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Procuraduría pide abrir cuatro nuevos macrocasos a la JEP por delitos cometidos en conflicto armado

La entidad solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz implementar estrategias de investigación para estos macrocasos que respondan a las demandas y las afectaciones de las víctimas.

Sede de la Procuraduría en Bogotá // Foto: Facebook Procuraduría General de la Nación
Sede de la Procuraduría // Foto: Facebook Procuraduría General de la Nación

Después de un análisis, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de determinación de hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abrir cuatro nuevos macrocasos con relación a desaparición forzada, violencias basadas en género, desplazamiento forzado, y medios y métodos de guerra ilícitos.

Teniendo en cuenta la magnitud de la victimización de casos y, a su vez, la identificación de las prácticas macrocriminales, efectuadas por actores armados a lo largo del conflicto, el ente de control pidió a la JEP que para estos macrocasos se desarrollen estrategias de investigación que respondan a las demandas y afectaciones de las víctimas.

Con lo respecto al macrocaso de violencia sexual y violencia basada en género, la Procuraduría identificó un universo de más de 2.000 víctimas en el que se enfatiza la instrumentalización del cuerpo de la mujer como una forma de ejercer autoridad y control por parte de los grupos armados, así como el impacto desproporcionado que estos hechos generan en niños, niñas, adolescentes y la población étnica y LGTBI.

La procuraduría advirtió que los hechos de desaparición forzada, ocurridos en el marco del conflicto armado, afectaron a más de 80.000 víctimas, constituyéndose en una práctica sostenida y deliberada por parte de los diferentes actores que son competencia de la JEP y que, a la fecha, registran altos índices de impunidad.

Frente a la reiteración de la apertura del caso sobre métodos y medios de guerra ilícitos, el Ministerio Público alertó sobre acciones indiscriminadas en contra de la población civil que se cometieron a manos de actores armados, como lo son actos de terrorismo, el uso de minas antipersonal y sensibles daños medioambientales.

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