Colombia vuelve a poner sobre la mesa la protección de los menores frente al conflicto armado, luego de que las autoridades confirmaran que entre las bajas registradas en un bombardeo contra estructuras de las disidencias de las Farc en Guaviare se encuentran tres menores de edad.
El hecho generó nuevas reacciones políticas y llevó a la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Luz Marina Gordillo, a enviar este lunes una carta al presidente Abelardo De La Espriella y al ministro del Interior, Rodrigo Lara, en la que solicita que el nuevo Estatuto Antiterrorista contemple sanciones más severas para quienes involucren a menores en actividades de los grupos armados ilegales.
Según la congresista, durante 2025 la Defensoría del Pueblo registró 257 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Además, Gordillo asegura, citando cifras de Medicina Legal, que 62 menores murieron en operaciones militares durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Ante este panorama, la representante planteó que conductas como el homicidio, el secuestro, la tortura, la violencia sexual, la explotación y la utilización de menores como combatientes o escudos humanos sean consideradas de máxima gravedad.
Uno de los puntos centrales de su propuesta es abrir un nuevo debate constitucional sobre la posibilidad de establecer una prisión perpetua revisable para quienes cometan los crímenes más graves contra niños, niñas y adolescentes.
Gordillo también pidió adoptar medidas mientras avanzan las obras de las megacárceles anunciadas por el Gobierno. Su propuesta es que los integrantes de grupos armados condenados por este tipo de delitos sean recluidos en centros penitenciarios de alta seguridad y, eventualmente, en los buques cárcel anunciados por el Ejecutivo.
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La representante sostuvo que la protección de los menores debe estar por encima de cualquier negociación o consideración política y llamó al Gobierno a incorporar estas medidas en la discusión del nuevo Estatuto Antiterrorista.
La propuesta abre nuevamente el debate sobre el reclutamiento y la instrumentalización de menores por parte de grupos armados, así como sobre la respuesta penal del Estado frente a quienes utilizan a niños y adolescentes en medio del conflicto.