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Procuraduría pidió rechazar tutela de abogado del canciller Álvaro Leyva que busca tumbar suspensión

La respuesta del ente de control llegó al Tribunal Superior de Bogotá, donde se radicó la tutela. El Ministerio Público rechazó de tajo la petición de Álvaro Leyva.

329890_BLU Radio. Procuraduría General de la Nación/ foto: BLU Radio.
Procuraduría General de la Nación
Foto: BLU Radio

Una nueva respuesta por parte de la Procuraduría se dio a la tutela que interpuso el abogado del canciller Álvaro Leyva, con la que busca que se le levante la suspensión por tres meses tras las irregularidades en la licitación para elaborar los pasaportes en Colombia.

En un documento de once páginas, el Ministerio Público rechazó de tajo la petición de Leyva, quien argumentó que se le vulneraron sus derechos al debido proceso luego de la suspensión, pero para la Procuraduría fue “una medida de prevención disciplinaria” contra el ministro.

La respuesta de la Procuraduría enviada al Tribunal de Bogotá dice que “la suspensión provisional dentro del proceso disciplinario no desconoce el derecho al debido proceso, por cuanto la misma es una medida de prevención disciplinaria que no define la responsabilidad del servidor público”.

Así mismo, agrega que “por lo que tal y como fue señalado en el informe del procurador delegado de la sala disciplinaria de instrucción “(…) en el curso del proceso disciplinario, sea en la etapa instructiva o de juicio, es posible desvirtuar el hecho jurídicamente relevante que motiva la adopción de la medida, y, por contera no atenta contra la presunción de inocencia”.

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Frente a estos argumentos, la Procuraduría expuso que no se le ha vulnerado el derecho al debido proceso al canciller Leyva, porque la medida que se le impuso no es definitiva, sino cautelar y cumple con los requisitos del código disciplinario.

El suspendido canciller Álvaro Leyva, radicó mediante su defensa, el pasado 13 de febrero, una tutela solicitando que se levante los efectos de la decisión del ente de control. El ministro solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proteger sus derechos fundamentales al trabajo, a ejercer cargos públicos y al trabajo, frente a la presunta vulneración cometida por la procuradora Margarita Cabello.

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