La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el presidente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, y siete integrantes de la junta directiva de la entidad, para establecer si incurrieron en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos durante la vigencia 2024.
El Ministerio Público busca determinar si los investigados participaron en operaciones financieras que estarían prohibidas por la regulación aplicable al sistema de salud, así como establecer las circunstancias en las que se realizaron distintos movimientos de recursos administrados por la EPS.
De acuerdo con la decisión, la investigación disciplinaria se centra en posibles irregularidades relacionadas con pagos a terceros, una presunta concentración en la dispersión de recursos destinados a ese concepto y un contrato de coworking suscrito por la entidad.
Con la apertura formal del proceso, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si las actuaciones cuestionadas constituyen faltas disciplinarias.
El organismo de control precisó que la investigación permitirá verificar la ocurrencia de las conductas denunciadas, establecer si existieron eventuales incumplimientos del régimen disciplinario y definir si los funcionarios actuaron o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
La actuación disciplinaria se conoce semanas después de que la Contraloría General de la República revelara los resultados de una auditoría forense practicada a Coosalud EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional.
En ese informe, el organismo de control fiscal identificó múltiples presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos administrados por la EPS y concluyó que los hallazgos podrían dar lugar a responsabilidades de carácter administrativo, disciplinario, fiscal e incluso penal.
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