Al corregimiento de La Loma, en Bojayá (Chocó), el Ministerio del Deporte le aprobó 1.474 millones de pesos para construir una cancha polideportiva cubierta y el alcalde firmó el convenio interadministrativo el 2 de diciembre.La comunidad se puso manos a la obra: unos sacaron motosierras para cortar árboles, otros escobas y carretillas para quitar piedras y mugre, para facilitar la construcción. En ese prealistamiento se gastaron 22 millones de pesos y esta semana les notificaron que esa plata y ese tiempo se perdió.Tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el cambio a la Ley de Garantías, el Ministerio del Deporte notificó a la alcaldía que Bojayá tendrá que reintegrar los 571 millones de pesos que le alcanzaron a pagar, al Tesoro Nacional. Ni siquiera después de las elecciones se va a reactivar el proyecto y el municipio tendrá que esperar a que el nuevo presidente decida si lo hace o no.“Es una comunidad sufrida por el conflicto armado. Estuve más de seis meses luchando para que me pudieran aprobar el proyecto y hoy que ya el proyecto está para ejecución, donde saqué póliza, donde se hizo todo el terreno de parte del municipio y la comunidad, hoy tenga que decirle a la nueva juventud, a los niños, que esto es terminado por Coldeportes porque no dejan hacer la construcción por la Ley de Garantías”, dijo a Blu Radio el alcalde del municipio, Edilfredo Machado.“Los que van a utilizar la cancha son los niños y ellos no votan. Hoy nos sentimos demasiado tristes, nos damos cuenta de que Colombia no avanza”, agregó.Machado asegura que no es el único proyecto que está en ‘veremos’. Desde 2021 está pidiendo apoyo para conseguir unas láminas de zinc para resolver un problema de vivienda y asegura que las necesidades de la comunidad se quedan aplazadas en medio de los trámites con el Gobierno.Otros escenarios deportivos en ‘veremos’El Ministerio del Deporte firmó nueve convenios más para la construcción de escenarios deportivos:A Mitú (Vaupés) le prometieron 7.661 millones para construir escenarios deportivos para las comunidades indígenas.A Los Córdobas (Córdoba) le prometieron 6.800 millones para un coliseo cubierto.A Sábanas de San Ángel (Magdalena) 4.600 millones para la construcción de una cancha sintética.A Morroa (Sucre) 3.534 millones para mejorar el polideportivo.A Sucre 3.380 millones para construir el escenario deportivo Pescao Frito.A Barrancabermeja 2.661 millones para construir un parque de deportes alternativos.A Samaná (Caldas) 1.833 millones para mejorar la cancha de fútbol existente.A Sacama (Casanare) 1.556 millones para construir un polideportivo.A Pailitas (Cesar) 1.430 millones para hacer el parque principal.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
Este lunes, 2 de mayo, se cumplieron 20 años de la Masacre de Bojayá, en Chocó. En el año 2002, la guerrilla de las Farc arrojó un cilindro bomba donde estaban civiles y niños, el saldo fue de, al menos, 102 personas fallecidas. Desde entonces, las comunidades han denunciado que la reparación por parte del Estado y las garantías de seguridad en la zona todavía no han llegado.En los actos de conmemoración en Bojayá estuvo la representante de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, y aseguró que el Estado debe reconocer su responsabilidad en estos hechos y que hasta el momento no se ha logrado contener la expansión y violencia de los grupos armados en el territorio."Mi oficina, presente en el país desde 1997, pudo comprobar lo que ocurrió e hizo pública la responsabilidad de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Estado Colombiano. Algunos de estos actores han reconocido su papel, otros aún no. Es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad para poder reparar integralmente y para hacer justicia", manifestó de Rivero.Asimismo, destacó la valentía que han tenido las víctimas de la masacre y aseguró que estos hechos fueron una atrocidad que nunca debió suceder. Además, explicó que aún la ONU sigue recibiendo denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no solo en Bojayá, sino en diferentes zonas del departamento del Chocó."Mi oficina recorre constantemente el departamento de Chocó y ha recibido alegaciones de conductas indebidas por parte de grupos armados no estatales y agentes del Estado que pondrían en riesgo a la población y deben ser investigadas por las entidades competentes. A los denunciantes se les debe brindar las garantías de seguridad para el ejercicio de su labor de defensa de derechos humanos, en vez de cuestionamientos que vulneran sus derechos".Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio
El 2 de mayo del año 2002 el municipio de Bojayá, en el Chocó, fue el epicentro de unos enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas. Este último grupo decidió refugiarse detrás de la iglesia del pueblo y, en ese momento, las Farc arrojaron un cilindro bomba a esta, causando la muerte de al menos 102 personas, entre ellas, niños, y dejando heridos a otros individuos que se encontraban en el lugar.20 años después de esta masacre, en Bojayá se están llevando a cabo homenajes a las víctimas de este hecho, sin embargo, sus habitantes denuncian que aún siguen esperando la reparación por parte del Estado y que la situación humanitaria continúa siendo grave, generando un ambiente de zozobra y temor, pues alertan que estos hechos podrían volver a repetirse.“Siendo franco y honesto, seguridad no hay. Han faltado muchas prebendas que el Gobierno nos prometió y no se trata solo de este, sino de muchos gobiernos anteriores que han pasado”, le dijo a Blu Radio un habitante de Bojayá.Asimismo, alertan líderes sociales de la comunidad, que en esa zona del país se sienten estigmatizados y en riesgo por la presencia de los grupos armados.“20 años después Bojayá se muestra como un municipio que sigue siendo estigmatizado y olvidado. Lo más importante que le puede pasar a Bojayá es que tenga las condiciones, y no es presencia militar, sino las condiciones dignas de seguridad”, manifestó un líder social.Por su parte, la Defensoría del Pueblo está pidiéndole a las autoridades que atiendan la crisis humanitaria generada en la zona, pues el Clan del Golfo y el ELN tienen propósitos expansivos en Bojayá, situación que está afectando especialmente a las comunidades afro e indígenas. Los niños, además, están en riesgo de reclutamiento, según informó la entidad.Partido Comunes pidió perdónTras la firma del acuerdo de paz en el año 2016, la guerrilla pasó a la política con la creación del partido Comunes.Desde este partido pidieron perdón a todo el país por lo sucedido en Bojayá y reconocieron su responsabilidad por estos hechos.“Queremos pedir el perdón de Bojayá y toda Colombia por los hechos sucedidos hace 20 años. La guerra significa un espiral de dolor, debemos ponerle fin con perdón, reparación y no repetición. Haremos todos los esfuerzos para que el dolor sane y este país sepa que violencia acabará”, manifestó el partido.El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, también se refirió a estos hechos y aseguró que sentía vergüenza por lo sucedido.“Han pasado 20 años de la terrible masacre que cometimos las desaparecidas Farc-EP en Bojayá. Sobre estos atroces hechos sentimos vergüenza y un dolor profundo por haber martirizado a nuestro pueblo. Guardamos la esperanza de algún día sanar sus heridas y recibir su perdón”, expresó Londoño.Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio
Este lunes, Colombia conmemora 20 años de la masacre de Bojayá con una larga serie de homenajes a las víctimas y reclamos por verdad y justicia. El líder social Leyner Palacios, testigo presencial de los hechos y quien perdió a 28 familiares en el atroz acto terrorista, reveló en Mañanas BLU que la desgracia aún ronda la población y que al menos 50 menores de edad han optado por quitarse la vida que ser obligados a integrar grupos armados ilegales en la zona. "He recibido noticias de jóvenes, más de 50, que se han suicidado ante el temor, la desesperanza y la presión que están recibiendo por la presencia de la ACG (Clan del Golfo) y ELN. Me duele mucho que la población de Bojayá siga viviendo, después de 20 años, episodios muy parecidos al contexto de la masacre", contó Palacios, quien lamentó que la masacre de Bojayá, hace dos décadas, fuera una "tragedia anunciada". Palacios contó el caso de una niña indígena que tomó la decisión acabar con su vida debido a la presión de grupos armados ilegales y la falta de oportunidades. "Venían asediándola desde hacía mucho rato para vincularla a sus filas, ella se resistió, ya no aguantó más y se mató", relató el sobreviviente. "Siento mucha impotencia, rabia e incomodidad, porque esa vez nos mataron a la población y las condiciones actuales que vive el municipio de Bojayá, de más de 11.000 habitantes, de ellos 7.000 se encuentra confinados totalmente.Hay testimonios de población que me dicen que hay una grave violación a las mujeres, a los niños, he recibido testimonios del abandono, problemas de salud y falta de educación", agregó. La masacre de Bojayá se registró el 2 de mayo de 2002, cuando guerrilleros de las Farc lanzaron un explosivo contra miembros del grupo paramilitar AUC que se escondían en la iglesia de la población junto a miembros de la comunidad. "Estamos en procesión con el Cristo mutilado, con todos los acompañantes, con líderes. Vamos a hacer una eucaristía en homenaje a las víctimas. Hablar de perdón en un contexto de tanta desigualdad y abandono es complicado. La sociedad colombiana debe comprometerse para cumplir los acuerdos de paz. Llamamos a la sociedad para que no se siga jugando con la paz", agregó el líder social.
He escuchado muchos relatos del dolor que causa la guerra. He sentido cómo las palabras de las personas sobrevivientes o de personas a las que la violencia le han arrancado sus seres queridos, no alcanzan a transmitir el alma rota, los recuerdos crueles y las peores sensaciones de tristeza. He abrazado a madres que lloran a sus hijos, y a hijos pequeños que extrañan a sus padres.Son momentos en los que cuestiono la condición humana y no entiendo cómo se puede justificar de alguna manera causarle tanto dolor a cualquier persona.Nosotros los colombianos, que estamos obligados a no olvidar ninguna de las masacres que los violentos, impulsados por cualquier idea, han cometido, volvemos a dejar llorar el corazón por las más de 100 personas que murieron hace 20 años en ese templo por la explosión del cilindro bomba lanzado por los hombres de las Farc en su enfrentamiento con los paramilitares en Bojayá.Esta -como otras tantas masacres- es una herida incrustada en nuestra historia reciente, y puede ser la motivación constante para construir la paz desde condiciones de equidad, de justicia y tolerancia por el que es, piensa y cree diferente.No recordamos estas duras experiencias para sentirnos invitados a la venganza, sino para perdonar y esforzarnos en luchar para que estas situaciones no se repitan. Para ello tenemos que entender que somos capaces de resolver nuestras diferencias con inteligencia y justicia, siendo empáticos con el otro y sabiendo que su dolor es igual al nuestro, aunque tengamos tantas diferencias; necesitamos batallar para que la corrupción no siga hundiendo en la miseria a tantos colombianos que viven lejos de los centros de nuestro país.Me impresiona que, en las redes y en las calles, muchos sigan creyendo que la violencia es el camino y que nos neguemos a la reconciliación como si nos hubiéramos acostumbrado a adorar la violencia y todo el dolor que causa. Hoy me vuelvo a arrodillar delante de ese Cristo mutilado, que encarna el dolor de tantos hermanos, pidiéndole que nos ayude a reconciliarnos como nación. No podemos olvidarnos de ese dolor para entender que necesitamos vivir en paz.
Los habitantes de Bojayá, Chocó, conmemorarán este lunes 20 años de masacre más cruenta del conflicto armado, en la que murieron al menos 86 personas aunque otras cifras hablan de 119 asesinados y decenas de heridos.La masacre se registró el 2 de mayo de 2002 cuando la guerrilla de las Farc lanzó un cilindro bomba contra paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el explosivo cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo, un hecho que causó mucho dolor y que los habitantes de esta localidad temen que se repita.Sin embargo y pese a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en noviembre de 2016, la violencia persiste en la localidad en la que hacen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo.Crisis de derechos humanos El Sistema Integral para la Paz, la Iglesia Católica del Chocó, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) alertan que hoy Bojayá sigue viviendo violaciones de derechos humanos.Estos organismos señalan que la población denuncia que persisten "homicidios, amenazas de muerte, ataques, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y desapariciones forzadas, entre otras violaciones".Para atender la situación, estas instituciones y organizaciones urgen la "presencia integral" del Estado; la reparación colectiva; la implementación "plena" del acuerdo de paz; "la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población; la búsqueda de las personas desaparecidas", y "el desmantelamiento de los grupos armados no estatales"."Expresamos nuestra solidaridad a las víctimas de la violencia en el Chocó y nos comprometemos a seguir trabajando en el territorio para que cese la violencia y se proteja la vida", agregaron en un comunicado.La memoria de los dolientes Los actos para recordar a los fallecidos comenzaron este domingo con la entrega de un informe sobre lo ocurrido a los familiares de las víctimas y con una procesión nocturna por las calles del nuevo Bellavista, la cabecera municipal, con el "Cristo Mutilado", como se le conoce al Cristo de Bojayá que perdió piernas y brazos en la explosión.También serán lanzados globos en memoria de las víctimas y en el auditorio del municipio serán presentadas durante la noche obras de teatro y la película "Cantos que inundan el río", un documental de 2021 del director Germán Arango que cuenta la historia de la alabaora (cantaora del pacífico) Oneida y trata de reflejar a partir de ella la realidad que vive Bojayá tras la firma del acuerdo de paz.Este lunes, los pobladores de Bojayá harán una peregrinación desde el pueblo nuevo, construido tras la masacre, hacia Bellavista Viejo, cuyas ruinas, irónicamente, resisten el paso del tiempo y son el recuerdo de todo lo que ocurrió el fatídico 2 de mayo de 2002.También se hará una eucaristía y parte de las conmemoraciones culminarán con el coloquio "Bojayá y Chocó, conmemorando 20 años entre la guerra y el olvido", en el que participarán víctimas, organizaciones sociales, la ONU y diplomáticos, entre otros.Según el Gobierno, en Bojayá hay 38.024 víctimas del conflicto armado, de las cuales 8.025 son sujetos de atención directa principalmente por desplazamiento forzado (69,9 %), confinamiento (21,6 %) y amenazas (2,3 %), lo cual demuestra que hoy, lejos de superar el temor por lo ocurrido hace 20 años, los habitantes de este municipio temen que se repita.
La Defensoría del Pueblo alertó por el confinamiento de más de 3.700 personas en once puntos distintos en Bojayá, Chocó. Las comunidades más afectadas son las indígenas, que temen salir de caza o por sus cultivos para no ser víctimas de minas antipersonal o el fuego cruzado de los grupos armados.Los resguardos más afectados en ese municipio de Chocó son Uva - Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Río Napipi, donde sus habitantes han perdido su autonomía porque, dicen ellos mismos, a raíz de la presencia de los ilegales “se hace lo que ellos digan”.Ante esta crisis, profundizada por el par armado, el defensor Carlos Camargo pidió una intervención urgente de las autoridades.“Ante este panorama exhortamos a las autoridades del orden departamental y nacional a tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto sobre las comunidades, debido a que esta situación humanitaria ha desbordado a las entidades regionales”, afirmó el funcionario.En las semanas anteriores, la Defensoría del Pueblo evidenció dos desplazamientos masivos que afectan a 365 personas en Istmina y Sipí.Escuche más noticias:
Después de las 72 horas que duró el paro armado decretado por la guerrilla del ELN se presentó un agravamiento en la crisis humanitaria que se vive en algunos departamentos como Arauca, Choco, Cauca Nariño y Putumayo, pues se registraron seis eventos de desplazamiento masivo y dos confinamientos.Entre los hechos más graves estarían dos desplazamientos masivos que afectaron a 365 personas en los municipios de Istmina y Sipí, en el Choco, y un confinamiento en Bojayá que afectó a 3.700 personas.El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado al Gobierno y las autoridades departamentales para que "se tomen las medidas necesarias para mitigar los impactos sobre las comunidades y de manera especial se deben aplicar los principios de coordinación, subsidiariedad, concurrencia y complementariedad ya que la situación humanitaria ha desbordado la capacidad de las entidades locales".Vea también: Asimismo, alertan que los grupos armados ilegales estarían exigiendo en algunas zonas del país financiación para no afectar la seguridad de líderes políticos comerciantes y transportadores, entre otros, incluso en algunos casos se presentaron homicidios debido a estas presiones. En Buenaventura se han aumentado las disputas entre los grupos armados por lo que se ha agravado la situación de confinamiento de 8.000 personas, en su mayoría de comunidades indígenas y afro descendientes.Por último la Defensoría pide que "se atienda a las comunidades indígenas que por culpa de grupos armados ilegales están confinadas en 11 puntos en el municipio de Bojayá (Chocó), en especial en tres resguardos (Uva -Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Río Napipi), perdiendo su autonomía territorial debido a que dichos grupos les manifiestan que en el territorio, “se hace lo que ellos digan” e imponiéndoles normas de comportamiento".Escuche el Podcast Cómo Como:
Seis comparecientes que pertenecieron al Frente 34 Bloque José María Córdoba que operó desde 1987 en Urabá, reconocieron colectivamente su responsabilidad en la masacre de Bojayá, Chocó, y presentaron ante la JEP un mapa con las rutas tomadas en 2002 para llegar a este municipio y a Vigía del Fuerte.Entre los hechos reconocidos están las tomas guerrilleras a los puestos de control de la Policía en el Darién, Balboa y Acandí en Chocó, y en San Pedro de Urabá en Antioquia.También el reconocimiento colectivo por la masacre de Bojayá ocurrida el 2 de mayo de 2002, así como la responsabilidad de las tomas guerrilleras y asesinatos en Uramita, el 8 de junio de 1991. Uno a uno narraron los hechos y la forma de operar.“El modus operandi que se utilizaba era recoger el personal con lista en mano, en otras ocasiones cuando tenían informaciones concretas de que eran simpatizantes, pues llegaban directamente a sus casa y ahí lo iban dando”, manifestó uno de los comparecientes ante la JEP.Estas personas reconocieron su participación en la organización y ejecución de ataques y hostigamientos a las Fuerzas Militares y a la población, entre las que se encuentra una emboscada realizada en la vereda Tacidó, de Mutatá, en 1999.Los comparecientes asumieron la responsabilidad de las tomas de puestos de Policía en las que murieron varios uniformados en Peque y San Pedro de Urabá en los años de 1994. Así mismo, reconocieron las afectaciones a las empresas que no pagaban vacunas, motivo por el que quemaron 15 buses de la empresa Gómez Hernández y siete buses de AsotraUrabá.
Para el Chocó, a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, lo prometido sigue siendo una utopía: el aniversario llega justo cuando organizaciones sociales y religiosas, que adelantaron al menos seis misiones humanitarias, revelaron el grave estado humanitario y de abandono estatal por el que pasan estas comunidades.Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó y quien estuvo visitando una a una estas comunidades, aseguró que la guerra no se ha ido del departamento.“Aquí tendríamos que decir que se volvió al punto cero del conflicto. Realmente el hecho de que las Farc hayan dejado las armas no ha garantizado en estos territorios que haya llegado la paz. Lo que llegaron fueron nuevos actores con las mismas prácticas", dijo Barreto.Barreto además cuestionó el papel de las autoridades tanto para prevenir como para atender las situaciones de orden público.Por su parte, José de la Cruz Valencia, líder del comité de víctimas de Bojayá , reconoció que si bien hay instituciones tratando de implementar lo firmado, la realidad que viven día a día es el mismo temor de antes, pero con otros grupos armados.“Están con miedo, es una situación bárbara. Y, por ejemplo, nosotros que vivimos la masacre de Bojayá, tememos que ante lo que pase hoy, la historia se repita”, dijo Valencia.Y es que según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, conocida como OCHA Colombia, tan solo durante este 2021, más de 30.000 personas se tuvieron que confinar y 5.000 más fueron desplazadas por cuenta de esa disputa a sangre entre ELN y Clan del Golfo, quienes aumentaron su poder cuando las Farc dejaron las armas.Pero el panorama no solo es abrumador para las comunidades, los firmantes de la paz también padecen las consecuencias de un acuerdo que ha llegado a cuentagotas.Al menos 51 de ellos y sus familias quedaron a la deriva luego de que no se reubicara el espacio de reincorporación de Vidrí en Vigía del Fuerte en Vigía del Fuerte.“Tenemos 16 compañeros asesinados desde la firma, más de 30 desplazados. No se ha solucionado el tema de vivienda, de tierra, de cómo brindarle respaldo laboral a estos firmantes”, aseguró Pedro Baracutao, quien fuera comandante del frente 34 de la extinta guerrilla.Para José de la Cruz, la responsabilidad principal la tuvo y la tiene el Estado, al no haber ocupado de inmediato los territorios, una vez se firmó el acuerdo.“Debieron ser copados y hoy están en disputa entre ELN y Clan del Golfo”, afirmó Valencia.Mientras que Pedro agregó que, la falta de la reforma rural hace aumentar la vulnerabilidad de los habitantes de Chocó, pues la guerra siempre ha sido por la tierra.“La reforma tenía como objetivo cerrar esa brecha tan alarmante que hay entre el campo y la ciudad, eso no se ha visto con un verdadero impulso y voluntad política”, añadió.Pero aprovechando este quinto aniversario, las víctimas reiteran ese llamado tanto a la no repetición como a la reparación, pues según José de la Cruz, si bien Bojayá albergó uno de los primeros actos de reconocimiento de la verdad,, en diciembre de 2015, por la masacre, sienten que hace falta más respuestas“Las víctimas no reciben más verdades alrededor de su accionar al interior de estos hechos complejos, que nos arrebataron cerca de 100 personas. Fuera de eso ellos no han aportado verdad sobre los hechos anteriores a la masacre o posteriores a la misma”, reiteró Valencia.A lo que Pedro respondió que no han olvidado que las víctimas son el centro de este acuerdo que no han olvidado que las críticas son el centro de este acuerdo“Hemos venido adelantando un proceso de reparación con las diferentes entidades creadas para eso. Además, quién más interesado que nosotros que estar cumpliendo ese tema para poder acceder a los beneficios que la JEP nos debe dar a nosotros. No tenemos porqué guardarnos nada”, refutó Pedro.Ahora la esperanza está puesta en las Curules de Paz, y en seguir trabajando por la búsqueda de la verdad, que se convierte en el antídoto a la indiferencia, un enemigo silencioso en el Chocó, el departamento que muchos ven como un paraíso pero que pocos hacen para que así se mantenga.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:División del feminismo en el Pacto Histórico
BLU Radio llegó al lugar en donde este jueves fue dado de baja, en un operativo de la Policía y la Fiscalía, alias ‘Matamba’, el criminal jefe de la banda La Cordillera, que se había fugado de la cárcel La Picota de Bogotá.Juan Larinson Castro Estupiñán, nombre de pila del delincuente, fue abatido en una operación policial en Bolívar, en el departamento colombiano de Santander."Quiero informarle al país que, en una operación de nuestra Policía en coordinación con la Fiscalía, en Bolívar (Santander), fue neutralizado Juan Larinson Castro Estupiñán, alias 'Matamba', excabecilla del 'Clan del Golfo' y uno de los criminales más buscados del país", dijo en redes sociales el presidente colombiano, Iván Duque."Matamba", que fue detenido en mayo de 2021 en Floridablanca (Santander), se fugó a finales de marzo de la cárcel La Picota de Bogotá, donde estaba a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, en un caso que puso en cuestión a los directivos del Inpec.Era uno de los narcotraficantes más buscados del país, y, según las investigaciones policiales, era el jefe de la red de narcotraficantes llamada La Cordillera Sur, que opera principalmente en el departamento de Nariño en asocio con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.El pasado 18 de marzo, ‘Matamba’ no apareció en el conteo realizado por los guardias del Inpec en el pabellón de narcotraficantes de La Picota, lo que alertó de su fuga.La Fiscalía aseguró que el detenido pagó cinco millones de dólares a los guardias para la fuga, pero la familia del narco y su abogada dijeron que realmente había sido “desaparecido".Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
Ante la creciente ola de inseguridad que golpea a la ciudad de Cartagena, el alcalde Willian Dau le pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, militarizar las calles de la heroica como una medida para poner la “casa en orden”.De acuerdo al mandatario cartagenero, su petición será evaluada por el Gobierno Nacional una vez se cumplan las elecciones presidenciales.“Estuve reunido con el ministro de Defensa y solicité anticipadamente que, una vez finalicen las elecciones presidenciales, se militarice la ciudad de Cartagena por los hechos de inseguridad, la guerra de carteles de droga, delitos y homicidios que se vienen cometiendo”, señaló el alcalde Dau, al tiempo que aseguró que al ministro le pareció una “buena iniciativa”.El alcalde precisó, además, que esta medida se definirá en conjunto con el gobierno: “Nos vamos a sentar para definir cómo vamos a militarizar y qué vamos a hacer en la ciudad para traer toda la fuerza requerida, para poder poner la casa en orden”, afirmó.Sin embargo, la propuesta del mandatario cartagenero ya genera opiniones divididas en diferentes sectores de la ciudad.Lea también:El concejal del Movimiento Mais, Javier Julio Bejarano, señaló que este tipo de acciones sin medidas sociales de fondo son ineficaces.“Entre mayor sean los niveles de pobreza y pobreza extrema, en esa misma proporción vamos a encontrar todo tipo de actividades delictivas: fleteo, hurtos, homicidios (…) Creer que la situación la podemos resolver con el uso de la fuerza y de las armas es definitivamente una equivocación. Lo que siempre le hemos pedido a la administración, es que, aunque efectivamente hay que hacer todo un trabajo de la fuerza de estado y de la Policía, lo que necesita es que realmente cumpla con la promesa que hizo en campaña de hacerle frente a la pobreza”, dijo el concejal Bejarano en diálogo con BLU Radio.En las calles, cartageneros como Guillermo Ávila, un vendedor ambulante que asegura sentirse asediado por la delincuencia, respaldan la propuesta del mandatario: “La verdad sí me parece una buena propuesta, porque creo que, si hay militares o más policías en las calles, el delincuente se abstiene más de robar, y eso es bueno para quienes trabajamos en las calles y vivimos expuestos”, indicó.En este mismo sentido, Donatila Blanco, una comerciante del Mercado de Bazurto, afirmó que la medida podría beneficiar no solo al Centro Histórico, como en otras ocasiones, sino a toda la ciudad.“Es muy bueno porque la situación ya está muy caótica. En sitios donde antes no atracaban ahora se ven fleteos y hasta muertos. La verdad es urgente que se tomen medidas más fuertes”, afirmó.En Cartagena, durante lo corrido del año, se han registrado 162 homicidios y se tienen documentadas 2.100 denuncias por hurto. Una de las más recientes víctimas de robo a mano armada fue el contralor distrital, Rafael Castillo, quien fue despojado de sus pertenencias en el barrio Manga, cuando departía con su familia en un restaurante. La rápida reacción de la Policía permitió que horas después fueran recuperados sus objetos personales.Escuche más noticias:
Un caso insólito se registró en la Institución Educativa Cristóbal Colón, oriente de Cali, cuando las directivas fueron alertadas del desmayo de cinco jóvenes entre los 12 y 15 años al interior del plantel. Los menores se encontraban convulsionando en el piso y, de inmediato, fueron solicitadas ambulancias, que los trasladaron a un centro asistencial buscando tratar lo que hasta el momento se creía era una intoxicación. La sorpresa, fue enterarse, gracias al informe entregado a la secretaría de Salud por parte de los médicos que atendieron a los jóvenes, que no se encontraron signos de intoxicación, pues los estudiantes revelaron que se encontraban cumpliendo un reto al jugar con una tabla ouija. Según el documento oficial que pudo conocer BLU Radio, "en este tipo de situaciones los efectos en salud de las personas involucradas podrían ser psicológicos"."Los estudiantes fueron atendidos por la correspondiente entidad prestadora de salud, encontrando que los hechos no obedecen a situación de intoxicación por ingesta de alimentos o psicoactivos. Se encontró que corresponde a una presunta situación de retos juveniles", dijo Diana Carolina Pardo, líder de inspección y vigilancia de la secretaría de Educación distrital. Los menores continúan siendo atendidos en un centro asistencial, mientras que las autoridades anunciaron que llevarán a cabo una inspección en la institución y acompañamiento a los jóvenes y sus familias. Escuche el podcast Sin Tabú:
En una carta de dos páginas enviada al presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, la vicepresidenta canciller, Marta Lucía Ramírez, pide a la justicia transicional priorizar apertura del macrocaso de delitos contra la libertad e integridad sexual de las mujeres durante el periodo de conflicto.En la carta, la alta funcionaria enfatizó en la importancia de que las víctimas del conflicto obtengan verdad, justicia y reparación lo antes posible.“Con el mayor respeto por la independencia y autonomía de los poderes públicos, pero con la convicción de la importancia de colaborarnos mutuamente en asuntos de tanta transcendencia para el país, reitero que sería un elemento valiosísimo, señor presidente, que estas víctimas obtengan verdad, justicia y reparación ante la violencia sufrida”, dice la carta.Expresó, además, la necesidad de que haya justicia en estos casos para evitar la repetición indefinida de este delito. “En la historia reciente encontramos elementos muy valiosos que deben servir para tomar decisiones que prevengan y tengan un verdadero efecto disuasivo y reflexivo para evitar la repetición de hechos tan aberrantes como los que ha sufrido la nación colombiana durante tantos años”, señala la misiva que envió la alta funcionaria del Gobierno Duque.Y enfatizó en que la responsabilidad con las mujeres le compete a todo el Estado, así como a todos los colombianos. “La crueldad de estos casos, nos recuerda la necesidad de trabajar en todas las ramas del poder público y desde todos los sectores de la sociedad colombiana, para desarrollar acciones que mejoren la promoción y protección de los Derechos Humanos”, señala el escrito.Para finalizar, expresó que la gestión desarrollada en este Gobierno, por la equidad de las mujeres, debe contar para que las mujeres también sean el centro de las reparaciones.Esta es la carta:Le puede interesar: escuche el podcast Historia detrás de la historia
A través de sus redes sociales, la senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba reveló que ya fue superado su "malentendido" con las autoridades migratorias de Honduras, luego de que en su poder fueran hallados 68.000 dólares sin declarar, en el aeropuerto de Tegucigalpa.“Gracias Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa, pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras. Agradezco especialmente a la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez y al cónsul Michel Carrillo por su apoyo y atención en este impasse. A las autoridades del hermano pueblo hondureño agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución”, escribió la senadora en su cuenta de Twitter.Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Migración de Honduras emitió un comunicado en el que confirma que la senadora no está ya en condición de retenida y que, por lo tanto, no tiene ninguna restricción de movilidad.“Instituto Nacional de Migración de Honduras informa a la comunidad nacional e internacional que la senadora colombiana Piedad Córdoba, después de las investigaciones y la documentación presentada al Ministerio Público, ya no se encuentra en retención administrativa”, dice la comunicación.Añade el comunicado que Córdoba, quien había argumentado que el dinero se lo había dado un empresario luego de unas asesorías, quedó en total libertad de permanecer o abandonar el país, como ella lo decide.La senadora Córdoba había sido retenida en el Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa el pasado miércoles, luego de que no declarara el dinero, según confirmó en BLU Radio el director del Instituto de Migración de Honduras, Allan Alvarenga.“El dinero estaba en su maleta de mano. Una vez que se le requiere por esa cantidad de dinero, pasa a hacer una inspección donde el dinero es contabilizado. Luego se le hace una entrevista y, posteriormente, al no haber sido declarado, es remitido a las autoridades competentes, en este caso el ministerio público y la policía de investigación para determinar el origen y la procedencia del dinero”, declaró Allan Alvarenga.Además, relató cómo había sido encontrado el dinero, del cual, las autoridades hondureñas habían publicado algunas fotos.“Ella manifestó que el dinero se lo había entregado una persona de origen colombiano en la capital Tegucigalpa. Fue requerida por uno de los agentes de seguridad aeroportuaria, cuando hacen la detección de la cantidad de dinero y luego pasa a inspección”, añadió Alvarenga.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
