La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la adopción de una medida cautelar de urgencia para que el presidente Gustavo Petro sustente con pruebas los señalamientos que ha realizado contra la Organización Electoral, especialmente aquellos relacionados con presuntas irregularidades en el proceso electoral que se aproxima.
La procuraduría pidió al tribunal que ordene al mandatario abstenerse de difundir afirmaciones sobre supuestos fraudes electorales si estas no cuentan con soporte probatorio verificable.
En el documento, el agente del Ministerio Público solicitó que se ordene “al señor Presidente de la República que en sus alocuciones presidenciales, discursos públicos o en sus redes sociales omita transmitir o retransmitir cualquier afirmación, opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral que se aproxima”, en especial aquellas relacionadas con “presuntos fraudes electorales, manipulación de los software que se utilizan en el proceso electoral, posible alteraciones en el kit electoral, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de los formularios y/o tarjetones”.
También se planteó que, en caso de contar con información que respalde esas afirmaciones, el jefe de Estado debe ponerla a disposición de las autoridades competentes y de la ciudadanía. En ese sentido, el documento señala que dichas manifestaciones no deberían realizarse “sin que se tenga una información fehaciente de tales situaciones, debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, caso en el cual debería ponerse a disposición de las autoridades competentes y de la ciudadanía todas las fuentes de información y pruebas que sustenten sus afirmaciones”.
El documento también justificó la solicitud de urgencia en la cercanía del calendario electoral. Según el escrito, “el carácter urgente con el que se plantea se debe a la proximidad de las fechas dispuestas por la Organización Electoral para las elecciones de candidatos a Corporaciones Públicas, Consultas y Presidencia de la República, que en pocos días se desarrollarán (la primera de ellas el próximo 8 de marzo de 2026)”.
Frente a esta petición, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió examinar y darle trámite a la solicitud. En la providencia se determinó “IMPARTIR el trámite de medida cautelar ordinaria a la solicitud del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho”.
Además, el tribunal ordenó correr traslado de la solicitud a las partes involucradas para que se pronuncien. En la decisión se establece “Se corre traslado a las partes: actor popular, señora Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y señor Presidente de la República por el término de cinco (5) días” para que respondan frente a la petición presentada por la Procuraduría.
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Igualmente, el despacho dispuso que se notifique a las autoridades electorales, por su papel en la protección del derecho colectivo relacionado con la transparencia del proceso democrático. En ese sentido, también se dará traslado de la solicitud al Registrador Nacional del Estado Civil y al presidente del Consejo Nacional Electoral, quienes tendrán el mismo plazo de cinco días para pronunciarse.
Con este trámite, el tribunal deberá evaluar si procede o no la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, en un contexto marcado por el inicio del calendario electoral y por las tensiones generadas en torno a la confianza en el sistema electoral del país.
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