación”.La discusión surgió por el alto valor simbólico que tienen esos distintivos dentro de la formación militar y, precisamente, a Mejía le regalaron una, según lo exhibió en su cuenta de X.Y el señalamiento suma, porque se recuerda que en una investigación que reveló Caracol Televisión se dejó al descubierto la presunta cercanía que hubo de Mejía con las disidencias de las Farc, particularmente de alias ‘Calarcá’, documentos que son investigados por la Fiscalía. Por ese escándalo renunció como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).En computadores y celulares incautados a “Calarcá” aparecieron documentos, fotografías, cartas y chats que comprometerían a funcionarios y miembros de organismos de inteligencia con el grupo al margen de la Ley.De acuerdo a la investigación periodística, Mejía habría adelantado una depuración de oficiales de inteligencia de la Policía y el Ejército. Además, en cartas y testimonios de disidentes, el funcionario es mencionado como una supuesta ficha cercana al Gobierno que habría servido de enlace entre actores armados y miembros de la fuerza pública.En esos testimonios, también se afirma que Mejía, conocido con el alias de ‘El Chulo’, supuestamente facilitó acuerdos clandestinos y habría propuesto, junto al general Juan Miguel Huertas, la creación de una empresa de seguridad fachada.Las acusaciones siguen bajo investigación, mientras el nuevo señalamiento, ahora de Mejía contra el Ejército, sobre posibles interceptaciones ilegales, vuelve a poner en el ojo público al sistema de inteligencia del Gobierno.
El director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía, presentó su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al director general encargado de la entidad, René Guarín, fechada el 2 de marzo de 2025.En la misiva, Mejía explica que decidió apartarse del cargo a pesar de que la Procuraduría General de la Nación había levantado la suspensión cautelar que pesaba en su contra, lo que le habría permitido retomar sus funciones.“He decidido no hacerlo y en su lugar presentar mi renuncia, motivado por el deber profesional de preservar la confianza y la integridad en una de las principales agencias de inteligencia del país”, señala el documento.El funcionario sostuvo además que su decisión busca evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la institución: “Considero que mi continuidad en el cargo podría generar dudas sobre la imparcialidad y la objetividad de la institución. En este sentido, mi renuncia es un acto de responsabilidad y compromiso con la misión y los valores de la Dirección Nacional de Inteligencia”, indica la carta.Mención a denuncias previasLa renuncia ocurre en medio de cuestionamientos y denuncias públicas que han mencionado a Mejía en relación con presuntas infiltraciones de las disidencias de las FARC en instituciones del Estado, señalamiento que ha sido divulgado en informes periodísticos y que forma parte del contexto en el que se produjo su salida de la DNI.Posible llegada a la UIAFTras su salida de la Dirección Nacional de Inteligencia, Mejía podría regresar al Gobierno en otro cargo, según versiones conocidas en círculos oficiales. De acuerdo con esas versiones, el funcionario sería considerado para dirigir la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad encargada de analizar y rastrear operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.La eventual designación se daría luego de la salida de Jorge Arturo Lemus, quien dejaría la dirección de la UIAF. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el nombramiento de Mejía en esa entidad. Las autoridades tampoco han anunciado decisiones formales sobre quién asumirá la dirección del organismo.La UIAF es una dependencia clave del Estado colombiano, encargada de recopilar y analizar información financiera para apoyar investigaciones sobre delitos económicos y flujos de dinero vinculados a actividades ilegales.
En entrevista con Mañanas Blu, Jorge Lemus, saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace poco encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), confirmó que Colombia presentará en los próximos días un plan de acción ante el Grupo Egmont, la red internacional que agrupa a 180 unidades de inteligencia financiera en el mundo, para solicitar el levantamiento de la suspensión que pesa sobre el país desde mediados de 2024.“Casualmente tengo que viajar en estos días a Tanzania a presentar el plan de acción para que nos levanten esa suspensión del grupo”, declaró Lemus en diálogo con Néstor Morales. El funcionario señaló que la misión hace parte de una gestión directa encomendada por el presidente Gustavo Petro, quien lo nombró en propiedad al frente de la DNI tras desempeñarse temporalmente en la UIAF.La suspensión de Colombia en el Grupo EgmontEl Grupo Egmont es un organismo internacional que permite el intercambio de información financiera confidencial entre los países miembros, con el propósito de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En 2024, Colombia fue suspendida temporalmente del grupo por presuntas violaciones a los protocolos de manejo de información clasificada, tras un episodio que involucró una revelación pública del presidente Petro.En octubre de ese año, el mandatario mencionó haber recibido información de inteligencia financiera relacionada con operaciones internacionales vinculadas a Israel, la cual habría sido compartida sin el debido proceso de depuración y reserva. Según explicó Lemus, el incidente no se debió estrictamente a una imprudencia presidencial, sino a una falla interna de la UIAF en el manejo y filtrado de los datos.“Más que una imprudencia del presidente Petro, fue una falla de la misma UIAF. Esa información se pasa depurada, no así como se pasó”, reconoció el funcionario. Añadió que el error consistió en haber remitido al presidente un informe completo y sin procesar proveniente de la Oficina de Inteligencia de Israel (OIA), que posteriormente fue mencionado públicamente.Lemus admitió que la responsabilidad directa recae sobre la misma entidad, bajo la dirección anterior de Luis Fernando Llinás. “Desafortunadamente sí fue una falla de la UIAF, que es la que debe asesorar al presidente sobre la reserva de la información”, dijo. No obstante, enfatizó que su objetivo no es “echar a nadie a la hoguera”, sino implementar medidas que corrijan las fallas estructurales del sistema.Entre las acciones adoptadas, Lemus anunció un nuevo decreto que regulará la divulgación de información sensible y exigirá autorización del Grupo Egmont antes de publicar datos provenientes de informes internacionales. “El decreto ya está preparado. Se solicitará a Egmont autorización expresa sobre lo que se puede divulgar y en qué forma”, explicó. Este documento será parte del plan de acción que presentará Colombia para recuperar su membresía.El exdirector precisó que el propósito del Gobierno es lograr el levantamiento de la sanción en un periodo estimado de tres meses, siempre que el grupo evalúe positivamente las medidas correctivas. “Ese es mi objetivo. No de inmediato, pero sí rápido, en tres meses que nos levanten”, afirmó.Reajuste institucional en la inteligencia colombianaDurante la entrevista, Lemus confirmó además que Isaac de León Beltrán dejó su cargo en la UIAF luego de su llegada como director encargado. “Cuando llegué a la UIAF como encargado, le acepté la renuncia. Por eso fue que salió a hablar, como suele pasar cuando se retiran funcionarios”, relató. También aseguró que no tuvo participación en un supuesto convenio con el Consejo Superior de la Judicatura para el acceso a bases de datos de magistrados, tema que señaló desconocer totalmente.El saliente director cerró su intervención reafirmando su compromiso con recuperar la credibilidad internacional de Colombia en materia de inteligencia financiera. “Se cometieron fallas, pero hay un plan de acción. Vamos a demostrar que el país mantiene su respeto por la confidencialidad y las normas internacionales”, puntualizó.La presentación del plan en Tanzania marcará, según Lemus, el primer paso concreto para que Colombia vuelva a ocupar su lugar en el corredor global de cooperación contra los delitos financieros.
El pasado viernes, 6 de noviembre, mientras se conmemoraban 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, se producía la salida de uno de los más importantes asesores del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Jorge Arturo Lemus.Se trata de Isaac De León Beltrán Pacheco, quien presentó su carta de renuncia de manera protocolaria luego de que fuera solicitada por Lemus, quien lo hizo en cumplimiento de una solicitud directa de la Casa de Nariño.La molestia en el alto gobierno, incluso del presidente Petro, que precipitó la salida de Isaac De León Beltrán de la UIAF, está relacionada con que muy recientemente tuvieron conocimiento en la Casa de Nariño de una reunión que habría tenido el exfuncionario, el 2 de junio de 2024, en Madrid, con el zar del contrabando, Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', quien habría intentado infiltrar la campaña Petro Presidente con 500 millones de pesos que fueron entregados al catalán Xavier Vendrell y que según el presidente, fueron devueltos.En este punto hay diferentes versiones, porque algunas personas señalan que la reunión habría sido ordenada por el Alto Gobierno, con el fin de negociar una especie de “amnistía financiera” para el dinero y los bienes de 'Papá Pitufo', a cambio de información sobre sus actividades ilícitas, para esclarecer los sobornos que entregó a oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera, así como a funcionarios de la Dian y la posible financiación que habría entregado a dirigentes políticos.Según esa misma versión, en la reunión estuvo presente Marín, (quien para ese momento estaba en libertad) su abogado español, y el funcionario del gobierno que habría viajado financiado por el Ministerio de Hacienda. La petición del contrabandista habría sido que le permitieran el control de los puertos del país, ante lo cual, fue tajante y clara la negativa del emisario del Gobierno.La otra versión indica que el funcionario de la UIAF que habría viajado a Madrid a reunirse con 'Papá Pitufo' lo habría hecho de manera inconsulta y que habría dicho que había sido enviado de manera directa por el Presidente de la República, algo que no correspondería a la realidad.Blu Radio consultó directamente a Isaac De León Beltrán para preguntarle sobre este encuentro y si fue ordenado por el presidente Gustavo Petro. El exfuncionario aseguró que no podía ni desmentir ni confirmar la información.
La renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, y la suspensión temporal de esta entidad de la red segura internacional del Egmont Group, tras revelarse la adquisición del software espía Pegasus por parte del Gobierno de Gustavo Petro, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de supervisión financiera y ciberseguridad en Colombia.En entrevista con Blu Radio desde Uruguay, el analista de ciberseguridad Camilo Gutiérrez advirtió que “el gran problema es la confianza que puede quedar en la UIAF ante otras instituciones”. La situación plantea un doble riesgo: por un lado, la interrupción del intercambio de información clave con organismos internacionales; por otro, el daño reputacional que podría afectar a una entidad dedicada al seguimiento de transacciones sospechosas y lavado de activos. Si no se corrige la situación, explicó Gutiérrez, “en 2027 podría haber un impacto más grave cuando haya una reevaluación de la unidad”.Riesgo de aislamiento y debilitamiento de la cooperación globalLa UIAF participaba en redes internacionales que permiten rastrear flujos de dinero vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, explicó Gutiérrez. Aunque “esta es una de varias redes”, señaló, la pérdida de acceso o la limitación en la colaboración puede tornarse crítica en operaciones futuras. Según el experto, el efecto más inmediato podría no sentirse ahora, “pero cuando se requiera información específica de otro país, ahí puede empezar a verse el problema”.La implicación directa de Pegasus, sumada a la renuncia de Llinás, genera señales preocupantes sobre la autonomía institucional. “Se tiene que garantizar que sea una entidad independiente”, recalcó Gutiérrez. Si se debilita esa independencia, advirtió, podrían generarse “inconvenientes serios” en el mediano plazo.Ciberseguridad y transparencia: los nuevos desafíos de la supervisión financieraEl escándalo no solo es financiero, sino también de ciberseguridad y gobernabilidad. La compra del software espía Pegasus —reconocida en una locución presidencial el 4 de septiembre— plantea preguntas sobre quién accede a la información, bajo qué protocolos y con qué límites. Gutiérrez alertó que la combinación de vigilancia digital no regulada y supervisión financiera debilitada abre “un vector de riesgo enorme” para el país.Mientras tanto, los sectores encargados de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo observan con preocupación. La UIAF deberá demostrar con evidencia sólida que no ha sido objeto de “intervenciones indebidas que comprometan su independencia”, insistió el analista. De lo contrario, el problema trascenderá lo técnico y se convertirá en una crisis institucional: la confianza del sistema global podría tardar mucho más en recuperarse de lo que se tardó en perderse.
El presidente Gustavo Petro aceptó el pasado viernes la renuncia de Luis Eduardo Llinás Chica como director de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, responsable de la inteligencia financiera y de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La UIAF también coordina la cooperación internacional en estos temas e interactúa directamente con agencias y sistemas internacionales como la OFAC.La decisión coincidió con el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la inclusión del presidente Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, en la lista OFAC, conocida coloquialmente como Lista Clinton.En el memorando compartido por la Administración estadounidense, que notifica el ingreso del presidente Petro a la lista OFAC, se recuerda un episodio ocurrido en septiembre de 2024: la suspensión de la UIAF de Colombia del Grupo Egmont tras una alocución en la que el mandatario leyó una carta calificada como confidencial, relacionada con la compra del software Pegasus en 2021.El Grupo Egmont es una organización internacional que reúne a más de 170 Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo, clave para el intercambio de información en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.“El comportamiento errático de Petro también ha deteriorado otras relaciones estratégicas. En 2024, compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros antilavado, poniendo en riesgo la integridad del sistema financiero internacional y provocando la suspensión de la Unidad de Información Financiera de Colombia del Grupo Egmont”, señala el memorando divulgado por el Departamento del Tesoro.La UIAF reaccionó oficialmente al anuncio de Estados Unidos mediante un comunicado en el que rechazó la decisión, calificándola como “violatoria del debido proceso” y afirmando que desconoce la trayectoria del presidente Petro como servidor público y los resultados de su administración en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.La entidad aseguró que no ha recibido requerimientos de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia ni de autoridades extranjeras solicitando informes de inteligencia financiera o intercambio de información sobre el presidente, la primera dama o Nicolás Petro Burgos por presuntos vínculos con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas. Además, precisó que tampoco existen reportes de operaciones sospechosas por parte del sistema financiero que los involucren en actividades relacionadas con esos delitos.Director del DNI queda como encargadoLuis Eduardo Llinás también salió hace pocos días de la dirección de la Dian, cargo que ocupó en encargo y en simultáneo con sus tareas en la UIAF durante cerca de nueve meses, tras la salida de Jairo Villabona. Su permanencia simultánea en la UIAF y la Dian generó cuestionamientos por posibles conflictos entre las funciones de ambas entidades.En ese sentido, resulta polémico que en el mismo decreto en el que acepta la renuncia de Llinás, el presidente Gustavo Petro haya designado como encargado de la UIAF a Jorge Arturo Lemus, actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y viejo conocido del mandatario durante su época en el M-19.
Colombia, oficialmente, fue suspendida por Egmont Group, la organización internacional que permite intercambiar información financiera y de inteligencia sobre lavado de activos y terrorismo, entre países en cooperación, pero, ¿qué significa esto y qué implicaciones tiene para la Nación? En diálogo con Mañana Blu con Néstor Morales, el exdirector de la UIAF y exvicepresidente del Egmont Group, Alberto Lozano, dio detalles de lo que esto podría afectar y lo que se perdería.Cabe recordar que esta decisión se dio luego de la divulgación no autorizada del presidente Gustavo Petro, durante una alocución, de la presunta compra del software espía Pegasus durante el Gobierno de Iván Duque. Esta información, que era confidencial, se había entregado a través de los mecanismos del Egmont Group.Lozano mencionó que, en primer lugar, se pierde celeridad y anticipación, lo cual, recalcó, son dos aspectos muy importantes en temas que tienen que ver con terrorismo y lavado de activos. Por eso, explicó que, si en tres años no se soluciona el nuevo ingreso a este grupo, Colombia podría “quedar en una lista gris”.Colombia, fuera del chat para compartir información“Tiene unos efectos a corto, mediano y largo plazo, pero lo que hoy quiere decir es que el Egmont Group está investigando, obviamente tiene que haber un debido proceso; eso es un problema entre dos miembros de Egmont Group que se puede solucionar, pero, por el momento, es como si a usted lo sacaran del chat de sus amigos y no lo dejan compartir inteligencia financiara en uno de los canales que existe para este propósito”, indicó el experto.Sobre las consecuencias, dijo que ahora toca usar otros medios, los cuales “no son muy seguros” o que “no tienen la misma trazabilidad”. Por eso, aseveró que se tendría que hacer por triangulación, es decir, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) entraría a trabar con la Policía y con la Fiscalía.“Entonces, le quita cierta autonomía a la UIAF para esto, pero es que el Egmont Group tiene algo muy interesante y es que es información de inteligencia, preventiva, es cuando hay riesgo de que algo suceda. No es ya la prueba de lo que sucedió en un caso de corrupción hace 10 años que llega por una colaboración judicial. Esto es instantáneo”, precisó.Lozano dijo que, por ejemplo, la organización actúa cuando un banco sospecha de algo y otro país puede preguntar. En este caso, recalcó que se pierde celeridad y anticipación. Puntualizó que es como “perder la llamada a un amigo”.
La Procuraduría empezó una investigación disciplinaria a Luis Eduardo Llinás Chica, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, por presunto tráfico de influencias en la celebración de contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD.Desde la UIAF aseguran que el director atenderá los requerimientos necesarios por parte del ente de control y que aportará información que permita demostrar su inocencia. Sin embargo, advierten, que los contratos mencionados no tienen relación con el caso de los carrotanques.“Menester informar que los contratos señalados en la comunicación de la PGN no están relacionados con la investigación que adelanta el ente de control en el marco de la compra de los carrotanques”, explica la UIAF.En el mismo sentido aseguran que han entregado información a la Procuraduría y la Fiscalía en el marco de las investigaciones que se adelantan por presunta corrupción en la UNGRD.“Reiteramos nuestro compromiso con el país de continuar con la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo, contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como contra los delitos ambientales y la corrupción”, señala la entidad.El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió al director de la UIAF y aseguró que “si lo han citado a algo dejemos que actúen los entes de control”.
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Juan Francisco Espinosa, explicó que bandas criminales como el Clan de Golfo están aumentando el ingreso de dineros producto del narcotráfico a través de mercancía de contrabando. "Parte de la droga que se genera en el país se vende en el exterior, esa venta, es decir esos recursos, pueden ingresar a través de dinero físico o muchas veces mediante mercancía de contrabando y se vende con mucho descuento porque la organización criminal lo que necesita es la liquidez producto de esa venta", dijo el director. Espinosa advirtió que cuando alguien compra un producto de contrabando, no solamente afecta el mercado formal, sino facilita y fortalece la presencia de organización criminales. "Por eso cuando una persona ve que le ofrecen un producto a muy bajo precio tiene que tener presente que lo que está facilitando es la presencia de esas organizaciones criminales, la gente tiene que entender que cuando compra esos productos no solamente atenta contra la formalidad y la industria decente sino facilitando la presencia de esas bandas", afirmó. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reveló que durante el año pasado se incrementaron las ganancias del lavado de activos al pasar de 10 billones de pesos en 2014 a 11 billones de pesos en 2015 para los diferentes grupos ilegales, bandas criminales y narcotráfico. La cifra fue revelada por la UIAF tras aplicar un nuevo modelo para la medición del lavado de activos que "fue realizado en conjunto con el Banco Mundial, con el fin de entender mejor esta amenaza y atender de forma más eficaz el escenario de este delito". Los ingresos ilegales que podrían estar siendo lavados en la economía contemplan no solo el crimen común y narcotráfico sino también la minería ilegal y extorsión para los años 2014 y 2015. Según los análisis de la entidad, el lavado de dinero ha mantenido una constante y representa más del 1,3 % del PIB para los años 2014 y 2015. El informe explica que al incluir la minería ilegal y la extorsión el lavado de activos aumenta en 27 %, pasando de 1,3 % a 1,64 % del PIB. En cuanto al comportamiento que ha tenido el lavado de activos en los últimos 20 años, la UIAF señala que el promedio de las estimaciones muestran que en términos absolutos el ingreso ilegal lavado acumulado aumentó de manera constante desde 1985 hasta 2007 y luego disminuyó hasta el año 2013 cuando se observó un nuevo aumento sostenido de este delito. Escuche en este audio más información de las siguientes noticias: Este miércoles se conoció que el máximo representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados visitará el país. -En Cali sigue el drama de los niños con cáncer afiliados a la EPS Cafesalud. -Ante el pedido de los taxistas que exigen sanciones a los usuarios de Uber, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció controles para detectar a los conductores que usen carro particular para prestar este servicio, pero que no se ha contemplado multar a los pasajeros.
Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido presidente del senado para la legislatura 2026-2027.Henríquez obtuvo 56 votos frente a los 45 que logró Alfredo Deluque, quien es del partido de la U y muy cercano a Abelardo De la Espriella.“El Senado de la República, en un hecho histórico, defendió la independencia de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo”, dijo el senador del Centro Democrático Christian Garcés.Es importante recordar que tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico postularon a Henríquez para la presidencia del Senado.“Primera derrota de De la Espriella”, dijo el senador Iván Cepeda tras este resultado.
Honorio Henríquez fue elegido nuevo presidente del Senado luego de 56 votos a su favor en la plenaria este 20 de julio, mientras se llevó a cabo la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030 para el Gobierno de Abelardo De La Espriella, el cual arrancará el próximo 7 de agosto.¿Quién es Honorio Henríquez, nuevo presidente del Senado?Oriundo de Santa Marta, el senado del Centro Democrático ha dedicado su vida a la política y los debates públicos. Estudió Derecho en la Universidad de la Sabana on especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó estudios en Seguridad y Defensa Nacional.Siempre ha tenido el respaldo del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, de hecho, su vida política comenzó gracias a él entre 2004 y 2005 cuando fue nombre como viceministro de Justicia encargado y, tras eso, llegó a la Gobernación de Córdoba en un corto periodo también como encargado.El 13 de septiembre de 2006 fue nombrado director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública hasta el 2012 y, en 2014, llegó al Senado de la República y ha estado detrás de importantes proyectos de ley como: brindar estabilidad reforzada a prepensionados, la iniciativa de antidesperdicios para eliminar el hambre en Colombia, la pensión fiada para todos los colombianos, formalización laboral para madres comunitarias, entre otros.Su cargo más reciente fue entre 2022 y 2023 como vicepresidente segundo del Senado junto con Miguel Ángel Pinto, mientras el presidente era Roy Barreras en el inicio del Gobierno Petro.Su relación con Álvaro Uribe VélezLa vida política del senador ha sido estrecha con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no solo en proyectos, sino como uno de sus pilares importantes en el Congreso para el Centro Democrático.Uribe se ha opuesto a la llegada de Alfredo Deluque, del partido de la U a la presidencia del Senado. El exmandatario ha dicho que Deluque, supuestamente, recibió beneficios y votó a favor proyectos del Gobierno Petro.“Honorio senador dedicado y laborioso, es leal y coherente, ha hecho oposición con argumentos y respeto, es garantista, ajeno a la persecución política. Es mesurado en sus palabras y actitudes. Y fundamentalmente un GRAN SER HUMANO”, expresó Uribe en X sobre su respaldo a la presidencia del Senado.
El senador Honorio Henríquez fue elegido este lunes, 20 de julio como el nuevo presidente del Senado de la República para el periodo legislativo 2026-2027. La designación ocurrió en el marco de la instalación oficial del Congreso, coincidiendo con la conmemoración de los 216 años de la Independencia de Colombia.Henríquez, integrante del Centro Democrático, obtuvo la mayoría de los votos de la plenaria tras una jornada de deliberaciones. Su elección resulta clave, pues asumirá la dirección del legislativo a partir del próximo 7 de agosto, coincidiendo con el inicio del mandato de Abelardo De La Espriella como presidente de la República.La designación de Henríquez se consolidó tras una serie de tensiones políticas previas. El Gobierno entrante inicialmente contemplaba con buenos ojos la candidatura de otros nombres como el de Deluque para la presidencia del Senado. No obstante, la bancada del Centro Democrático mantuvo una postura firme y crítica ante esta posibilidad. El partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó en reiteradas ocasiones que Henríquez representaba “la mejor opción para Colombia”, una tesis que finalmente terminó por convencer a la mayoría de los senadores presentes en la plenaria.Este cambio en la cúpula del legislativo marca un punto de inflexión para el inicio del cuatrienio 2026-2030, donde el Ejecutivo deberá tramitar sus principales reformas. La llegada de Henríquez a la mesa directiva sugiere un equilibrio de fuerzas distinto al que se proyectaba inicialmente por parte del Ejecutivo entrante.La sesión de instalación, realizada en un ambiente de alta expectativa política, dio inicio formal al trabajo legislativo que enfrentará retos significativos en materia económica y social. Con la elección resuelta, el nuevo presidente del Senado se prepara para liderar los debates que definirán la agenda gubernamental en los próximos meses, consolidando así el poder de su bancada dentro de la cámara alta.El país ahora queda a la espera de ver cómo esta nueva configuración influirá en la gobernabilidad y el desarrollo de los proyectos de ley propuestos por el presidente electo De La Espriella.
La Cámara de Representantes eligió a Nicolás Barguil, del Partido Conservador, como su nuevo presidente para la Legislatura 2026 - 2027, en cumplimiento de los acuerdos políticos alcanzados entre las diferentes colectividades.Votaron 181 congresistas. Barguil obtuvo 180 votos y sólo uno en blanco.La elección se realizó con una única postulación para cada uno de los cargos en disputa, una fórmula respaldada por casi todos los representantes.El Partido Conservador presentó la candidatura de Nicolás Barguil para la presidencia de la Cámara. Por su parte, el Partido Liberal, Creemos, Salvación Nacional y Cambio Radical postularon a Simón Molina para la primera vicepresidencia, quien fue respaldo por 180 votos y uno en blanco.El Pacto Histórico respaldó la candidatura de Erick Adrián Velasco para la segunda vicepresidencia y recibió el apoyo de 179 votos y dos nulos.En los demás cargos de la corporación se eligió a Jhon Abiud Ramírez, del Partido de La U, en la Dirección Administrativa; el liberal Miguel Ángel Sánchez fue electo secretaría General, y James Canizales Serrano en la Subsecretaría, por postulación del Centro Democrático.El perfil del nuevo presidenteNicolás Barguil, de 42 años y oriundo de Montería, departamento de Córdoba, llegó al Congreso en 2022 tras ser elegido representante a la Cámara por el Partido Conservador.Durante su gestión ha integrado la Comisión Quinta, la Comisión Legal de Cuentas y la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista. En 2023 fue elegido vocero de la bancada conservadora en la Cámara y actualmente también hace parte del Directorio Nacional Conservador, desde donde participa en la orientación política de la colectividad.Barguil es profesional en Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Gerencia Pública y magíster en Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana.Según el perfil oficial del partido, antes de incursionar en la política, Barguil desarrolló una trayectoria de más de 14 años en el sector agroindustrial, experiencia que, según su perfil, le permitió conocer de cerca las necesidades del campo y de los sectores productivos del país.
Nicolás Barguil fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes para la legislatura 2026-2027, luego de obtener el respaldo mayoritario de las bancadas del Congreso en desarrollo de los acuerdos políticos alcanzados para la conformación de las mesas directivas del nuevo periodo legislativo.El congresista cordobés, integrante del Partido Conservador Colombiano, asumirá una de las dignidades más importantes del Poder Legislativo, desde donde tendrá la responsabilidad de dirigir las sesiones plenarias, conducir los debates, coordinar la agenda legislativa y ejercer la representación institucional de la corporación durante el primer año del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.Su elección fue el resultado de varios días de negociaciones entre las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso. Aunque el Centro Democrático y Cambio Radical también aspiraban a ocupar la Presidencia de la Cámara, finalmente las bancadas alcanzaron un consenso que permitió al Partido Conservador quedarse con el cargo durante el primer año del cuatrienio 2026-2030.¿Quién es Nicolás Barguil?Nicolás Barguil representa al departamento de Córdoba en la Cámara de Representantes y ha desarrollado su carrera política desde las filas del Partido Conservador. Durante su paso por el Congreso ha participado en diferentes iniciativas legislativas enfocadas en temas económicos, desarrollo regional y fortalecimiento institucional.A lo largo de su gestión también ha integrado distintas comisiones constitucionales y accidentales, participando en la discusión de proyectos de ley relacionados con el fortalecimiento de las finanzas territoriales, la competitividad y el impulso al desarrollo de las regiones.Dentro de su colectividad es considerado un dirigente con capacidad de concertación, una característica que terminó siendo determinante durante las conversaciones entre los partidos para definir la conformación de las mesas directivas del Congreso.Precisamente ese perfil facilitó que su nombre lograra respaldo no solo dentro del Partido Conservador, sino también entre otras bancadas que harán parte de las mayorías legislativas durante el nuevo periodo constitucional.La llegada de Barguil a la Presidencia de la Cámara fue posible gracias al acuerdo alcanzado entre las principales colectividades para distribuir esa dignidad durante los cuatro años del Congreso.Según lo pactado, el Partido Conservador encabezará la corporación durante la legislatura 2026-2027. Posteriormente, la Presidencia pasará al Partido Liberal, luego al Centro Democrático y, finalmente, a Cambio Radical. Sin embargo, los nombres de quienes asumirán esas responsabilidades en los años siguientes aún deberán ser definidos mediante nuevas negociaciones entre las bancadas.Con este esquema de alternancia, los partidos buscaron garantizar una representación equilibrada de las principales fuerzas políticas dentro de la dirección de la Cámara de Representantes.Los retos al frente de la CámaraComo presidente de la corporación, Nicolás Barguil tendrá la tarea de garantizar el normal desarrollo de las sesiones legislativas y facilitar la discusión de los proyectos que serán radicados tanto por el Gobierno nacional como por los congresistas.Además de conducir los debates, deberá liderar la organización de la agenda legislativa y promover consensos entre las diferentes bancadas en un Congreso que iniciará funciones con importantes reformas y proyectos de alto impacto para el país.Su elección marca el inicio de una nueva etapa para la Cámara de Representantes, en la que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas será determinante para el avance de la agenda legislativa durante la primera legislatura del periodo 2026-2030.
