Está inspección fue una orden directa del procurador general, Gregorio Eljach, a su procuradora delegada en Salud, Mónica Ulloa, pero también al procurador delegado para la vigilancia de la función pública para realizar todas las visitas de inspección necesarias a la Superintendencia de Salud por las dudas que hay en la prórroga de intervención a la Nueva EPS.
El procurador general aseguró que estudiará los materiales probatorios recolectados en esta diligencia y determinará si existen o no méritos para medidas disciplinarias.
En las últimas horas se conoció que la Superintendencia de Salud habría, presuntamente, tramitado de forma irregular la prórroga de la intervención de la Nueva EPS, al expedir la medida sin el respaldo del Comité de Medidas Especiales y con inconsistencias en el acto administrativo.
De acuerdo con la información, la delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud respondió a un requerimiento de la Procuraduría —liderado por la procuradora delegada Mónica Ulloa— en el que se detallan inconsistencias en el proceso que llevó a extender la medida de intervención sobre la mayor EPS del país, con cerca de 11,5 millones de afiliados.
El documento señala que la Superintendencia solicitó al Ministerio de Salud la prórroga de la intervención por un año, medida que inicialmente estaba vigente hasta el 3 de abril de 2026. Sin embargo, el ministerio no emitió un pronunciamiento dentro del plazo previsto, lo que dejó a la entidad, por algunos días, sin una medida de intervención vigente.
Posteriormente, el 10 de abril, el Comité de Medidas Especiales —instancia técnica encargada de recomendar decisiones de fondo— analizó la situación de la Nueva EPS. Según lo revelado, sus integrantes deliberaron y recomendaron por unanimidad no adoptar una nueva intervención en ese momento, al considerar que no se contaba con los insumos técnicos necesarios, como informes completos de inspección y vigilancia.
Pese a esta recomendación, ese mismo día la Superintendencia Ad Hoc expidió la resolución que ordenó la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la entidad.
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El documento advierte que en dicho acto administrativo se consignaron afirmaciones que no corresponderían a lo ocurrido en el comité, al señalar que este había recomendado la intervención.
En la comunicación enviada a la Procuraduría se concluye que el proceso “se aparta del principio del debido proceso administrativo” y que no cumplió con los procedimientos técnicos exigidos antes de adoptar este tipo de decisiones. Durante la emisión radial también se destacaron cifras incluidas en el documento, que evidencian el deterioro financiero de la EPS durante la intervención.
El rezago en el procesamiento de cuentas médicas pasó de 5,7 billones de pesos en abril de 2024 a 14,9 billones en diciembre de 2025, mientras que las cuentas por pagar a clínicas y hospitales aumentaron 24 %, alcanzando 26,09 billones de pesos.
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Adicionalmente, se mencionó el caso de Jorge Iván Ospina, designado como agente interventor. Según un memorando interno del 10 de abril, su hoja de vida no cumpliría con los requisitos mínimos de experiencia exigidos para el cargo, aunque sí acredita formación como médico cirujano.
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