Que la historia no se repita: comunidad de Bojayá, nuevamente en alerta

“Señor presidente, con el fin de que usted legitime que Colombia es un Estado social de Derecho, le solicitamos con todo respeto, que como máximo jefe de las FFMM de Colombia y presidente de la República, honre el Acuerdo de Paz, implementándolo de manera oportuna e integral, específicamente en lo relacionado con el capítulo étnico y brinde las garantías constitucionales al pueblo indígena y afro de la comunidad de Bojayá”, reza una carta leída públicamente el 17 de noviembre pasado, cuando las víctimas despedían a sus seres queridos después de 17 años y medio de la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002, cuando más de un centenar de personas murieron en medio de enfrentamientos entre la entonces guerrilla de las Farc y paramilitares de las AUC.

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Y es que la situación de conflicto parece no terminar y, al contrario, crece en esa población junto al río Atrato. La complejidad de acceso a zonas rurales del municipio de Bojayá y la insistencia de los grupos armados para perfilar rutas de movilización de drogas, ha hecho que sean los campesinos, comunidades étnicas y afrodescendientes, quienes se vean más afectadas.

En la comunicación, leída por los miembros de la Iglesia frente a funcionarios del Gobierno, de entidades como la Unidad de Víctimas, el Centro Memoria y con acompañamiento de embajadores de diferentes países de Europa y representación de la ONU,varias organizaciones firmantes alertaron por graves hechos que siguen sucediendo.

“Los cultivos de uso ilícito como la coca, van en aumento por el control territorial que ejercen en la comunidad y hay presión para la siembra de marihuana. El reclutamiento forzado de menores de edad no se detiene, el confinamiento y el desplazamiento de las comunidades étnicas, los asesinatos, amenazas a líderes, lideresas y autoridades étnicas; están a la orden del día, la instalación de minas antipersonales copa los territorios étnicos. Los actores armados hacen presencia en los centros poblados de las comunidades imponiendo control social, político, territorial, económico, desconociendo los reglamentos internos, autonomía y sistema de gobierno de las comunidades. Especialmente los paramilitares exhiben su poderío paramilitar en armas y hombres, siendo evidente que su abastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato, en embarcaciones tipo botes y pangas.

En algunos casos, con centenares de combatientes. Todo esto bajo la mirada impávida del control de la fuerza pública en el Bajo y Medio Atrato”, rezaba la comunicación dirigida al presidente Iván Duque.

En diálogo con pobladores, estos manifiestan que la situación es tan complicada que temen por exponer su condición públicamente, evitando poner su vida en riesgo.

Actualmente en Pogue, corregimiento del municipio de Bojayá, el miedo se ha tomado el territorio. Lo más complejo, según lo manifestado a BLU Radio desde la zona, es que en fin de año, lo que debería ser una celebración cordial de inicio de 2020, se convirtió en zozobra por cuenta de la presión que hay por más de un centenar de hombres armados que han llegado, nuevamente, a acabar con la tranquilidad de los 536 habitantes indígenas y afro.

Fuentes consultadas en el casco urbano del Nuevo Bellavista, indican que la presencia de paramilitares en cercanías del río Atrato, de Opogadó, Napipí, Bojayá e, incluso, cerca a Vigía del Fuerte (Antioquia), es permanente y por eso, las denuncias han sido registradas no solo con delegados de la Defensoría del Pueblo, sino con la Iglesia, desde donde en este momento, se hace una verificación y conversaciones con habitantes, para elevar una voz de ayuda, porque pese a que en 2002, cuando ocurrió la masacre en el hoy abandonado pueblo de Bellavista Viejo, se venía pidiendo auxilio, las constantes agresiones y actos delictivos no tienen freno.
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