El presidente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, por medio de su abogado Julián Quintana, presentó una denuncia contra Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), por los presuntos delitos de abuso de función pública, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, revelación de secreto y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.La denuncia cuestiona el presunto uso de las facultades de la UIAF y sostiene que el director habría desbordado sus competencias al actuar, según la defensa, como investigador y fiscal, atribuir delitos, señalar responsables, involucrar a familiares y solicitar medidas y actuaciones a otras autoridades.El cuestionamiento está relacionado con un informe de inteligencia financiera en el que, según la denuncia, se identificaron 168 actores y 17 IPS, además de información sobre una supuesta triangulación financiera y otros datos considerados sensibles.La defensa sostiene que el contenido del informe fue divulgado públicamente durante un consejo de ministros, antes de que se presentara la denuncia ante la Fiscalía, y posteriormente la UIAF habría alegado que esa misma información tenía carácter reservado para impedir que los señalados conocieran el documento y pudieran controvertirlo.Uno de los principales cuestionamientos de la denuncia está relacionado con la manera en que, según el documento, se hizo referencia a un núcleo familiar. La defensa señala que durante la sesión se manifestó que se trataba de “unas personas naturales con su esposa, sus hijos y otros amigos” que presuntamente habrían creado un conglomerado de empresas controladas para movilizar recursos.Para los denunciantes, el funcionario atribuyó once delitos, señaló responsables, involucró a familiares y pidió medidas y actuaciones a otras autoridades, sin tener esas competenciasLa denuncia sostiene además que durante esa misma sesión el presidente de la República identificó por su nombre a Coosalud EPS como la entidad a la que hacía referencia el informe. Según la defensa, con esa intervención “toda reserva de identidad quedó suprimida en el acto”.Otro de los puntos centrales de la denuncia es el momento en que se produjo la divulgación. Según el documento, “la revelación fue anterior a la radicación”. La defensa cita al propio director de la UIAF, quien habría anunciado que al día siguiente, 17 de junio, acudiría a la Fiscalía para presentar la denuncia. Para los denunciantes, en el momento de la divulgación todavía no existía una noticia criminal, una actuación penal ni una calidad procesal que justificara, según su interpretación, la exposición pública de la información.“Al momento de divulgar no existía noticia criminal, ni actuación penal, ni calidad de parte, ni ‘estrategia legal’ que proteger: existía únicamente un producto de inteligencia amparado por reserva legal, difundido a la generalidad de los televidentes del país”, sostiene la denuncia.La defensa afirma que, como consecuencia de esa intervención pública, entre el 16 y el 18 de junio de 2026 los principales medios de comunicación reprodujeron el contenido que había sido divulgado durante el consejo de ministros.Según el documento, “el señalamiento dejó de estar contenido en un canal institucional reservado y pasó al debate público nacional”, mientras que Coosalud, a quien posteriormente se le habría opuesto la reserva, no habría tenido acceso al documento para conocerlo, controvertirlo o contrastarlo.La denuncia también solicita establecer si el aparato de inteligencia financiera del Estado pudo haber sido utilizado como instrumento de persecución contra representantes de EPS enfrentadas con el Gobierno Petro.En ese sentido, la defensa cuestiona que, pese a las facultades de acceso a información financiera que tiene la UIAF, el informe no habría identificado, según la denuncia, “una sola cuenta, fecha, monto u operación financiera concreta” que respaldara los señalamientos formulados.
Una nueva controversia relacionada con presuntas interceptaciones ilegales vuelve a generar ruido en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego que el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, denunciara que sus comunicaciones están siendo intervenidas desde una unidad militar.Mejía aseguró que recibió información sobre un supuesto seguimiento ilegal en su contra desde el Batallón de Inteligencia Militar Estratégica del Ejército.“Señor ministro Pedro Sánchez, me informan que desde un BAIME del Ejército me interceptan ilegalmente. Me dieron la ubicación del BAIME y el nombre del oficial. Me pregunto: ¿Qué los tendrá asustados?”, escribió el funcionario.Hasta el momento, el ministro Sánchez no se ha pronunciado sobre las acusaciones.La denuncia trae de nuevo al escenario las llamadas “chuzadas”, en el entorno del alto gobierno, un fantasma que ha estado siempre rondando por múltiples escándalos entre los mismos funcionarios muy cercanos a la Casa de Nariño.Esta semana, Mejía también estuvo envuelto en una polémica. El senador electo e integrante de la reserva militar, Germán Rodríguez, lanzó duras críticas contra el director de la UIAF. “Es indignante y constituye una traición sin precedentes que una insignia de la Escuela Militar de Cadetes haya terminado en manos de Wilmar Mejía, quien fuera director de inteligencia del DNI y cuyo nombre aparece vinculado a estructuras criminales”, escribió Rodríguez.El congresista agregó que “la daga y la espada son símbolos de orgullo y sacrificio que se ganan con sudor; no pueden ser moneda de cambio para bandidos que traicionan la confianza de la nación”.La discusión surgió por el alto valor simbólico que tienen esos distintivos dentro de la formación militar y, precisamente, a Mejía le regalaron una, según lo exhibió en su cuenta de X.Y el señalamiento suma, porque se recuerda que en una investigación que reveló Caracol Televisión se dejó al descubierto la presunta cercanía que hubo de Mejía con las disidencias de las Farc, particularmente de alias ‘Calarcá’, documentos que son investigados por la Fiscalía. Por ese escándalo renunció como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).En computadores y celulares incautados a “Calarcá” aparecieron documentos, fotografías, cartas y chats que comprometerían a funcionarios y miembros de organismos de inteligencia con el grupo al margen de la Ley.De acuerdo a la investigación periodística, Mejía habría adelantado una depuración de oficiales de inteligencia de la Policía y el Ejército. Además, en cartas y testimonios de disidentes, el funcionario es mencionado como una supuesta ficha cercana al Gobierno que habría servido de enlace entre actores armados y miembros de la fuerza pública.En esos testimonios, también se afirma que Mejía, conocido con el alias de ‘El Chulo’, supuestamente facilitó acuerdos clandestinos y habría propuesto, junto al general Juan Miguel Huertas, la creación de una empresa de seguridad fachada.Las acusaciones siguen bajo investigación, mientras el nuevo señalamiento, ahora de Mejía contra el Ejército, sobre posibles interceptaciones ilegales, vuelve a poner en el ojo público al sistema de inteligencia del Gobierno.
El director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía, presentó su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al director general encargado de la entidad, René Guarín, fechada el 2 de marzo de 2025.En la misiva, Mejía explica que decidió apartarse del cargo a pesar de que la Procuraduría General de la Nación había levantado la suspensión cautelar que pesaba en su contra, lo que le habría permitido retomar sus funciones.“He decidido no hacerlo y en su lugar presentar mi renuncia, motivado por el deber profesional de preservar la confianza y la integridad en una de las principales agencias de inteligencia del país”, señala el documento.El funcionario sostuvo además que su decisión busca evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la institución: “Considero que mi continuidad en el cargo podría generar dudas sobre la imparcialidad y la objetividad de la institución. En este sentido, mi renuncia es un acto de responsabilidad y compromiso con la misión y los valores de la Dirección Nacional de Inteligencia”, indica la carta.Mención a denuncias previasLa renuncia ocurre en medio de cuestionamientos y denuncias públicas que han mencionado a Mejía en relación con presuntas infiltraciones de las disidencias de las FARC en instituciones del Estado, señalamiento que ha sido divulgado en informes periodísticos y que forma parte del contexto en el que se produjo su salida de la DNI.Posible llegada a la UIAFTras su salida de la Dirección Nacional de Inteligencia, Mejía podría regresar al Gobierno en otro cargo, según versiones conocidas en círculos oficiales. De acuerdo con esas versiones, el funcionario sería considerado para dirigir la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad encargada de analizar y rastrear operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.La eventual designación se daría luego de la salida de Jorge Arturo Lemus, quien dejaría la dirección de la UIAF. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el nombramiento de Mejía en esa entidad. Las autoridades tampoco han anunciado decisiones formales sobre quién asumirá la dirección del organismo.La UIAF es una dependencia clave del Estado colombiano, encargada de recopilar y analizar información financiera para apoyar investigaciones sobre delitos económicos y flujos de dinero vinculados a actividades ilegales.
En entrevista con Mañanas Blu, Jorge Lemus, saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta hace poco encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), confirmó que Colombia presentará en los próximos días un plan de acción ante el Grupo Egmont, la red internacional que agrupa a 180 unidades de inteligencia financiera en el mundo, para solicitar el levantamiento de la suspensión que pesa sobre el país desde mediados de 2024.“Casualmente tengo que viajar en estos días a Tanzania a presentar el plan de acción para que nos levanten esa suspensión del grupo”, declaró Lemus en diálogo con Néstor Morales. El funcionario señaló que la misión hace parte de una gestión directa encomendada por el presidente Gustavo Petro, quien lo nombró en propiedad al frente de la DNI tras desempeñarse temporalmente en la UIAF.La suspensión de Colombia en el Grupo EgmontEl Grupo Egmont es un organismo internacional que permite el intercambio de información financiera confidencial entre los países miembros, con el propósito de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En 2024, Colombia fue suspendida temporalmente del grupo por presuntas violaciones a los protocolos de manejo de información clasificada, tras un episodio que involucró una revelación pública del presidente Petro.En octubre de ese año, el mandatario mencionó haber recibido información de inteligencia financiera relacionada con operaciones internacionales vinculadas a Israel, la cual habría sido compartida sin el debido proceso de depuración y reserva. Según explicó Lemus, el incidente no se debió estrictamente a una imprudencia presidencial, sino a una falla interna de la UIAF en el manejo y filtrado de los datos.“Más que una imprudencia del presidente Petro, fue una falla de la misma UIAF. Esa información se pasa depurada, no así como se pasó”, reconoció el funcionario. Añadió que el error consistió en haber remitido al presidente un informe completo y sin procesar proveniente de la Oficina de Inteligencia de Israel (OIA), que posteriormente fue mencionado públicamente.Lemus admitió que la responsabilidad directa recae sobre la misma entidad, bajo la dirección anterior de Luis Fernando Llinás. “Desafortunadamente sí fue una falla de la UIAF, que es la que debe asesorar al presidente sobre la reserva de la información”, dijo. No obstante, enfatizó que su objetivo no es “echar a nadie a la hoguera”, sino implementar medidas que corrijan las fallas estructurales del sistema.Entre las acciones adoptadas, Lemus anunció un nuevo decreto que regulará la divulgación de información sensible y exigirá autorización del Grupo Egmont antes de publicar datos provenientes de informes internacionales. “El decreto ya está preparado. Se solicitará a Egmont autorización expresa sobre lo que se puede divulgar y en qué forma”, explicó. Este documento será parte del plan de acción que presentará Colombia para recuperar su membresía.El exdirector precisó que el propósito del Gobierno es lograr el levantamiento de la sanción en un periodo estimado de tres meses, siempre que el grupo evalúe positivamente las medidas correctivas. “Ese es mi objetivo. No de inmediato, pero sí rápido, en tres meses que nos levanten”, afirmó.Reajuste institucional en la inteligencia colombianaDurante la entrevista, Lemus confirmó además que Isaac de León Beltrán dejó su cargo en la UIAF luego de su llegada como director encargado. “Cuando llegué a la UIAF como encargado, le acepté la renuncia. Por eso fue que salió a hablar, como suele pasar cuando se retiran funcionarios”, relató. También aseguró que no tuvo participación en un supuesto convenio con el Consejo Superior de la Judicatura para el acceso a bases de datos de magistrados, tema que señaló desconocer totalmente.El saliente director cerró su intervención reafirmando su compromiso con recuperar la credibilidad internacional de Colombia en materia de inteligencia financiera. “Se cometieron fallas, pero hay un plan de acción. Vamos a demostrar que el país mantiene su respeto por la confidencialidad y las normas internacionales”, puntualizó.La presentación del plan en Tanzania marcará, según Lemus, el primer paso concreto para que Colombia vuelva a ocupar su lugar en el corredor global de cooperación contra los delitos financieros.
El pasado viernes, 6 de noviembre, mientras se conmemoraban 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, se producía la salida de uno de los más importantes asesores del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Jorge Arturo Lemus.Se trata de Isaac De León Beltrán Pacheco, quien presentó su carta de renuncia de manera protocolaria luego de que fuera solicitada por Lemus, quien lo hizo en cumplimiento de una solicitud directa de la Casa de Nariño.La molestia en el alto gobierno, incluso del presidente Petro, que precipitó la salida de Isaac De León Beltrán de la UIAF, está relacionada con que muy recientemente tuvieron conocimiento en la Casa de Nariño de una reunión que habría tenido el exfuncionario, el 2 de junio de 2024, en Madrid, con el zar del contrabando, Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', quien habría intentado infiltrar la campaña Petro Presidente con 500 millones de pesos que fueron entregados al catalán Xavier Vendrell y que según el presidente, fueron devueltos.En este punto hay diferentes versiones, porque algunas personas señalan que la reunión habría sido ordenada por el Alto Gobierno, con el fin de negociar una especie de “amnistía financiera” para el dinero y los bienes de 'Papá Pitufo', a cambio de información sobre sus actividades ilícitas, para esclarecer los sobornos que entregó a oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera, así como a funcionarios de la Dian y la posible financiación que habría entregado a dirigentes políticos.Según esa misma versión, en la reunión estuvo presente Marín, (quien para ese momento estaba en libertad) su abogado español, y el funcionario del gobierno que habría viajado financiado por el Ministerio de Hacienda. La petición del contrabandista habría sido que le permitieran el control de los puertos del país, ante lo cual, fue tajante y clara la negativa del emisario del Gobierno.La otra versión indica que el funcionario de la UIAF que habría viajado a Madrid a reunirse con 'Papá Pitufo' lo habría hecho de manera inconsulta y que habría dicho que había sido enviado de manera directa por el Presidente de la República, algo que no correspondería a la realidad.Blu Radio consultó directamente a Isaac De León Beltrán para preguntarle sobre este encuentro y si fue ordenado por el presidente Gustavo Petro. El exfuncionario aseguró que no podía ni desmentir ni confirmar la información.
La renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, y la suspensión temporal de esta entidad de la red segura internacional del Egmont Group, tras revelarse la adquisición del software espía Pegasus por parte del Gobierno de Gustavo Petro, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de supervisión financiera y ciberseguridad en Colombia.En entrevista con Blu Radio desde Uruguay, el analista de ciberseguridad Camilo Gutiérrez advirtió que “el gran problema es la confianza que puede quedar en la UIAF ante otras instituciones”. La situación plantea un doble riesgo: por un lado, la interrupción del intercambio de información clave con organismos internacionales; por otro, el daño reputacional que podría afectar a una entidad dedicada al seguimiento de transacciones sospechosas y lavado de activos. Si no se corrige la situación, explicó Gutiérrez, “en 2027 podría haber un impacto más grave cuando haya una reevaluación de la unidad”.Riesgo de aislamiento y debilitamiento de la cooperación globalLa UIAF participaba en redes internacionales que permiten rastrear flujos de dinero vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, explicó Gutiérrez. Aunque “esta es una de varias redes”, señaló, la pérdida de acceso o la limitación en la colaboración puede tornarse crítica en operaciones futuras. Según el experto, el efecto más inmediato podría no sentirse ahora, “pero cuando se requiera información específica de otro país, ahí puede empezar a verse el problema”.La implicación directa de Pegasus, sumada a la renuncia de Llinás, genera señales preocupantes sobre la autonomía institucional. “Se tiene que garantizar que sea una entidad independiente”, recalcó Gutiérrez. Si se debilita esa independencia, advirtió, podrían generarse “inconvenientes serios” en el mediano plazo.Ciberseguridad y transparencia: los nuevos desafíos de la supervisión financieraEl escándalo no solo es financiero, sino también de ciberseguridad y gobernabilidad. La compra del software espía Pegasus —reconocida en una locución presidencial el 4 de septiembre— plantea preguntas sobre quién accede a la información, bajo qué protocolos y con qué límites. Gutiérrez alertó que la combinación de vigilancia digital no regulada y supervisión financiera debilitada abre “un vector de riesgo enorme” para el país.Mientras tanto, los sectores encargados de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo observan con preocupación. La UIAF deberá demostrar con evidencia sólida que no ha sido objeto de “intervenciones indebidas que comprometan su independencia”, insistió el analista. De lo contrario, el problema trascenderá lo técnico y se convertirá en una crisis institucional: la confianza del sistema global podría tardar mucho más en recuperarse de lo que se tardó en perderse.
El presidente Gustavo Petro aceptó el pasado viernes la renuncia de Luis Eduardo Llinás Chica como director de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, responsable de la inteligencia financiera y de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La UIAF también coordina la cooperación internacional en estos temas e interactúa directamente con agencias y sistemas internacionales como la OFAC.La decisión coincidió con el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la inclusión del presidente Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, en la lista OFAC, conocida coloquialmente como Lista Clinton.En el memorando compartido por la Administración estadounidense, que notifica el ingreso del presidente Petro a la lista OFAC, se recuerda un episodio ocurrido en septiembre de 2024: la suspensión de la UIAF de Colombia del Grupo Egmont tras una alocución en la que el mandatario leyó una carta calificada como confidencial, relacionada con la compra del software Pegasus en 2021.El Grupo Egmont es una organización internacional que reúne a más de 170 Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo, clave para el intercambio de información en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.“El comportamiento errático de Petro también ha deteriorado otras relaciones estratégicas. En 2024, compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros antilavado, poniendo en riesgo la integridad del sistema financiero internacional y provocando la suspensión de la Unidad de Información Financiera de Colombia del Grupo Egmont”, señala el memorando divulgado por el Departamento del Tesoro.La UIAF reaccionó oficialmente al anuncio de Estados Unidos mediante un comunicado en el que rechazó la decisión, calificándola como “violatoria del debido proceso” y afirmando que desconoce la trayectoria del presidente Petro como servidor público y los resultados de su administración en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.La entidad aseguró que no ha recibido requerimientos de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia ni de autoridades extranjeras solicitando informes de inteligencia financiera o intercambio de información sobre el presidente, la primera dama o Nicolás Petro Burgos por presuntos vínculos con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas. Además, precisó que tampoco existen reportes de operaciones sospechosas por parte del sistema financiero que los involucren en actividades relacionadas con esos delitos.Director del DNI queda como encargadoLuis Eduardo Llinás también salió hace pocos días de la dirección de la Dian, cargo que ocupó en encargo y en simultáneo con sus tareas en la UIAF durante cerca de nueve meses, tras la salida de Jairo Villabona. Su permanencia simultánea en la UIAF y la Dian generó cuestionamientos por posibles conflictos entre las funciones de ambas entidades.En ese sentido, resulta polémico que en el mismo decreto en el que acepta la renuncia de Llinás, el presidente Gustavo Petro haya designado como encargado de la UIAF a Jorge Arturo Lemus, actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y viejo conocido del mandatario durante su época en el M-19.
Colombia, oficialmente, fue suspendida por Egmont Group, la organización internacional que permite intercambiar información financiera y de inteligencia sobre lavado de activos y terrorismo, entre países en cooperación, pero, ¿qué significa esto y qué implicaciones tiene para la Nación? En diálogo con Mañana Blu con Néstor Morales, el exdirector de la UIAF y exvicepresidente del Egmont Group, Alberto Lozano, dio detalles de lo que esto podría afectar y lo que se perdería.Cabe recordar que esta decisión se dio luego de la divulgación no autorizada del presidente Gustavo Petro, durante una alocución, de la presunta compra del software espía Pegasus durante el Gobierno de Iván Duque. Esta información, que era confidencial, se había entregado a través de los mecanismos del Egmont Group.Lozano mencionó que, en primer lugar, se pierde celeridad y anticipación, lo cual, recalcó, son dos aspectos muy importantes en temas que tienen que ver con terrorismo y lavado de activos. Por eso, explicó que, si en tres años no se soluciona el nuevo ingreso a este grupo, Colombia podría “quedar en una lista gris”.Colombia, fuera del chat para compartir información“Tiene unos efectos a corto, mediano y largo plazo, pero lo que hoy quiere decir es que el Egmont Group está investigando, obviamente tiene que haber un debido proceso; eso es un problema entre dos miembros de Egmont Group que se puede solucionar, pero, por el momento, es como si a usted lo sacaran del chat de sus amigos y no lo dejan compartir inteligencia financiara en uno de los canales que existe para este propósito”, indicó el experto.Sobre las consecuencias, dijo que ahora toca usar otros medios, los cuales “no son muy seguros” o que “no tienen la misma trazabilidad”. Por eso, aseveró que se tendría que hacer por triangulación, es decir, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) entraría a trabar con la Policía y con la Fiscalía.“Entonces, le quita cierta autonomía a la UIAF para esto, pero es que el Egmont Group tiene algo muy interesante y es que es información de inteligencia, preventiva, es cuando hay riesgo de que algo suceda. No es ya la prueba de lo que sucedió en un caso de corrupción hace 10 años que llega por una colaboración judicial. Esto es instantáneo”, precisó.Lozano dijo que, por ejemplo, la organización actúa cuando un banco sospecha de algo y otro país puede preguntar. En este caso, recalcó que se pierde celeridad y anticipación. Puntualizó que es como “perder la llamada a un amigo”.
La Procuraduría empezó una investigación disciplinaria a Luis Eduardo Llinás Chica, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, por presunto tráfico de influencias en la celebración de contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD.Desde la UIAF aseguran que el director atenderá los requerimientos necesarios por parte del ente de control y que aportará información que permita demostrar su inocencia. Sin embargo, advierten, que los contratos mencionados no tienen relación con el caso de los carrotanques.“Menester informar que los contratos señalados en la comunicación de la PGN no están relacionados con la investigación que adelanta el ente de control en el marco de la compra de los carrotanques”, explica la UIAF.En el mismo sentido aseguran que han entregado información a la Procuraduría y la Fiscalía en el marco de las investigaciones que se adelantan por presunta corrupción en la UNGRD.“Reiteramos nuestro compromiso con el país de continuar con la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo, contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como contra los delitos ambientales y la corrupción”, señala la entidad.El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió al director de la UIAF y aseguró que “si lo han citado a algo dejemos que actúen los entes de control”.
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Juan Francisco Espinosa, explicó que bandas criminales como el Clan de Golfo están aumentando el ingreso de dineros producto del narcotráfico a través de mercancía de contrabando. "Parte de la droga que se genera en el país se vende en el exterior, esa venta, es decir esos recursos, pueden ingresar a través de dinero físico o muchas veces mediante mercancía de contrabando y se vende con mucho descuento porque la organización criminal lo que necesita es la liquidez producto de esa venta", dijo el director. Espinosa advirtió que cuando alguien compra un producto de contrabando, no solamente afecta el mercado formal, sino facilita y fortalece la presencia de organización criminales. "Por eso cuando una persona ve que le ofrecen un producto a muy bajo precio tiene que tener presente que lo que está facilitando es la presencia de esas organizaciones criminales, la gente tiene que entender que cuando compra esos productos no solamente atenta contra la formalidad y la industria decente sino facilitando la presencia de esas bandas", afirmó. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Ambientalistas y defensores de los animales están pidiendo a las autoridades investigar la muerte de un leopardo registrada en Bucaramanga, luego de que se conocieran versiones según las cuales el animal habría permanecido en un apartamento del barrio Cabecera y posteriormente habría sido dejado junto a un árbol, en un jardín de la zona.El caso generó preocupación entre organizaciones y ciudadanos que reclaman esclarecer las circunstancias en las que murió el animal y establecer si se presentó algún tipo de maltrato.Ante la situación, el Edificio La Cabecera P.H., a través de su apoderado judicial, Acevedos Abogados y Asociados S.A.S., emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que la protección animal y el cumplimiento de la normatividad hacen parte de sus prioridades.La copropiedad señaló que ha colaborado con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.En el comunicado, firmado por el representante legal Carlos Fernando Acevedo Supelano, la administración precisó que, según los elementos conocidos hasta el momento, lo ocurrido correspondería presuntamente a una actuación individual y aislada, y no a una decisión, política o actuación de la copropiedad.El edificio también pidió evitar generalizaciones o señalamientos contra los residentes y los órganos de administración, mientras las autoridades determinan las circunstancias y eventuales responsabilidades.Juan Sebastián Mejía, médico veterinario de la CDMB, explicó que durante la revisión general encontraron múltiples contusiones y algunas fracturas, por lo que la principal hipótesis apunta a un trauma, posiblemente provocado por un atropellamiento.“Se logra identificar diferentes contusiones, lo cual conlleva que lo más probable de la muerte del paciente haya sido una contusión, posiblemente por algún atropellamiento”, explicó el veterinario.Sin embargo, las autoridades ambientales investigan cómo llegó este ocelote hasta una zona urbana de Bucaramanga, teniendo en cuenta que no es una especie habitual del sector.La CDMB anunció que adelantará la investigación para establecer el posible origen del animal y conocer las circunstancias que rodearon su llegada a este punto de la ciudad.Finalmente, informó que fueron adoptadas medidas internas para reforzar el cumplimiento de las normas relacionadas con la tenencia y protección de animales, así como la sana convivencia dentro de la copropiedad.
El juez 30 Civil del Circuito de Bogotá negó la acción de tutela presentada contra el Gobierno Nacional por la publicación de imágenes en las que aparecían cuerpos envueltos en bolsas, luego de una operación militar. La decisión dejó sin efectos la medida provisional que había ordenado abstenerse de difundir ese material mientras se resolvía de fondo la acción.La tutela había sido promovida por el representante Santiago Osorio Marín y el ciudadano Javier Ricardo Cabrera Cruz, quienes cuestionaron la publicación de las imágenes y alegaron posibles afectaciones relacionadas con la dignidad de los fallecidos y la exposición de niños, niñas y adolescentes a contenidos violentos. Sin embargo, el juez concluyó que ninguno de los accionantes acreditó las condiciones necesarias para actuar en representación de las personas cuyos derechos presuntamente habrían sido afectados. En el caso de Cabrera Cruz, no se demostró parentesco con las personas fallecidas, ni representación de sus familiares. Tampoco se acreditó que estos estuvieran imposibilitados para acudir directamente a la justicia.“Javier Ricardo Cabrera Cruz no demostró vínculo de parentesco con las personas fallecidas ni representación de sus familiares; tampoco explicó que estos se encontraran imposibilitados para promover directamente la defensa de sus garantías”, señaló el juez.Frente a Santiago Osorio Marín, quien manifestó actuar en favor de todos los niños, niñas y adolescentes del territorio nacional, el despacho consideró que tampoco se identificó un menor determinado que hubiera visto las publicaciones o sufrido una afectación concreta.“Si bien la protección prevalente de la niñez flexibiliza las exigencias propias de la agencia oficiosa, no suprime la necesidad de establecer, cuando menos, un sujeto o grupo determinable, la amenaza que recae sobre sus derechos y las razones que hacen necesaria la intervención de un tercero”, sostuvo el juez. El despacho también diferenció entre la publicación de las imágenes y el manejo de los cuerpos después de la muerte. Sobre este último aspecto, concluyó que no había pruebas de actuaciones contrarias al respeto debido a los cadáveres.La decisión señala que los cuerpos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizaron los procedimientos de identificación correspondientes, y posteriormente quedaron disponibles para ser entregados a quienes acreditaran las condiciones exigidas para reclamarlos.El juez agregó que tampoco se acreditó una demora injustificada, ocultamiento, negativa de acceso o restricción arbitraria que hubiera impedido a los familiares realizar los ritos funerarios o afectado su proceso de duelo.En cuanto a la exposición de menores de edad a imágenes de violencia, el despacho reconoció que este tipo de contenidos puede representar un riesgo para su bienestar emocional y desarrollo integral. Sin embargo, consideró que en este caso no se acreditó una afectación concreta.“No se identificó a algún menor que hubiese observado los videos ni se allegaron valoraciones médicas, psicológicas o familiares que permitieran establecer una afectación atribuible a su contenido”, se lee en la decisión.Aunque negó la tutela, el juez hizo una consideración frente a la manera en que las autoridades deben comunicar este tipo de hechos. Señaló que los resultados de una operación pueden ser divulgados utilizando mecanismos menos invasivos frente a la dignidad, la memoria y la imagen de las personas fallecidas, así como respecto de la intimidad de sus familias.En ese sentido, el despacho pidió al Gobierno “ponderar y evaluar la proporcionalidad” al momento de compartir imágenes de cadáveres y material relacionado con hechos violentos, incluyendo la posibilidad de utilizar advertencias previas o restricciones de visualización.Finalmente, el juez concluyó que, ante la falta de una afectación concreta y la ausencia de víctimas individualizadas dentro de la acción, no era procedente impartir órdenes de retiro, sanción o regulación general sobre los contenidos publicados en redes sociales.
El avance del Escudo de las Américas y la eventual activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) abren un nuevo escenario de cooperación regional para enfrentar el narcotráfico, pero también plantean interrogantes sobre el alcance de las operaciones militares y la participación de países como Colombia. Así lo explicó José Luis Rodríguez León, exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), en entrevista con Mañanas Blu.El experto recordó que el TIAR no es un mecanismo nuevo. El tratado fue suscrito en 1947, antes incluso de la creación de la OEA y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y ha sido utilizado en 24 ocasiones. Su propósito contempla mecanismos de asistencia recíproca entre los países miembros frente a determinadas amenazas.Rodríguez León señaló que el actual debate parte de una solicitud para convocar una reunión de consulta que permita poner en marcha el órgano de consulta del TIAR. Para el exasesor de la OEA, el proceso tiene una ruta institucional definida y no implica, necesariamente, la creación de una fuerza militar multinacional.Así funcionaría la activación del TIARDe acuerdo con la explicación entregada durante la entrevista, el primer paso consiste en presentar formalmente la solicitud ante el Consejo Permanente de la OEA. Posteriormente, los países que actualmente hacen parte del TIAR deberán votar sobre su activación.“Para que se pueda activar un mecanismo como el del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, existen unos pasos dentro de la OEA”, explicó Rodríguez León.El especialista indicó que actualmente son 19 los países miembros del tratado y que para aprobar su activación se requieren dos terceras partes de los votos, es decir, 11 países. Una vez superado ese trámite, se convocaría una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, escenario en el que se discutirían y votarían las medidas correspondientes.Según su interpretación del procedimiento anunciado, la activación podría concretarse en un plazo aproximado de un mes si se mantienen las condiciones políticas necesarias para alcanzar la mayoría requerida.Narcotráfico, el eje del Escudo de las AméricasEl combate al narcotráfico aparece como uno de los principales objetivos del mecanismo. Sin embargo, Rodríguez León planteó que la respuesta regional no debería concentrarse exclusivamente en las operaciones militares o represivas.“Todo lo que se puede hacer de políticas coordinadas a nivel hemisférico para combatir el flagelo del narcotráfico es más que bienvenido”, manifestó, aunque advirtió que la problemática debe abordarse desde diferentes frentes.En su análisis, la estrategia debería contemplar toda la cadena del narcotráfico, desde la prevención hasta las medidas de carácter judicial y las discusiones sobre despenalización. También llamó la atención sobre la transformación del mercado de drogas y el crecimiento de los estupefacientes sintéticos, entre ellos el fentanilo.El exasesor recordó además un estudio elaborado por la OEA después de la Sexta Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena en 2012. Según explicó, el documento presentado en 2013 planteó diferentes escenarios sobre el problema de las drogas en el continente y contó con la participación de representantes de organismos de seguridad, fuerzas armadas y sectores privados.Colombia y las operaciones militaresUno de los principales interrogantes está relacionado con el papel que tendría Colombia dentro del nuevo esquema de cooperación. Rodríguez León señaló que la posición geográfica del país, con costas sobre el Caribe y el Pacífico, lo convierte en un punto relevante dentro de las rutas del narcotráfico.El exasesor también cuestionó el alcance que podrían tener eventuales operaciones contra embarcaciones utilizadas para transportar drogas y planteó interrogantes sobre el respeto de las normas del derecho internacional.A su juicio, una estrategia exclusivamente basada en la fuerza no ha resuelto el problema del narcotráfico. “Si no se atacan todas y cada una de las cadenas del narcotráfico, desde el tema de prevención hasta eventualmente el tema de despenalización, sencillamente estamos solamente buscando uno de los aspectos importantes”, sostuvo.¿Habría tropas extranjeras en Colombia?Otro de los puntos centrales de la conversación fue la posibilidad de que la activación del TIAR permita operaciones militares conjuntas en territorio colombiano. Rodríguez León explicó que, a partir de la información que conocía del comunicado, la interpretación inicial es que cada fuerza militar actuaría dentro de su propio territorio, aunque bajo un mecanismo de coordinación regional.“No sería una fuerza multilateral de la OEA para actuar en otros países”, señaló. Esta distinción resulta relevante para el caso colombiano. El entrevistado explicó que, si se planteara una presencia de militares extranjeros en territorio nacional, entraría en juego el procedimiento constitucional correspondiente.“En caso de que fuera una actitud contraria, como bien sabes, se necesita la aprobación del Congreso de Colombia para que pueda haber presencia de militares de otros países en territorio colombiano”, afirmó.De esta manera, el debate sobre el Escudo de las Américas, el TIAR, la cooperación militar y la lucha contra el narcotráfico queda ligado a una discusión más amplia sobre los límites de la cooperación internacional y las competencias de cada Estado.Para Rodríguez León, la activación del mecanismo puede avanzar por los canales institucionales de la OEA y del TIAR, pero el alcance concreto de las medidas dependerá de las decisiones que adopten los países participantes y de las condiciones jurídicas aplicables en cada territorio.
En menos de 24 horas se confirmó otro accidente de tránsito en carreteras de Antioquia. En esta ocasión, en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, donde habría al menos 20 personas heridas.Se confirma que se trata de un bus de servicio intermunicipal, de la empresa Copetran, que al parecer, luego de lluvias en el Magdalena Medio,sufrió un aparatoso accidente de tránsito.Según el reporte de la ciudadanía y como se observa en las imágenes, el bus rodó por una pendiente y cayó a un abismo en el sector conocido como Alto de las Águilas en el Corregimiento El Brasil, en la vía Puerto Berrío–San José del Nus, antes de llegar a Minas del Vapor.Los campesinos de la zona, conductores y los organismos de socorro atienden la emergencia, ayudando a sacar a los pasajeros, entre adultos y niños, que quedaron entre el automotor y la hierba.Al momento, el primer reporte a la espera de confirmación de las autoridades es que habría al menos 20 personas resultaron heridas, que están siendo atendidos en el sitio y otros trasladados al Hospital de Puerto Berrío y la Clínica Genezen donde están siendo atendidos.Por esta situación, no hay conexión entre el Magdalena Medio antioqueño y la Ruta del Sol que conecta a los Santanderes y la Costa Caribe, ruta alterna es la Medellín - Bogotá, empalmar en Puerto Boyacá o la vía a nueva del Nus con rumbo a Montería.Esta situación se suma al grave accidente ocurrido en Santafe de Antioquia, en la vía a Urabá, donde 17 personas resultaron heridas, 4 de ellas de gravedad y una de estas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial de Medellín, debido a que tuvo una falla.
La población del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta afronta un temor generalizado por las represalias anunciadas por el grupo ilegal los Pachenca, autodenominados Conquistadores de la Sierra, tras las recientes operaciones de la fuerza pública en la región.La defensora del Pueblo, Iris Marín, detalló cómo la estructura criminal ha consolidado su poder territorial en los departamentos del Magdalena, La Guajira y el Cesar.Marín señaló en Mañanas Blu que el grupo ilegal ejerce un "control hegemónico" en municipios como Santa Marta, Ciénaga y Dibulla, e interviene directamente en la vida de la población mediante "violencia selectiva, órdenes de comportamiento" y castigos difundidos en plataformas digitales.El dominio social de la organización armada limita la libertad de movilidad y de conducta de la ciudadanía, afectando en especial a los pueblos indígenas de la zona y vulnerando los derechos de mujeres y niñas.En cuanto a las fuentes de recursos que financian sus actividades, la defensora explicó que la estructura ilegal obtiene ingresos de la extorsión y del tráfico de sustancias ilícitas."Ellos están asociados mucho al tema del tráfico, del narcotráfico. Todas estas zonas son zonas que son cruciales para el tránsito del tema de drogas, pero también fuertemente viven de la extorsión", explicó Marín.A través del cobro de cuotas ilegales al sector comercial, la organización impone "una doble función, obviamente ilegítima", consistente en ofrecer seguridad al turismo y al comercio "para poder extorsionar y sacar recursos" de esas mismas actividades económicas.Las disputas territoriales en la región varían según la ubicación geográfica. Mientras hacia el norte, en La Guajira, la estructura mantiene enfrentamientos con el 'Clan del Golfo' en municipios como Riohacha, San Juan del Cesar y Albania, este último grupo armado avanza en una etapa de expansión hacia el sur del Magdalena y el Cesar.La entidad advirtió que la presencia militar no es suficiente y solicitó una respuesta institucional integral para evitar el reclutamiento de jóvenes, a quienes el entorno les ofrece a las estructuras armadas como la única alternativa de vida."En esta zona, como muchas del país, en los jóvenes la mejor opción que tienen son los grupos armados", concluyó la defensora.
