¿Quién pagará la alimentación de los detenidos en URI's y estaciones de Policía a partir de agosto?

Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja y presidente de Asocapitales, mostró su preocupación ante el fallo de la Corte Constitucional que indica que, a partir del 1 de agosto, las alcaldías y las gobernaciones tendrán la obligación de asumir el costo de la alimentación de los retenidos en URI's y estaciones de Policía.

"Hay una situación bastante preocupante entorno al manejo de la población privada de la libertad, sobre todo en las que se encuentran en URI's y estaciones. A propósito del fallo, estamos hablando más o menos de 23.000 personas en esta condición y tendríamos que poner más de 3.000 hombres de la Policía para la seguridad de esta situación", señaló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el alcalde Fúneme.

Según el dirigente de Asocapitales, las alcaldías y las gobernaciones no tienen "planeación para asumir ese presupuesto" y de ahí la preocupación de la entidad, sumado a que esta argumenta que "la Corte ya se había manifestado diciendo, en sentencia previa de 2016, que la responsabilidad estaba en cabeza de la USPEC".

Fúmene expuso que la alimentación de estas personas "requiere un manejo integral de todos los niveles", por lo que se necesita, como ya sugirieron, "una reglamentación que permita definir cargas para atenderlos, definir presupuestos de construcción de infraestructura carcelaria y de la reorganización".

"Hay condicionantes excepcionales que se disponen para que a través de los fondos de seguridad se atienda esta problemática. A través de esos fondos de seguridad se definen fondos, pero no es directamente la Policía", agregó.

El dirigente explicó que, de acuerdo con las cuentas que se tienen, se deben disponer entre "70.000 y 90.000 pesos para alimentación (de estas personas) por día". Por eso, continuó, "la suma total tendrá una repercusión directa en los recursos propios" de alcaldías y gobernaciones, quienes sugieren "una atención integral" y piden que se "se asuman las responsabilidades y se distribuyan las cargas".

"Es posible que, más allá de una presión, obedezca a una interpretación errada por parte de la USPEC para descargar responsabilidades, porque hay algo muy cierto: el hacinamiento del 136 % en los centros de detención transitoria", concluyó Fúneme, quien pidió, finalmente, "suma de todas las voluntades" para poder atender a la población retenida ene estos espacios.