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Procuraduría advierte vacío legal si Congreso no aprueba régimen sancionatorio aduanero

La regulación del régimen sancionatorio aduanero está sometida a reserva de ley, por lo que corresponde exclusivamente al Congreso establecer las normas que rijan en esta materia.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: BLU Radio

La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre los riesgos jurídicos e institucionales que podrían generarse si el Congreso no expide antes del 20 de junio de 2026 una ley que establezca el régimen sancionatorio aduanero, regule el decomiso de mercancías y defina el procedimiento aplicable en esta materia. La alerta surge en el contexto de la Sentencia C-072 de 2025 emitida por la Corte Constitucional, que declaró inexequible la facultad que tenía el Gobierno Nacional para regular este régimen mediante decreto.

De acuerdo con la decisión del alto tribunal, la regulación del régimen sancionatorio aduanero está sometida a reserva de ley, por lo que corresponde exclusivamente al Congreso establecer las normas que rijan en esta materia. En su fallo, la Corte concedió un plazo al poder legislativo hasta el 20 de junio de 2026 para que adopte la ley correspondiente, advirtiendo que, una vez vencido ese término, podría generarse un vacío normativo con efectos directos sobre el control aduanero en el país.

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Congreso de la República.
Foto: Unal.

La Procuraduría señaló que esta fecha se convierte en una cuenta regresiva con implicaciones relevantes para el funcionamiento institucional, en especial en lo relacionado con el control del contrabando, el decomiso de mercancías y la capacidad del Estado para imponer sanciones en materia aduanera. Según la advertencia del ente de control, a partir del 21 de junio, en caso de no haberse aprobado la ley, el vacío normativo podría ser inmediato y tener un alcance amplio sobre las facultades de las autoridades encargadas de ejercer vigilancia en este ámbito.

En ese contexto, la entidad informó que adelanta un seguimiento preventivo al trámite legislativo en curso, con el objetivo de monitorear los avances y promover acciones que permitan anticipar eventuales riesgos derivados de la ausencia de regulación. Asimismo, indicó que se están impulsando espacios de articulación institucional entre distintas entidades del Estado para analizar los posibles escenarios jurídicos y administrativos que podrían surgir si no se cumple con el plazo fijado por la Corte Constitucional.

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