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El procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa, confirmó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que la implementación del nuevo operador para la emisión de pasaportes en Colombia tardará al menos siete meses, una vez se suscriba el contrato entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, con mediación del Gobierno de Portugal.
La Procuraduría General de la Nación realizó el jueves una inspección preventiva tanto a la Cancillería como a la Imprenta Nacional para evaluar los avances frente al anunciado cambio de contratista. Las conclusiones, lejos de transmitir tranquilidad, revelaron la falta de preparación actual del nuevo operador estatal.
“Hoy no tienen la preparación para eso”, afirmó el procurador Melgosa, quien señaló que ni siquiera existe un convenio firmado que habilite formalmente a la Imprenta Nacional para iniciar labores.
De acuerdo con Melgosa, el plazo estimado para poner en marcha la transición técnica fue fijado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entidad encargada de establecer los estándares internacionales para la fabricación de documentos de identidad como los pasaportes. La Cancillería cuenta con un documento técnico firmado con esta organización desde 2022, en el que se estipula que el cambio de contratista requiere una implementación mínima de siete meses.
“Esto no es de un día para otro. El documento establece claramente que este proceso tiene que cumplir con unos tiempos y estándares internacionales”, explicó Melgosa.
Este plazo incluye la adquisición e instalación de maquinaria, capacitación del personal, procesos de personalización de las libretas y cumplimiento de normas de seguridad internacional.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe de la Procuraduría es que el contrato interinstitucional entre la Cancillería y la Imprenta Nacional aún no ha sido firmado, a pesar de que faltan menos de dos meses para que expire el actual convenio con el anterior proveedor. “Hasta donde estamos enterados, no ha sido suscrito”, dijo Melgosa.
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En ese sentido, el procurador delegado dejó claro que la improvisación y falta de planeación han sido constantes en el proceso. Desde la declaratoria desierta de la licitación de 2023, que involucró a un único oferente (Thomas Greg & Sons), hasta la inesperada irrupción del Gobierno de Portugal en la escena, con su propuesta de intervención a través de la Casa de la Moneda portuguesa, el camino ha estado marcado por decisiones poco claras.
El informe presentado por la Procuraduría con fines disciplinarios advierte sobre una posible elusión de los procedimientos establecidos en el Estatuto General de Contratación, una acción que podría acarrear sanciones a los responsables. Según Melgosa, desde enero de 2024 existían condiciones para llevar a cabo una nueva licitación con tiempos adecuados, pero esta fue cancelada sin mayores explicaciones.
“Hay unas presuntas improvisaciones, una indebida planeación que no data de hoy, sino desde hace varios años”, denunció el procurador delegado.
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Esta falta de claridad en el manejo del proceso ha desembocado en una crisis institucional que compromete la capacidad del Estado para garantizar un derecho fundamental: la expedición oportuna del pasaporte.
Uno de los aspectos más controversiales del caso es la inclusión del Gobierno de Portugal como intermediario para que la Casa de la Moneda de ese país produzca los pasaportes colombianos. Melgosa admitió que la Procuraduría no tiene certeza sobre cómo ni por qué se tomó esta decisión, ni quién la propuso oficialmente.
“Eso lo tiene que explicar la Cancillería”, dijo enfáticamente.
La falta de documentos formales que respalden esta alianza ha generado críticas desde diversos sectores, quienes cuestionan la legalidad del procedimiento y la transparencia del proceso.
Con el contrato actual a punto de vencerse y sin un nuevo operador plenamente habilitado, el panorama para septiembre es incierto. La Procuraduría, según Melgosa, se mantendrá vigilante para garantizar la prestación del servicio.
“Lo más importante es garantizar la prestación del servicio para los colombianos”, reiteró.
De no solucionarse la situación a tiempo, miles de ciudadanos podrían verse afectados por la falta de emisión oportuna de pasaportes, un documento esencial para trámites internacionales y procesos migratorios.
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