Tras la legalización de la captura de alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla del Clan del Golfo, un juez compulsó copias para que se investiguen las expresiones utilizadas por el presidente Abelardo De La Espriella en un video en el que se refirió al detenido con términos como “porquería”, “asesino”, “despreciable”, “basura” y “miserable”. La decisión se produjo al considerar que esas expresiones podrían haber afectado la dignidad humana del procesado.
La determinación abrió un debate entre penalistas y constitucionalistas sobre los límites que tienen los funcionarios públicos, y particularmente el jefe de Estado, al referirse públicamente a personas capturadas en medio de operativos de las autoridades. El punto de discusión está en establecer si los calificativos utilizados por el mandatario constituyen una posición política frente a un operativo de seguridad o si pueden tener implicaciones frente a garantías como la presunción de inocencia, el buen nombre y la dignidad humana.
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El exdirector del CTI y abogado penalista Julián Quintana cuestionó la decisión judicial y señaló que no encuentra en las expresiones del mandatario un trato cruel, inhumano o degradante.
Para Quintana, existe una contradicción entre declarar legal el procedimiento de captura y, posteriormente, compulsar copias por las expresiones utilizadas durante la presentación pública del detenido “Yo no veo ilegalidad en la actuación del presidente. Ahora, podemos cuestionar sus expresiones, sus maneras o su estilo de gobernar, pero eso no significa que haya vulnerado la dignidad del capturado, ni que estemos ante un trato cruel, inhumano o degradante. En estos procedimientos se puede actuar con contundencia, y lo hace también la policía o quien hace capturas, siempre dentro del respeto por los derechos fundamentales y esto es lo que yo puedo advertir. Además, encuentro una contradicción en la decisión. Si el juez legalizó la captura, reconoció que el procedimiento cumplió las exigencias constitucionales y legales, por eso, si las expresiones del presidente ocurrieron durante ese mismo procedimiento, pues no tendría sentido compulsa porque se supone que todo fue legal, entonces tendría que explicar qué fue lo que vulneró de manera concreta”
Otra de las posiciones planteadas en este debate es la del abogado penalista Wilson Pulido, quien considera que las expresiones del presidente deben entenderse como una posición política y no como una actuación judicial que modifique las garantías procesales del capturado.
“Actualmente, se cuestiona que el presidente salga de manera pública ante los medios de comunicación a calificar de delincuentes a las personas capturadas, y se podría pensar que les está violando sus derechos a la presunción de inocencia, al buen nombre y a la dignidad. Desde mi punto de vista, está siendo un señalamiento político, amparado en lo consagrado en el artículo 189 de la Constitución Política, que establece que el presidente es el encargado de velar por el orden público, incluso restablecerlo cuando se haya alterado o se haya perdido”, explicó Pulido.
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El abogado agregó que, desde su interpretación, las funciones constitucionales del presidente permiten que el mandatario informe públicamente sobre las acciones desarrolladas para preservar la seguridad y el orden público. “Ahora, la Ley 1757 del 2015 establece que es obligación, entre otros, del presidente de la República, informar permanentemente a los ciudadanos sobre la seguridad del país, qué se está haciendo para conservar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Esto incluye operativos militares y de Policía. Los señalamientos que hace el presidente cuando participa en operativos de captura no son otra cosa que posiciones políticas, no judiciales”, sostuvo.
El penalista también recordó que otros presidentes han informado públicamente sobre capturas y operativos de las autoridades, aunque reconoció que el estilo utilizado por De La Espriella es diferente. “Varios presidentes lo han hecho, no de la manera que lo hace el presidente Abelardo De La Espriella, pero todos han dado a conocer al país capturas de las personas que en operativos fueron aprehendidas, y nunca se les ha cuestionado. Ahora se dice que están afectando sus intereses, esa es una manera de ver la situación”, afirmó.
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Sin embargo, juristas como Santiago Trespalacios, Víctor Mosquera y el constitucionalista Juan Manuel Charry han planteado cuestionamientos frente a este tipo de pronunciamientos públicos cuando se trata de personas que todavía no tienen una sentencia condenatoria en firme. El debate, en este caso, se concentra en la forma en que las autoridades comunican las capturas y en la posibilidad de que las declaraciones de altos funcionarios puedan transmitir ante la opinión pública una responsabilidad penal que todavía debe ser establecida dentro de un proceso judicial.
A través de su cuenta en X, el abogado Víctor Mosquera señaló que las autoridades están obligadas a respetar la presunción de inocencia al comunicar las capturas y evitar que los detenidos sean descalificados públicamente o que su culpabilidad sea presentada como un hecho probado.
Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry respaldó el llamado de atención realizado por el juez penal y recordó que el debido proceso impide que una persona sea prejuzgada o exhibida por la autoridad que participa en su captura mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.
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“Habría que decir que, y eso lo sabe perfectamente el presidente de la República, que hay presunción de inocencia, que debe haber debido proceso y que debe haber una sentencia condenatoria. A las personas no se les puede prejuzgar, menos por la autoridad que cumple la captura ,ni se le debe exhibir. De manera que yo estoy de acuerdo con lo que dijo el juez en su momento”