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La Red de Defensa Ciudadana lanzó una advertencia contundente a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre un posible incumplimiento de Colombia en los estándares internacionales para la emisión de pasaportes. En una carta enviada al secretario general del organismo, Juan Carlos Salazar, se expone la preocupación por el riesgo inminente de que el país emita documentos de viaje que no cumplen con los requisitos técnicos del Documento 9303 de la OACI.
Esta advertencia se lanza a pocos días de la terminación del contrato con Thomas Greg & Sons, proveedor certificado y reconocido por cumplir con estos estándares. El Gobierno colombiano busca trasladar la producción de pasaportes a la Imprenta Nacional, con apoyo de la Casa da Moeda de Portugal. Sin embargo, ambas entidades, según la comunicación de la Red de Defensa Ciudadana, carecen de las certificaciones técnicas y operativas necesarias para emitir pasaportes electrónicos seguros y homologados a nivel internacional.
Uno de los puntos más críticos que destaca la Red es que Colombia no ha notificado oficialmente este cambio a la OACI, ni ha actualizado la información correspondiente en el sistema EFOD, lo cual podría constituir una violación tanto del tratado internacional como de la normatividad interna. De hecho, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) obligan a que los pasaportes se emitan conforme a los estándares OACI.
El documento también subraya que esta posible desviación puede comprometer la seguridad global en materia de identidad y control migratorio. Incluso se hace eco del llamado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha instado a los Estados a mantener altos estándares en la emisión de documentos de viaje como parte de la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo.
La Red de Defensa Ciudadana solicita a la OACI cuatro medidas concretas: verificar si Colombia ha cumplido con sus obligaciones de notificación, solicitar aclaraciones al Gobierno sobre los estándares que aplicará en el nuevo proceso, recordar al país sus compromisos internacionales, y evaluar si esta transición representa una derogación fáctica de los estándares vigentes.
Además, pide que el tema se escale al Consejo de la OACI y se incluya en la agenda de la próxima Asamblea de septiembre de 2025.
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