La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por posibles irregularidades en el proceso contractual adelantado por la Alcaldía de Tunja para organizar y realizar la edición número 71 del Aguinaldo Boyacense 2026.
El procedimiento disciplinario se dirige, por ahora, contra servidores públicos por identificar de la administración municipal, mientras se establece quiénes participaron en las decisiones relacionadas con el contrato.
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Uno de los puntos que revisa el Ministerio Público es la estructuración de los estudios previos, es decir, los documentos que debían establecer las condiciones, necesidades y características de la contratación antes de escoger al encargado de ejecutar el Aguinaldo Boyacense.
La Procuraduría también analiza la forma en la que fue seleccionado el contratista, pues advirtió que podrían existir falencias relacionadas con la falta de reglas claras y de precisión frente a los costos y la calidad del servicio contratado.
De comprobarse estas situaciones, podrían haberse vulnerado los principios de transparencia y planeación contractual, aunque la entidad aclaró que la actuación se encuentra todavía en una etapa preliminar y que deberá establecerse si efectivamente existió una falta disciplinaria.
Por esta razón, el organismo ordenó la práctica de pruebas que permitan reconstruir cómo se adelantó el proceso, determinar las condiciones establecidas para la contratación y establecer las responsabilidades que puedan existir.
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Por el momento, la investigación se encuentra en fase de indagación, por lo que la Procuraduría no ha informado sobre sanciones ni ha señalado responsables concretos.